El d. de los pueblos, como cualquier otro problema económico, no puede
desentenderse de la ética; también admite, y aun diríamos exige, un
planteamiento moral. Los aspectos éticos del desarrollo económico a nivel
nacional se tratan en las voces JUSTICIA SOCIAL y DISTRIBUCIÓN DE BIENES.
Aquí nos limitamos, por tapto, a la moral del d. e. a nivel internacional.
Sobre este tema puede verse también la voz SUBDESARROLLO.
Aspectos de moral internacional. La base sobre la que deben
fundamentarse las cuestiones internacionales del d. e. es la sociabilidad
(v.) del hombre; se trata de una exigencia natural que le lleva a formar
agrupaciones de distintas clases y a diferentes niveles para satisfacer
más plenamente la amplia gama de sus necesidades y alcanzar el
perfeccionamiento al que puede y debe aspirar. En cuanto el hombre forma
una sociedad, en un sentido amplio, surge inmediatamente el concepto de
bien común (v.) como idea que debe presidir y regular la convivencia (v.).
Tradicionalmente, y salvo raras excepciones, al menos en la práctica, la
sociabilidad se ha reducido al ámbito de las fronteras de la nación y el
bien común al bien común nacional. Pero aun admitiendo la total
justificación de las fronteras políticas, en muchas ocasiones de carácter
bastante artificioso, no se ve por qué los deberes sociales del hombre han
de estar limitados por ellas, pasando por encima de la unidad esencial de
origen y destino de todos los hombres. La luz del bien común internacional
debe iluminar las relaciones entre los países afortunados y los
deprimidos.
Si nos preguntáramos por el espíritu que debe informar e inspirar
estas relaciones habría que decir que, en primer lugar, por la justicia
(v.), ya que la vida social, a cualquier nivel, es inoperante e incluso
imposible, si esta virtud no regula las relaciones entre los miembros. Las
injusticias provocan no solamente las discordias abiertas y violentas que
llamamos guerras, sino también una situación de rebeldía constante, que
puede que no se manifieste en un conflicto armado, pero que está en el
polo opuesto de la verdadera paz social. Sin embargo, nos parece que no
sería suficiente la justicia para fundamentar las relaciones
internacionales. Los miembros de una familia, sobre todo si uno de ellos
está en penuria, no se guían exclusivamente a base de derechos y deberes:
debe haber algo más entre ellos, y eso es el amor (v.). Si los países
ricos quieren sacar el mayor provecho que las circunstancias les permiten
en sus relaciones con los subdesarrollados, no se podrá encontrar una
solución justa al problema.
Así, pues, la justicia y la caridad (v.), que supone un cierto grado
de desinterés, deben informar la actuación de los poderosos en sus
relaciones con los que, unas veces por causas no imputables a ellos, y
otras con un grado de culpa propia, son los parientes pobres de la familia
humana.
Vamos a fijarnos en tres aspectos de la ayuda que puede ser prestada
a los países subdesarrollados y que la precisan como condición necesaria,
aunque no suficiente, para poder salir de su situación de retraso. Y
decimos como condición necesaria, pero no suficiente porque no hay
posibilidad de d. sin propio esfuerzo; la ayuda exterior potenciará ese
esfuerzo, pero no lo puede suplir totalmente. Esos tres aspectos son: a)
la reestructuración del comercio internacional; b) la ayuda material, y c)
la ayuda humana.
a) Reestructuración del comercio internacional. Aun cuando el
comercio (v.), tanto interior como internacional, se realiza hoy por el
sistema de compraventa, es decir, valorando y pagando el producto en
moneda, es obvio que en el fondo, tras las operaciones de compraventa, se
esconde el trueque. Para poder comprar es preciso disponer de dinero, pero
éste se obtiene vendiendo algo. Entonces, la relación en que se
intercambian los productos, la «relación real de intercambio» de los
economistas, dependerá de los precios con que se valoren los bienes que se
cambian. Veamos lo que ocurre en el comercio internacional.
Los países subdesarrollados exportan una pequeña variedad de
productos agrícolas y primeras materias minerales, y tienen que comprar en
el exterior una extensa gama de productos elaborados o semielaborados.
Esto hace que la posición contractual de ambas partes no esté equilibrada.
El hecho de que aquellos países dependan de un corto número de productos
para su abastecimiento de divisas, agravado a veces por el carácter
perecedero de algunos de esos productos, les hace sumamente débiles y
vulnerables en el momento de pactar precios en el mercado internacional.
Si además se tienen en cuenta los bajísimos niveles de los salarios debido
a la pobreza del país y al poco peso efectivo de las organizaciones
profesionales de los trabajadores, el resultado será unos precios de
exportación poco remuneradores. Por el contrario, los países más prósperos
tienen una exportación muy diversificada, con mucha mano de obra
incorporada, siendo muchos de esos productos de necesidad absoluta para
los países atrasados; sus sindicatos obreros han tenido la suficiente
efectividad para alcanzar salarios elevados, con lo que los precios de
venta de esos productos alcanzan niveles relativamente altos respecto a
los precios de los bienes primarios que importan. Solamente con mejorar la
relación de cambio recibirían una ayuda adicional en divisas que pesaría
casi decisivamente en ciertos aspectos del d. Y esto, como decimos, es una
cuestión de justiCia (V. COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL).
b) La ayuda material adoptará, en primer lugar, la forma de
inversiones o de préstame. Las inversiones extranjeras en un país
subdesarrollado corren el peligro de que se realicen no con el criterio de
beneficiarle al máximo, sino con el de conseguir el mayor partido para el
inversor, por encima o al margen del interés de aquél. La historia
suministra abundantes pruebas de esto.
Si los inversores son personas privadas no se les puede pedir, como
norma general, que actúen con criterios totalmente ajenos al beneficio
propio, pero sí que no pretendan explotar la precaria situación del país
receptor intentando obtener el mayor lucro posible, y también que limiten
sus ganancias con un espíritu de caridad hacia los más necesitados.
Si las inversiones proceden de entidades estatales o paraestatales
de las naciones ricas, o de los organismos internacionales creados al
efecto, se puede pedir un grado de desinterés mucho mayor en beneficio del
país ayudado. Por eso, es muy de desear que cada vez se prodiguen más este
tipo de inversiones, y que se tienda a institucionalizar al máximo este
canal, a través del cual puede circular una cantidad considerable de la
ayuda material que se preste a los países en d. Aun cuando la ayuda que
puedan recibir los pueblos subdesarrollados a través de inversiones o de
operaciones crediticias está más de acuerdo con su dignidad, no se pueden
descontar totalmente como medio de ayuda las donaciones. Siempre habrá
lugar para ellas en casos límites y de extrema necesidad, sobre todo si
ésta se deriva de situaciones catastróficas o de emergencia.
c) Ayuda humana. Nos parece interesante e importante por una doble
razón. En primer lugar, la indigencia de los países pobres no es sólo de
elementos materiales y productivos sino también de hombres. Siendo el
hombre, además de fin, actor e intérprete del d., poco se conseguirá si
sólo se atiende a lo material. Si el bache que existe entre lo que tienen
y lo que precisan en cuanto a equipo real productivo es tan grande que por
sí solos difícilmente lo pueden cubrir, otro tanto habrá que decir del
bache en lo humano. La segunda razón por la que concedemos especial
importancia a esta modalidad de ayuda reside en que hay países de d. medio
que no están en condiciones de prestar una ayuda abundante y generosa de
tipo material a otros más retrasados en su evolución y, sin embargo,
pueden desempeñar perfectamente un papel muy airoso en una ayuda de tipo
humano. Esta ayuda puede adoptar dos modalidades distintas y
complementarias.
La primera consistiría en el envío, por un periodo más o menos
largo, de personas capaces de prestar ayuda in situ, en diversos campos y
actividades. Los países que están en condiciones de desprenderse de
personal humano
apacitado pueden desempeñar un importantísimo papel en esta ayuda,
institucionalizando, por así decirlo, este tipo de prestación. Así, p. ej.,
un cierto tiempo de servicio en pueblos subdesarrollados, bajo
determinadas condiciones, podría sustituir a la obligación del servicio
militar; el tiempo invertido en estas ocupaciones podría ser computado,
incluso privilegiadamente, en orden a antigüedades, méritos y demás
ventajas que otorgan los servicios prestados. La otra modalidad consiste
en dar facilidades para que los jóvenes mejor dotados de regiones pobres
puedan capacitarse en los países adelantados.
Exigencias para el desarrollo. Como ya se ha dicho, el d. de los
pueblos no depende exclusivamente de la ayuda que puedan recibir del
exterior; es preciso también un esfuerzo propio y toda una política
coordinada, que naturalmente también plantea problemas morales. Una
cuestión es la del tipo de estructuración económicosocial mejor para
lograr el d. e. y humano con suficiente eficacia y rapidez, respetando los
valores superiores intangibles. Se trata de la oposición
libertad-planificación (v.). Las posibles soluciones podríamos reducirlas
a tres: a) desarrollo con total libertad, es decir, llevado exclusivamente
por la iniciativa privada y con abstención del Estado, cuya intervención
siempre supone algún grado de coacción; b) total planificación, de tal
forma que el único sujeto que tome iniciativas decisivas sea el ente
público; y c) una solución intermedia, con diversos grados de matización,
en la que se combine cierta intervención estatal con la espontaneidad y
libertad de los sujetos económicos.
Dada la complejidad que supone un proceso de d. y la urgencia que
existe, nadie defiende hoy que la mejor fórmula sea la solución liberal.
La total centralización, en cuanto que suprime en el individuo la esfera
de las libertades que pueden considerarse esenciales, tampoco es
aceptable. El problema radica en una adecuada dosificación de la actuación
estatal y de la libertad individual, y que podría ir desde un socialismo
de tipo personalista hasta un cierto neocapitalismo con un grado mayor o
menor de intervención estatal. Las opciones pueden ser varias y en cada
caso habrá que ponderar las circunstancias concretas y salvar siempre las
exigencias de la justicia en todos sus aspectos, compaginándola con la
eficacia y el respeto que se debe a la dignidad de la persona humana.
Otro problema importante es el de la acumulación del capital y la
titularidad de su propiedad. Para el d. e. hay que realizar inversiones
-creación de nueva capacidad productiva-, pero para poder invertir en un
país subdesarrollado es preciso ahorrar, es decir, no consumir
excesivamente: liberar factores productivos que se dediquen a producir
nuevos factores productivos. Es evidente que al resultar insuficiente el
ahorro (v.) voluntario, por ser escasa la renta nacional, habrá que echar
mano de algún tipo de ahorro forzoso, y aquí se plantea la cuestión moral
de quién tiene que ahorrar y cómo se le compensa del sacrificio realizado.
Si no se prevé nada y se invierte más de lo que se ahorra, se producirá un
proceso de inflación que provocará un ahorro forzoso en aquellos sectores
cuyos ingresos son poco flexibles, y ese ahorro forzoso no encontrará
ninguna compensación directa y proporcionada, ya que la propiedad de la
nueva riqueza creada no va a esos ahorradores, sino a los
empresarioscapitalistas, ya que todo el proceso jurídico está montado
sobre el aspecto puramente monetario y no sobre el real.
El Estado podrá provocar un ahorro forzoso a través de los impuestos
que pueden seleccionarse y diversificarse con criterios de justicia;
siempre será mejor solución que la anterior, aunque nos parece que sólo
podrá tener un carácter complementario. Los salarios exiguos pagados por
las empresas engendran un ahorro forzoso en sus obreros y unos beneficios
que pueden servir de base a una autofinanciación de las mismas. Es claro y
evidente el juicio moral que merece este procedimiento. Más aceptable es
el sistema de salarios diferidos en los que, debido a exigencias del bien
común que pide un ahorro forzoso, no se entrega en mano a los trabajadores
todo aquello a lo que tienen derecho, pero se les reconoce un título de
propiedad sobre lo no percibido en metálico y que servirá para financiar
nuevas inversiones. El planificador ha de ver todas las posibles fuentes
de ahorro (interno y externo, voluntario, institucionalizado y forzoso)
con que cuenta la economía y atemperar los programas de inversión a esas
posibilidades.
El d. de un pueblo tiene que venir dado siempre en función del
hombre: «el orden social y su progresivo desarrollo deben en todo momento
subordinarse al bien de la persona y no al contrarió, ya que el orden real
debe someterse al orden personal y no al contrario» (Gaudium et spes, 26).
Esta consideración nos lleva a una doble afirmación. Por una parte, el
hombre ha de contribuir al d. y evolución de su país, en la medida que su
capacidad y situación lo permitan.
Por otra parte, ya que el hombre es el fin del d., se deberá atender
suficientemente a lo que pudiéramos llamar inversiones en el hombre, es
decir, al gasto necesario para el enriquecimiento de las personas en todos
sus aspectos (educación, formación profesional, etc.), con la seguridad de
que a la larga este tipo de inversiones son las más rentables desde una
perspectiva de productividad (v.). El proceso de d. comporta
necesariamente una serie de movimientos migratorios tanto de carácter
ocupacional (trasvase del sector primario a los sectores secundario y
terciario), como local o geográfico. Esto plantea problemas humanos, y,
por tanto, morales, tanto desde el punto de vista de capacitación técnica
de la población como desde el de la adaptación a un nuevo medio geográfico
y ambiental de una población desarraigada, además de la cuestión de la
vivienda, tan básica para el bienestar humano. Son cuestiones que no
pueden pasarse por alto en la planificación del d. sin crear graves
problemas humanos.
Una parte notable de la doctrina aquí expuesta está contenida, más o
menos explícitamente, en el Magisterio de la Iglesia de estos últimos
años, especialmente en las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in terris
de Juan XXIII, en la enc. Populorum progressio de Paulo VI y en la Const.
Gaudium et spes del Conc. Vaticano II. La enc. Mater et Magistra ha
tratado sobre todo el d. e. de la agricultura. El Conc. Vaticano II y
Paulo VI han abordado de forma sistemática el tratamiento genérico del d.
e. y p. con sus implicaciones morales.
V. t.: DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA; RIQUEZA.
BIBL.: G. M. METER y R. BALDWIN,
Desarrollo económico, Madrid 1962; V. MARRAMA, Política económica de los
países subdesarrollados, Madrid 1961; M. FUNEs ROBERT, Marxismo y comercio
internacional. Teoría del subdesarrollo económico, Madrid 1962; G. MYRDAL,
Solidaridad o desintegración, México 1956; INST. SOCIAL LEEN XIII,
Comentarios a la «Mater et Magistra», Madrid 1962; C. ABAITUA y OTROS,
Exigencias cristianas en el desarrollo económico-social, Madrid 1962;
VARIOS, Comentarios civiles a la encíclica «Pacem in terris», Madrid 1963;
1. M. SOLOZÁBAL, Salarios y beneficios. Autofinanciación. Ahorro, en
«Anales de Moral Social y Económica» 4, Madrid 1963, 111128; VARIOS,
Estudios sobre la Constitución «Gaudium et spes», Bilbao 1967; VARIOS, La
Iglesia en diálogo con nuestro mundo, Bilbao 1967; J. M. SOLOZÁBAL, La
Iglesia católica y el desarrollo de los pueblos, en Enciclopzdia del Mundo
Católico, Madrid 1968. 1185-1216: OKUN y RICHARDSON, Estudios sobre
desarrollo económico, Bilbao 1964; M. CAPELO, El desarrollo económico, en
Comentarios a la Constitución «Gaudium et spes», Madrid 1968, 477-516.
JOSÉ MARÍA SOLOZÁBAL.
Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp,
1991
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