CAPITULO
IV
LA VIDA
EN LA COMUNIDAD POLITICA
La vida
pública en nuestros días
73. En
nuestra época se advierten profundas transformaciones también en las estructuras y en
las instituciones de los pueblos como consecuencia de la evolución cultural, económica y
social de estos últimos.
Estas
transformaciones ejercen gran influjo en la vida de la comunidad política principalmente
en lo que se refiere a los derechos y deberes de todos en el ejercicio de la libertad
política y en el logro del bien común y en lo que toca a las relaciones de los
ciudadanos entre sí y con la autoridad pública.
La
conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo
surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la
vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre
asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la
religión.
Porque
la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los
ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente
en la vida y en el gobierno de la cosa pública.
Con el
desarrollo cultural, económico y social se consolida en la mayoría el deseo de
participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política.
En la
conciencia de muchos se intensifica el afán por respetar los derechos de las minorías,
sin descuidar los deberes de éstas para con la comunidad política; además crece por
días el respeto hacia los hombres que profesan opinión o religión distintas; al mismo
tiempos e establece una mayor colaboración a fin de que todos los ciudadanos, y no
solamente algunos privilegiados, puedan hacer uso efectivo de los derechos personales.
Se
reprueban también todas las formas políticas, vigentes en ciertas regiones, que
obstaculizan la libertad civil o religiosa, multiplican las víctimas de las pasiones y de
los crímenes políticos y desvían el ejercicio de la autoridad en la prosecución del
bien común, para ponerla al servicio de un grupo o de los propios gobernantes.
La
mejor manera de llagar a una política auténticamente humana es fomentar el sentido
interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común y robustecer las
convicciones fundamentales en lo que toca a la naturaleza verdadera de la comunidad
política y al fin, recto ejercicio y límites de los poderes públicos.
Naturaleza
y fin de la comunidad política
74. Los
hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son
conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben
la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus
energías en orden a una mejor procuración del bien común.
Por
ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad
política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación
plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y propia.
El bien
común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los
hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su
propia perfección.
Pero
son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política, y pueden
con todo derecho inclinarse hacia soluciones diferentes. A fin de que, por la pluralidad
de pareceres, no perezca la comunidad política, es indispensable una autoridad que dirija
la acción de todos hacia el bien común no mecánica o despóticamente, sino obrando
principalmente como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en el sentido de
responsabilidad de cada uno.
Es,
pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la
naturaleza humana, y, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aun cuando la
determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la
libre designación de los ciudadanos.
Síguese
también que el ejercicio de la autoridad política, así en la comunidad en cuanto tal
como en las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites
del orden moral para procurar el bien común -concebido dinámicamente- según el orden
jurídico legítimamente establecido o por establecer.
Es
entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer. De todo lo cual
se deducen la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los gobernantes.
Pero
cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no
deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo,
defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad,
guardando los límites que señala la ley natural y evangélica.
Las
modalidades concretas por las que la comunidad política organiza su estructura
fundamental y el equilibrio de los poderes públicos pueden ser diferentes, según el
genio de cada pueblo y la marcha de su historia. Pero deben tender siempre a formar un
tipo de hombre culto, pacífico y benévolo respecto de los demás para provecho de toda
la familia humana.
Colaboración
de todos en la vida pública
75. Es
perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras
político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con
perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la
fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la
cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las
diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes.
Recuerden,
por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al mismo tiempo el deber que tienen de votar
con libertad para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de quienes,
al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de
este oficio.
Para
que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices en el curso
diario de la vida pública, es necesario un orden jurídico positivo que establezca la
adecuada división de las funciones institucionales de la autoridad política, así como
también la protección eficaz e independiente de los derechos.
Reconózcanse,
respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las familias y de las
asociaciones, así como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos de cada uno. Entre
estos últimos es necesario mencionar el deber de aportar a la vida pública el concurso
material y personal requerido por el bien común.
Cuiden
los gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los
cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva
acción, que más bien deben promover con libertad y de manera ordenada.
Los
ciudadanos por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad
política todo poder excesivo y no pidan al Estado de manera inoportuna ventajas o favores
excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y
de las agrupaciones sociales.
A
consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obligados a
intervenir con más frecuencia en materia social, económica y cultural para crear
condiciones más favorables, que ayuden con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos
en la búsqueda libre del bien completo del hombre.
Según
las diversas regiones y la evolución de los pueblos, pueden entenderse de diverso modo
las relaciones entre la socialización y la autonomía y el desarrollo de la persona.
Esto no
obstante, allí donde por razones de bien común se restrinja temporalmente el ejercicio
de los derechos, restablézcase la libertad cuanto antes una vez que hayan cambiado las
circunstancias. De todos modos, es inhumano que la autoridad política caiga en formas
totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los
grupos sociales.
Cultiven
los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez de
espíritu, de suerte que miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la familia
humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, pueblos y naciones.
Los
cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en
la comunidad política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de
sentido de responsabilidad y de servicio al bien común, así demostrarán también con
los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y
la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la
provechosa diversidad.
El
cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y
debe respetar a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su manera de ver.
Los partidos políticos deben promover todo lo que a su juicio exige el bien común;
nunca, sin embargo, está permitido anteponer intereses propios al bien común.
Hay que
prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es
particularmente necesaria para el pueblo, y, sobre todo para la juventud, a fin de que
todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política.
Quienes
son o pueden llegar a ser capaces de ejercer este arte tan difícil y tan noble que es la
política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y
de toda ganancia venal.
Luchen
con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la
intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político;
conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política, al
servicio de todos.
La
comunidad política y la Iglesia
76. Es
de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un
recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir
netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a
título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que
realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión con sus pastores.
La
Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno
con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y
salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana.
La
comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio
terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la
vocación personal y social del hombre.
Este
servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y
mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y
tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de
la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna.
La
Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez
más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las
naciones. Predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción
humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también
la libertad y la responsabilidad políticas del ciudadano.
Cuando
los apóstoles y sus sucesores y los cooperadores de éstos son enviados para anunciar a
los hombres a Cristo, Salvador del mundo, en el ejercicio de su apostolado se apoyan sobre
el poder de DIos, el cual muchas veces manifiesta la fuerza del Evangelio en la debilidad
de sus testigos.
Es
preciso que cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios utilicen los caminos
y medios propios del Evangelio, los cuales se diferencian en muchas cosas de los medios
que la ciudad terrena utiliza.
Ciertamente,
las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas
entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo
exige.
No
pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil; más aún,
renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como
conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de
vida exijan otra disposición.
Es de
justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con
auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin
traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político,
cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas,
utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de
todos según la diversidad de tiempos y de situaciones.
Con su
fiel adhesión al Evangelio y el ejercicio de su misión en el mundo, la Iglesia, cuya
misión es fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno y de bello hay en la
comunidad humana, consolida la paz en la humanidad para gloria de Dios. |