a) El concepto de o.p. procede del campo político-social y caracteriza el proceso y el resultado de la formación de la opinión y voluntad de la población. La o.p. se expresa formalmente en determinados actos constitutivos (p. ej., las elecciones), informalmente en agrupaciones especiales (p. ej., en grupos de intereses) y, medio formal medio informalmente, en los medios de comunicación de masas. El carácter objetivo de la o.p. depende de la constitución político-social de la vida pública: las estructuras totalitarias imponen por la regulación del lenguaje y por sanciones la uniformación de la o.p.; el grado de democratización depende fundamentalmente de la libertad para expresar y formar la opinión en una sociedad. De donde se sigue que para la existencia de una o.p. libre es constitutivamente necesaria, además de cierta pluralidad de opiniones, la garantía de un proceso sin trabas de formación de la opinión.

b) En analogía con este concepto político-social ha de considerarse también la o.p. en la Iglesia, si bien debe tenerse en cuenta que el grupo de la Iglesia, más homogéneo y cerrado en comparación con el Estado y la sociedad, mantiene ciertas peculiaridades doctrinales y disciplinares que resultan de la diversa constitución y finalidad de ambas realidades. Sin embargo, es innegable que no todas las estructuras eclesiales han de considerarse a priori como iuris divini, pues muchas de ellas nacieron apoyándose preferentemente en estructuras políticas del feudalismo monárquico, y no está concluida aún la reflexión acerca de estas implicaciones políticas e históricas, ni tampoco la apertura a formas más modernas de constitución. Para evitar el ineludible cruce entre argumentación teológica y justificación ideológica del estado tradicional en tales fases de revisión, hemos creído preferible un enfoque primariamente sociológico en la exposición que sigue.

a) Las categorías «privado» y «público» proceden de la antigüedad griega y romana. La polis y los koiná están estrictamente separados del oíkos y los ídia. Lo público surge en el mercado o plaza (ágorá, forum), tanto en la lexis como en la präxis. Nacimiento, muerte, trabajo de los esclavos y vida de la mujer se realizan como orden privado bajo el dominio del oikodespotes. Libertad, virtud, competencia, fama y verdad se constituyen ante todo a la luz de lo público. La o.p. significa la articulación de esta publicidad. Sobre todo en el concepto de Estado como res publica y en las definiciones del derecho romano se ha conservado hasta la moderna sociedad burguesa el esquema de lo privado y lo público.

Con la formulación del principio de la publicidad como mediación entre política y moral, Kant pasó a una armonización de las antítesis. Hegel y Marx hicieron problemática esta tesis señalando la desorganización de la sociedad y de su relación con el Estado, en cuanto Estado y cosa pública ya no pueden identificarse. En el liberalismo del siglo xix surgen dudas considerables sobre si puede aún haber en la publicidad una concordancia objetivamente garantizada de las opiniones contradictorias y si la o.p. no se realiza más como coacción a la conformidad que como control crítico del poder (J. St. Mill, A. de Tocqueville).

La o.p. crece enormemente en cantidad, pero pierde en eficacia como correctivo. -> Idea e -> ideología ya no pueden deslindarse con precisión; se pone en juego el pensamiento de una minoría selecta o de una democracia representativas con el fin de contrarrestar la decadencia de la vida pública. Eso también afecta actualmente al problema de la o.p., en cuanto ésta, como instancia de control, se hace cada vez más necesaria, pero su objetividad se pone más y más en peligro por la manipulación, por la superoferta de información y por el carácter de mercancía que revisten las noticias en la sociedad del capitalismo tardío. La publicidad se ha transformado de foro de la opinión en mercado de la industria de la cultura y de la diversión, en que las noticias se tornan objeto de comercio. La dialéctica especial de la o.p. consiste ahora en la producción y satisfacción correspondiente de necesidades de información en el sentido de oferta y demanda, cosa que se realiza hasta en lo profundo del orden privado íntimo y lo nivela. La pretendida coincidencia entre o.p. y razón, formulada en la tesis de vox populi, vox Dei, ha desaparecido, si es que existió alguna vez; pero debe mantenerse como principio regulativo, si queremos ejercer algún control sobre el gobierno y el poder. No existe una teoría unitaria que supere estas contradicciones, muchos modelos se descalifican a sí mismos por la recepción poco crítica de modelos históricamente trasnochados.

b) En general, la actual vida pública adopta dos modalidades de comunicación, dos clases de o.p.: el complejo de las opiniones personales, no formales, política y socialmente inoficiales, y el de las opiniones formales, oficiales e institucionalmente autorizadas. Ambos complejos de opinión tienen un diverso grado interno de obligatoriedad. Los no formales van desde el mero prejuicio hasta la evidencia de grupo dirigida por una industria de la cultura; los formales contienen declaraciones, proclamas, decretos, etc. En ambos órdenes circula la o.p. limitadamente, parte por falta de obligatoriedad, parte por razón de su privilegio autoritativo. La mediación entre ambos órdenes se hace por los mass media, sin que ello traiga verdadera comunicación. En lugar de comunicación se realiza una unificación de la mentalidad, en lugar de o.p. hay publicidad demostrativa o manipulativa. Una o.p. que funcione, sólo puede producirse hoy día como publicidad crítica, en que el orden no formal de comunicación debe conectarse con el orden formal, de tal modo que una corriente de opinión desemboque en la otra y sea transformada por ella, es decir, de tal modo que la publicidad interna y la externa se comuniquen entre sí y tanto el consentimiento como el conflicto de la sociedad entera se conviertan en objeto de pública controversia. Semejante o.p. podrfa controlar eficazmente el gobierno y el poder y garantizar un máximo de racionalidad.

Este regulativo político-social de la o.p. no puede quedar sin repercusión sobre el papel de la o.p. en la Iglesia, en cuanto no se trata aquí de tendencias particulares, sino de la aspiración a establecer una mediación general entre las antítesis de libertad y necesidad, sujeto y objeto, individuo e institución. El argumento a menudo esgrimido para defender la constitución jerárquica y autoritaria (no democrática) de la Iglesia, a saber: que la revelación de Dios en Jesucristo, la autoridad normativa de la sagrada Escritura y las implicaciones que se derivan de la sucesión apostólica para el ministerio santificador, docente y pastoral, son a priori incompatibles con un modelo cuasiparlamentario o plebiscitario de la o.p.; tiene un carácter ideológico, pues, por una parte, históricamente tales estructuras de publicidad se dieron también en condicionamientos de la Iglesia popular y, por otra, ciertos sistemas políticos se introdujeron en la constitución de la Iglesia. Y, sobre todo, esta concepción se basa en la premisa de una verdad no histórica, del desconocimiento de las condiciones hermenéuticas y del olvido de la tensión entre la norma universal y el imperativo concreto.

Si en la situación actual o.p. significa la interacción entre los que mandan y los que obedecen, la reflexión permanente y el correctivo critico de esta relación, debemos decir que apenas se da en la Iglesia una efectiva opinión pública. Establecer la mediación entre autoridad y obediencia, debiera ser tarea sobre todo de la teología y de la predicación; pero, frecuentemente, éstas no pasan de una «verbalización» del problema, pues están referidas funcionalmente al ministerio. A pesar de los múltiples indicios posconciliares de una reestructuración de la publicidad en la Iglesia, a pesar de una teología orientada hacia la libertad del individuo, se ofrece a la mirada sociológica la dura imagen de una Iglesia popular autoritaria, tal como surgió en la primera edad media, aunque se hayan introducido múltiples modificaciones cuantitativas, se da todavía: un riguroso centralismo, una estricta equiparación de la disciplina eclesiástica con la lex divina, una predicación como instrucción dogmática, como acto de anuncio autoritativo, y, finalmente, una ingerencia en la conciencia como instrumento de control de la conducta.

A esto se añade una peculiar dialéctica de la libre palabra critica dentro de la publicidad eclesiástica; de hecho aquélla sirve muchas veces para consolidar el actual estado de cosas y no para su cambio eficaz, en cuanto la existencia de una crítica verbal se presenta como prueba de una o.p. libre y, a la vez, como excusa para eludir el cambio efectivo de lo criticado. Nótese, finalmente, que la ausencia de una amplia y eficaz o.p. a menudo se ha reflejado subcutáneamente en la tendencia a la privatización e interiorización de la teología (cf. teología -> política).

Los ensayos hechos hasta ahora de dirigir el cambio de estructura de la publicidad por medio de una mayor representación (en los mass media, sobre todo en la televisión), por la propaganda en el sentido de las public relations mercantiles, por demostraciones simbólicas (viajes del papa, congresos, días de los católicos), o por una colaboración más amplia de los laicos en las comisiones parroquiales; no bastan con mucho y resultan a menudo problemáticos en sí mismos, sobre todo cuando sólo se «representa la representación misma» (C. Schmitt).

En el decreto Inter mirifica, cap. 1, si bien con expresiones muy generales, el concilio Vaticano II ha resaltado el derecho a la libre manifestación de la opinión y a la información en el Estado y en la sociedad, pero no ha mencionado el derecho a la información dentro de la Iglesia, y sólo accidental y ligeramente ha criticado la anterior forma de proceder entre los católicos. En Lumen gentium hallamos tendencias más manifiestas a la descentralización (III 23-27), a la igualdad y fraternidad de todos los creyentes en medio de la diferenciación jerárquica (iv 32), y la valoración positiva de los seglares. Pero ya al principio (III 18) se pone fuertemente de relieve la existencia de la jerarquía (como estamento), sin que siga una fundamentación teológica suficiente del orden jurídico sagrado. No obstante, en conjunto predomina como nueva tendencia la importancia que se da a la colegialidad, completando así las declaraciones del Vaticano i.

A la creación de una fecunda o.p. en la vida eclesiástica ayudará la creciente desacralización del mundo dentro de la Iglesia, la transformación de una predicación de información autoritaria a manera de monólogo en un diálogo, el cambio de los «receptivos» ejercicios de piedad en actos eclesiásticos informativos, así como la interpretación hermenéutico-crítica de los escritos bíblicos. Al producirse la transformación de la tradicional Iglesia popular en una Iglesia con miembros libres, están demás las medidas disciplinarias de control; como primer indicio de esto puede aducirse la abolición del Índice. Además, el gobierno eclesiástico está afectado por la creciente crisis de autoridad; por imperativo de conocimientos científicos especiales, puede verse forzado a revisar determinados enunciados; y, a este respecto, hemos de notar que la amplia difusión de conocimientos científicos será también un nuevo factor para la futura o.p. Las diferencias entre los distintos ámbitos culturales en la Iglesia una obligan a un mayor pluralismo. Y la marcha hacia el mundo uno tampoco es conciliable con un predominio unilateral de lo privado en la práctica de la fe y de la ética cristianas. En el futuro la esfera pública sólo podrá tener estructuras universales. Finalmente, esta comunicación universal en la o.p. de la Iglesia realiza también la relación dialogística entre -> Iglesia y mundo a la que aspira el Vaticano II.

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