Las relaciones entre I. y E. están determinadas siempre por una dialéctica que proviene de la diferencia esencial entre ambos; pues las dos instituciones dirigen sus pretensiones a los mismos seres humanos, aunque con diversos fines (fin del -> hombre). Deber del -> Estado es procurar asegurar el bien natural de sus ciudadanos en la tierra, mientras que la -> Iglesia está llamada a proseguir en la tierra la obra salvífica de su fundador y conducir a los hombres a la salvación eterna mediante la palabra y los sacramentos. Ambos, I. y E., se encuentran en sus miembros, y se requiere una ordenación de sus mutuas relaciones que corresponda al desarrollo histórico y a la situación concreta de cada caso. Todas las tentativas por regular de modo abstracto las relaciones entre I. y E. están condenadas prácticamente al fracaso, pues pasan por alto la historicidad de dichas instituciones. Para la regulación de sus relaciones se han dado en la historia de —> occidente diversos modelos de solución, que no sólo llevaban el sello de las formas políticas propias de cada tiempo, sino también, y sobre todo, el de la idea que entonces se tenía de la Iglesia y del Estado.

Antes del reconocimiento de la religión cristiana por el Estado romano y de su elevación a religión oficial (era de -> Constantino), la cuestión se centró más bien en torno a las relaciones de los cristianos, y no tanto de la Iglesia, con el Estado. La actitud de la –> Iglesia primitiva estaba determinada en principio —incluso en tiempo de las persecuciones— por una lealtad benevolente hacia el poder estatal, al que se reconocía como el orden dado por Dios y al que, por tanto, se prestaba obediencia, en tanto no se llegara a una oposición entre sus exigencias y las exigencias divinas (cf. Act 5, 29).

Los cristianos estaban obligados a orar por el emperador, pero rechazaban el culto del Estado y los sacrificios ante las imágenes de los dioses y de los césares. Tras la época de las persecuciones la Iglesia alcanzó con la concesión de la plena libertad de religión y de culto no sólo la paridad sino la primacía sobre los demás cultos, gracias a los acuerdos que Licinio y Constantino firmaron en Milán (313). Por razones de unidad política y por la necesidad de armonía entre I. y E., el emperador cristiano gobernó también — prolongando en cierto modo la posición sacral de los primitivos emperadores paganos — a los obispos y la Iglesia. La idea de que la unidad del cristianismo y la unidad del imperio se condicionaban mutuamente, tuvo su expresión en el hecho de que los obispos asumieran funciones estatales y en la amplia asimilación de la organización eclesiástica diocesana a las unidades administrativas existentes en el imperio romano, así como en los privilegios estatales de la Iglesia y del clero y en la intervención jurisdiccional del emperador cuantas veces veía amenazada la ortodoxia y la unidad de la Iglesia (-> arrianismo, concilio de Nicea 325). Frente a la pretensión creciente de soberanía estatal, que representaba de algún modo una vuelta a las funciones del antiguo culto romano del Estado, la Iglesia se vio en la necesidad de determinar la correcta relación entre la competencia eclesiástica y la estatal, persuadida de su propia autonomía y libertad, e igualmente de su vinculación a los diversos órdenes profanos. Estas tentativas condujeron en Bizancio (era de –> Constantino), tras la fundación de Constantinopla como la «segunda Roma», a los principios del dominio oriental sobre la Iglesia (teoría de la identificación), y, en el imperio romano occidental, a la libertad de la Iglesia (teoría de la diferenciación). En el imperio bizantino la unidad de I. y E. quedó asegurada bajo la soberanía del emperador, cuya persona empezó por incorporarse a la jerarquía como sacerdos imperator, apareciendo después como el soberano elevado a la esfera sacra en forma de basileus terrenal. Por lo que respecta a las relaciones entre 1. y E. en occidente, fue decisiva la doctrina de «las dos espadas», expuesta por el papa Gelasio i (492-498) contra Bizancio, la cual iba a ser fundamental para toda la edad media.

Con esta doctrina coincidían la idea de Ambrosio (374-397) acerca del emperador, según la cual éste está en la Iglesia, pero no sobre la Iglesia (Sermo contra Auxentium 36), y la teoría agustiniana del Estado. La obra de Agustín De civitate Dei, estableciendo teológicamente la autonomía y superioridad de la Iglesia (civitas caelestis) frente al Estado (civitas terrena) en razón del fin superior, fue decisiva para la visión organizadora de la edad media y para la creación del sistema jerárquico del papalismo medieval (hierocracia), con su aplicación a las relaciones entre I. y E. y sus respectivos campos de spiritualia y temporalia. En la discusión teórica sobre las relaciones entre ambos poderes, a los que se vio simbolizados en las dos espadas de Lc 22, 38 (doctrina de las dos espadas), se fueron perfilando distintas tendencias. Mientras la teoría imperial partía de que cada espada había sido entregada por Dios de un modo directo al papa y al emperador respectivamente, de que ambos poderes son fundamentalmente del mismo orden y autónomos en sus esferas (Huguccio, Otón de Freising, Gerhoh vom Reichersberg, Sachsenspiegel, etc.); la doctrina de la curia papal defendía el punto de vista de que Dios había confiado ambas espadas a la Iglesia: la espiritual se la reservó el papa para sí (gladius spiritualis), la temporal (gladius materialis) se la dio al príncipe, que debe manejarla al servicio y según la indicación de la Iglesia. Para ello apelaba esta doctrina a la donación constantiniana, a la coronación del emperador romano por el papa en Roma y, desde el s. xi-xii, también al traspaso del poder imperial de los emperadores griegos primero a los francos y después a los germanos por obra del papa (translatio imperi).

En esta concepción dualista descansa la idea medieval del universal poder coactivo de la Iglesia en el terreno político. También la teoría hierocrática acentúa — pese a la pretensión papal de dirigir incluso los asuntos temporales — la obligación del papa de entregar la espada temporal, y sólo ratione peccati considera lícita su intervención en el poder jurisdiccional del Estado (Gregorio 1x [1227-1241 ], Inocencio iv [1243-55], Bonifacio vut en la bula Unam sanctam de 1302). Con el derrumbamiento del imperio romano occidental durante la época de las -> invasiones de los pueblos del norte (cuando los germanos entraron en el mundo cristiano occidental), en occidente la Iglesia se vio reducida a su propia esfera, pues las Iglesias de los países arrianos se habían sustraído por completo a la influencia romana. El giro decisivo en la superación de la división entre germanos y romanos se inició al pasar Clodoveo y los francos a la confesión católica (hacia el 500), y posteriormente los visigodos, burgundios y longobardos, y con la alianza, decisiva en la historia universal, entre el papado y el reino franco ante la amenaza inminente contra Roma y el patrimonio de Pedro por parte de los longobardos, alianza que hizo posible el acceso de los carolingios a la dignidad regia. (-> Estados pontificios) y fundó la unidad del occidente cristiano bajo la hegemonía de los francos. La estrecha vinculación del reino carolingio con el papado — el cual además experimentó una notable consolidación de su prestigio en la conciencia del pueblo con la veneración de san Pedro entre los germanos — favoreció el desarrollo de una Iglesia identificada al máximo con el Estado francocarolingio y otorgó al rey una auténtica soberanía sobre la Iglesia del país franco; la posición real fue un reflejo del modelo veterotestamentario del «rey y sacerdote» y de las ideas germánicas sobre la sacra dignidad regia. La eminente personalidad de soberano de Carlomagno, que tras su coronación en la iglesia de san Pedro en Roma el año 800 se llamó intencionadamente imperator a Deo coronatus, reteniendo el título de rey de los francos, dejó espacio ciertamente para la autoridad moral del papa, pero apenas para un primado pontificio de jurisdicción. A la idea de los francos acerca de la soberanía protectora sobre el papa y la Iglesia, que se manifiesta en el título tantas veces usado Devotus Sanctae Ecclesiae defensor et humilis adiutor,se oponía de todos modos la donación constantiniana, en la que se apoyaba la idea de la curia romana acerca del imperio occidental. Más tarde fue debilitándose la convicción de que la dignidad imperial, como oficio supremo del imperio romano, la había otorgado el pueblo de Roma. Luis II acabó declarando que su dignidad imperial se la había conferido el papa (teoría de la translación). Los soberanos francos no hicieron uso del derecho imperial a intervenir en la elección pontificia. No hicieron más que asegurarse la amistad y paz del papa, una vez consagrado canónicamente, a través de legados especiales (Pactum Ludovicianum 817); y en el año 824 (Constitutio romana), con motivo de los disturbios que se produjeron en la elección del papa Eugenio le exigieron un juramento de fidelidad antes de su consagración.

Cuando Federico i (de la estirpe Hohenstaufen), en cierto modo como reacción del poder temporal ante las pretensiones eclesiásticas extremadamente vigorosas desde Gregorio vii, opuso a la sancta ecclesia el sacrum imperium, la Iglesia vio en peligro su propia libertad, sobre todo al interpretar la consolidación del poder de los Hohenstaufen en Italia y Sicilia como una amenaza para la base territorial de su soberanía espiritual sobre el mundo cristiano. A la doctrina cesaropapista del inmediato origen divino del poder temporal la Iglesia opuso la derivación de todo poder de la concesión papal; y en consecuencia la curia pretendía una potestas indirecta in temporalibus (cf. u, 1), fundada en la potestad espiritual. En la dura lucha con los Hohenstaufen el papado quedó ciertamente vencedor; pero con el derrumbamiento del imperio se vio privado de su apoyo temporal y desarmado ante la aparición de los Estados nacionales, a cuyos soberanos había prometido en parte derechos e independencia iguales a los del emperador. La curia formuló teóricamente altísimas pretensiones eclesiásticas, pero fracasó con su doctrina — defendida en la bula Unam sanctam (1302) hasta límites extremos — de la plenitudo potestatis papae frente a la fortaleza y a la conciencia de sí mismos que tenían los reyes de los Estados nacionales, y bien pronto se vio incluso expuesta a las tendencias eclesiásticas nacionalistas. La lucha exacerbada de Bonifacio viii con el rey francés Felipe el Hermoso (1285-1314), que culminó con el episodio de Anagni (el papa fue aprisionado) y a cuyo término tuvo lugar el destierro de -> Aviñón, marca claramente un giro decisivo en la historia medieval del papado y apunta ya a la disgregación del unitario corpus christianum. Desde entonces el enfrentamiento de la Iglesia universal con las pretensiones de los Estados nacionales constituye el rasgo fundamental de las relaciones jurídicas entre I. y E. La doctrina, que los legistas estudiaron profundamente durante la lucha de Luis de Baviera con la curia, acerca de la independencia del Estado y de la indivisibilidad del poder soberano (Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham), así como la lucha, condenada ciertamente al fracaso, entre los representantes del —> conciliarismo y los defensores de la supremacía papal y sobre todo las dificultades y la confusión provocadas por el -> cisma de occidente (1378-1417), contribuyeron a fomentar una intromisión cada vez más fuerte de los poderes estatales en los asuntos eclesiásticos. Como resultado de esta época se abre paso el desarrollo de un régimen eclesiástico territorial, con tendencia a la autonomía de las Iglesias, que se manifiesta en la creación y reclamación del derecho de patronato y nombramiento, del derecho de inspección, del privilegio de non evocando, del recurso ab abusu, del placet regio, de las leyes relativas a la amortización, etc.

Las nuevas relaciones de la curia con los Estados del s. xv se caracterizan por la aparición de rasgos peculiares en las Iglesias nacionales. En Francia se desarrolló un —> episcopalismo nacionalista que condujo a la proclamación de las libertades galicanas (1407-1408, —> galicanismo). En espera de su aprobación por el concilio de Basilea recibieron protección legal de parte de Carlos vil con la sanción pragmática de Bourges (1438). El desarrollo de un curialismo romano centralista bien pronto encontró resistencia en Inglaterra (son importantes a este respecto las Constituciones de Clarendon de 1164), de manera que la Iglesia inglesa — ya antes de su separación de Roma bajo Enrique viii — llevaba en cierto modo una existencia aparte bajo la protección del rey y del parlamento. En Alemania no se llegó a la sanción imperial de los decretos de Basilea, fomentados por el espíritu del -> conciliarismo y acogidos en la «Aceptación de Maguncia» de 1439, debido a que el papa, como consecuencia del cambio dinástico en Alemania, logró conjurar el peligro conciliar-episcopal aliándose con los príncipes a cambio de pequeñas concesiones a las Iglesias nacionales. Las negociaciones de la curia condujeron a la firma de los llamados concordatos de los príncipes (1447), a los que un año después siguió el concordato de Viena, que anuló en gran parte las resoluciones de Basilea y siguió en vigor como ley fundamental del imperio hasta la -> secularización de 1803.

La cesura en las relaciones entre I. y E. que se da en el s. xvi no ha de verse tanto en la protesta de la reforma contra el orden tradicional, cuanto en la nueva idea de «la razón de Estado», cuyos representantes sometían incluso la Iglesia al Estado como una parte de la soberanía de éste.

Para la concepción protestante de las relaciones entre I. y E. fue fundamental la doctrina de los dos reinos que Lutero desarrolló en conexión con las ideas agustinianas (—> agustinismo) y medievales, y que descansa en las bases teológicas de la doctrina de la justificación y de la eclesiología luteranas (todavía sigue discutiéndose dentro de la teología protestante la interpretación de la doctrina de los dos reinos; cf. a este respecto los trabajos de P. Althaus, J. Heckel y H. Bornkamm). Partiendo de la doctrina de los dos reinos era posible y hasta necesario establecer una clara separación entre la I. y el E., como una coordinación entre ambos. Cierto que el poder temporal (potestas terrena, potestas regiminis) y el poder espiritual (potestas ecclesiastica) se contraponen fundamentalmente con diversas funciones y hasta con estructuras diferentes, pues en el reino espiritual todos son iguales, mientras que en el reino temporal domina el principio de la autoridad y subordinación; pero no dejan de existir relaciones entre uno y otro. A pesar de todas las diferencias hay entre ellos una unión teológica, pues ambos reinos proceden de Dios. Lutero subraya que hay que buscar a Dios no sólo en la predicación o en el bautismo, sino también en la autoridad. A la autoridad temporal le compete el cuidado de las tareas terrenas. «Dios no puede ni quiere dejar que sobre el alma gobierne nadie sino él solo» (Lutero). El fin del Estado, como «lugarteniente de Dios y ministro de su ira» es asegurar la paz y mantener el derecho, con lo que sirve también al gobierno espiritual, al que compete el ministerio de la predicación (anuncio de la palabra y administración de los sacramentos). Cierto que Lutero distinguía claramente ambos reinos. pero creó las condiciones para una estrecha vinculación entre I. y E., pues puso en manos de la autoridad civil el gobierno de la Iglesia (es decir, la autoridad sobre los llamados asuntos externos de la Iglesia; por ejemplo la creación de visitadores, la provisión de párrocos, la administración de los bienes eclesiásticos, etc.). A ello le movieron desde luego las confusas circunstancias de su tiempo, y en parte se apoyó también en ejemplos anteriores a la reforma. La orden de inspección promulgada por el príncipe elector de Sajonia, a ruegos de Lutero, introdujo en Alemania el desarrollo del gobierno de la Iglesia por parte de los soberanos temporales, en una forma que no correspondía en absoluto a la intención primera de Lutero. Especial importancia tuvo la idea desarrollada por Melanchton, que influyó decisivamente en los escritos confesionales luteranos, acerca de la autoridad temporal como praecipuum membrum ecclesiae, al que corresponde la custodia utriusque tabulae. Calvino, cuyo concepto de Iglesia se apoyaba más en la tradición católica, siguió otros caminos (—> calvinismo). Subrayó la autonomía jurídica de la comunidad y la necesidad de una forma de organización eclesiástica, aunque rechazó toda idea de separación entre I. y E.; sostuvo un ideal político teocrático y exigió la vinculación de los órganos estatales a la Iglesia, para realizar el Estado de Dios en la tierra. Así en los países en los que el calvinismo salió victorioso se estableció una Iglesia fuertemente estatal, aunque por otra parte el calvinismo favoreció en muchos aspectos el desarrollo de la idea de autonomía eclesiástica. Sin embargo para el desarrollo alemán fue decisivo el gobierno laico de la Iglesia que había germinado en el terreno del antiguo luteranismo ortodoxo, gobierno al que ni las comunidades reformadas pudieron sustraerse.

La —> secularización del Estado, que se impuso bajo la influencia de la doctrina racionalista del derecho natural, condujo a una fundamental transformación de las relaciones entre I. y E. La concepción de la unidad e ilimitación, en principio, del poder estatal llevó a exigir la plena sumisión de la Iglesia al poder del Estado. Se hizo derivar la autoridad eclesiástica de la estatal, aunque con ello no se estableciese una identificación de la esfera religiosa y la profana; más bien, dentro del Estado, se las distinguió netamente, asignando a la autoridad civil la competencia para decidir qué materias pertenecían a la esfera estatal y qué otras a la esfera eclesiástica.

Los derechos invocados por los filósofos y politólogos de la ilustración sobre la concesión de la libertad de conciencia y de fe, de tolerancia y paridad, eran exigencias a favor del individuo, y no a favor de las Iglesias y de su independencia frente al Estado. Las ideas de la ilustración al principio no tuvieron en Alemania una influencia inmediata sobre las relaciones entre I: y E., y en particular no eliminaron el cesaropapismo; por el contrario, en tiempos del absolutismo ilustrado se llegó muchas veces a un aumento del poder estatal sobre la Iglesia. Mientras en Prusia Federico el Grande con su tolerancia política confesional abría el camino a la disolución del cesaropapismo concediendo a la Iglesia su soberanía, José u de Austria profesó una extrema intervención del Estado en la Iglesia (—> josefinismo), y así, con sus cambios precipitados y contrarios a la tradición, provocó la oposición y resistencia de la curia y de los círculos de mentalidad jerárquico-curial en su propio país. La aversión al centralismo curial determinó también la aparición del —> episcopalismo de la Iglesia imperial, el cual, bajo la influencia de la idea de una Iglesia nacional propugnada por el obispo auxiliar de Tréveris, Juan Nicolás de Hontheim, conocido por el pseudónimo de Justino Febronio, alcanzó una importancia pasajera en la segunda mitad del s. XVIII.

Finalmente, las tendencias eclesiástico-nacionalistas perdieron terreno con las primeras repercusiones de la —> revolución francesa, que provocó en Alemania el fin de la Iglesia imperial. Mediante la estatalización de todoslos órganos eclesiásticos (Constitución civil del 12-7-1790) se modificó fundamentalmente la estructura de la Iglesia francesa. Con la proclamación de los derechos del —> hombre (1789), de acuerdo con el prototipo norteamericano, el principio de la tolerancia religiosa encontró reconocimiento y se mantuvo en pie incluso después del concordato napoleónico de 1801. La ratificación y ejecución de este primer concordato de la Iglesia católica con un Estado secularizado topó con dificultades debido a la arbitraria corrección del mismo por los llamados «Artículos orgánicos». Pero ese concordato introdujo la restauración de la Iglesia francesa y simultáneamente la definitiva superación del galicanismo. Permaneció en vigor hasta la ley de separación de 1905 (y todavía está vigente en Alsacia y en el departamento de Mosela).

En Alemania el incipiente hundimiento del imperio y la secularización de los bienes eclesiásticos en la resolución del 22-2-1803 condujeron al derrumbamiento de la milenaria constitución de la Iglesia imperial. No pudieron detener este derrumbamiento Carlos Teodoro de Dalberg (1744-1817) ni Ignacio Enrique de Wessenberg, cuyos esfuerzos por regular las relaciones de la Iglesia de Alemania mediante un concordato imperial, en el sentido de una Iglesia nacional alemana, fracasaron ante los intereses de las Iglesias territoriales de los distintos Estados alemanes (sobre todo de Baviera y de Prusia).

Al aceptar las negociaciones en torno a la conclusión de concordatos regionales o de otros convenios con la Santa Sede, cada Estado estableció el sistema de una Iglesia respaldada por un pacto y vinculada al Estado, sistema que sólo desapareció con la catástrofe de 1918. Después de díficiles negociaciones concordatarias, Baviera renunció en 1817 a la jurisdicción estatal que hasta entonces había ejercido sobre la Iglesia; pero, tras una oleada de indignación entre protestantes y católicos, por el edicto religioso publicado antes del concordato como anexo a la constitución (del 26-5-1818), se aseguró en sus derechos sobre la Iglesia aferrándose al placet estatal para los decretos eclesiásticos, al recursus ab abusu y al poder de inspección del Estado sobre la Iglesia, de manera que la exposición del derecho concordatario en Baviera siguió siendo problemática hasta la conclusión del concordato de 1924.

En los demás Estados alemanes, hacia 1820-30, se lograron algunos convenios acerca de la división de las diócesis y la provisión y dotación de los obispados en forma de bulas de circunscripción y de breves de elección, cuyas determinaciones variables tendían a la solución de los diferentes problemas eclesiástico-estatales.

Dejando de lado los acuerdos con la curia, en los Estados de la provincia eclesiástica del alto Rin (Baden, Württemberg, Hesse-Darmstadt, Kurhessen, Nassau, Francfort del Meno) se aseguró el derecho estatal de protección e inspección sobre la Iglesia mediante disposiciones homogéneas de los señores territoriales tomadas el 30-1-1830. Prusia mantuvo un cierto estado de paz hasta los desórdenes de Colonia (1837). El convenio acerca de los límites y la provisión de los obispados prusianos, dado a conocer por el papa Pío vil en la bula de circunscripción De salute animarum del 16-7-1821, que el rey declaró como estatuto obligatorio de la Iglesia católica, no prejuzgó las disposiciones jurídicas eclesiástico-estatales del derecho general del país.

De acuerdo con las ideas liberales del siglo xix, la Iglesia mantuvo en Alemania una oposición creciente a la intervención estatal en sus asuntos, y la idea de libertad y autonomía eclesiástica expuesta de manera decisiva por M ihler, Sailer, Gürres, Dóllinger y otros, y consolidada por las corrientes espirituales que llegaban de Francia y por el ejemplo de la constitución belga de 1831, fue ganando terreno. En Prusia, con motivo de la legislación sobre matrimonios mixtos, que dio origen a un breve pontificio (Litteris altero abhinc anno, de 25-3-1830), las discusiones se exacerbaron hasta llegar a los «desórdenes de Colonia» (1837), que condujeron al agrupamiento de amplios sectores católicos y a la revitalización del antiguo derecho canónico, sobre todo al no llegar en el terreno estatal las oportunas reformas jurídicas. La asamblea nacional de Francfort se manifestó contraria a una separación total entre E. e I. y, rechazando la Iglesia estatal, estableció la autonomía e independencia de las Iglesias. Gracias a las garantías de la constitución imperial de Francfort (1849), que nunca alcanzaron verdadera fuerza legal, pero que determinaron de forma permanente las circunstancias de Alemania y las constituciones de cada uno de los Estados hastala república de Weimar, se abrió paso una mitigación de la soberanía estatal sobre las Iglesias, mitigación que para Austria trajo por vez primera el concordato de 1855.

Desde 1848 la Iglesia entró bajo Pío ix (1846-1878) en una nueva era de concordatos, determinada predominantemente por la idea de coordinación, aunque en casi todos los países europeos provocó nuevas dificultades. La idea de la coordinación tenía que resultar problemática para el Estado del s. x1x celoso de su soberanía. Desde las dificultades generales que siguieron a los primeros éxitos importantes, la Iglesia se vio afectada en Francia por la política amistosa hacia Italia y hostil hacia los Estados Pontificios, y en Italia por la actitud de Víctor Manuel u (1849-78), claramente anticlerical y partidaria de la separación. Lo mismo sucedió con la Iglesia en Austria, donde el concordato fue paulatinamente eliminado por la legislación estatal. En Alemania el liberalismo anticlerical logró afianzarse hasta tal punto que los concordatos firmados en Württemberg (1857) y en Baden (1859) fueron arrumbados por completo.

A pesar de una primera conciliación de los puntos de vista antagónicos hacia fines del año 1879, no se consiguió la firma de un concordato por parte de Prusia, como lo deseaba la curia romana; sin embargo se restablecieron las relaciones diplomáticas, pero rechazando a la vez la creación de una nunciatura papal en Berlín. Las cláusulas de la primera ley de paz (21-5-1886) dejaron de nuevo vía abierta a la formación del clero y a la jurisdicción eclesiástica, una vez que Bismarck, gracias a su moderación en la política eclesiástica, logró entenderse con el papa León III. La base jurídica en las relaciones entre I. y E., entendida en el sentido de una consolidación teórica de la soberanía eclesiástica por parte del Estado, y creada con la abolición de las leyes de la lucha por la cultura, permaneció en vigor hasta 1918.

Bajo la influencia de corrientes laicistas se produjeron graves conflictos entre la I. y el E., sobre todo en países católicos (como Francia, Italia, Portugal, Bélgica); tal sucedió en Italia, con motivo de la cuestión romana, donde el principio de separación no llegó a consumarse, pero las llamadas «leyes de garantía» (13-5-1871) representaron la base del derecho eclesiástico del Estado italiano hasta los Pactos lateranenses (1929). Desde la constitución de 1831 existió en Bélgica un sistema «renqueante» de separación. En Francia se llegó a una separación extremadamente antieclesiástica entre I. y E. (ley de separación del 11-12-1905); lo mismo que en Portugal después de la caída de la dinastía, donde la separación se realizó con una hostilidad manifiesta y rompiendo por completo las relaciones con Roma (24-5-1911).

En Alemania cobró nueva actualidad la idea de separación en 1918, cuando el establecimiento de la república creó una situación nueva para la Iglesia, más grave para los protestantes que para los católicos, por la estrecha vinculación de aquéllos a la organización estatal existente hasta entonces. Aunque la constitución de Weimar defendiera en principio la separación entre I. y E., sin embargo también tuvo en cuenta la situación de la Iglesia en Alemania creada por el proceso histórico y dejó abierto el camino a un nuevo desarrollo de las relaciones entre los dos poderes. Así se llegó, después de 1918, a diferentes acuerdos concordatarios con la Santa Sede (Baviera 1924, Prusia 1929, Baden 1932). Los esfuerzos por un concordato conel Reich llegaron a su fin el 8-7-1933, aun cuando ya antes de que el nacionalsocialismo conquistara el poder las más altas personalidades eclesiásticas habían denunciado la incompatibilidad del sistema con el catolicismo. El concordato con el Reich se concluyó por parte de la curia con la intención de asegurar la mayor protección posible (incluso internacionalmente) a la Iglesia católica en Alemania; pero no pudo impedir la lucha antieclesiástica, en el transcurso de la cual las distintas Iglesias acabaron viéndose desplazadas por completo de su carácter público tanto estatal como social y reducidas en su actividad a la esfera eclesiástica más interna.

Ya en 1919 (caída de la monarquía y fin de la unidad de trono y altar) se introdujo para la Iglesia evangélica un reordenamiento decisivo de sus relaciones con el Estado. En lugar de la vinculación tradicional de la Iglesia al Estado se acentuó la autonomía eclesiástica, y las medidas del nacionalsocialismo después de 1933 la obligaron a la delimitación frente al Estado, que encontró su primera gran expresión en la declaración teológica de Barm de 1934 (Bekennende Kirche) y cuyas huellas sigue asimismo el ordenamiento fundamental de la Iglesia evangélica alemana del 13-7-1948, que en el artículo tercero proclama la independencia de la organización y administración eclesiásticas y reserva a un tratado la regulación de sus relaciones con el Estado.

El acercamiento de las dos grandes confesiones cristianas, motivado por la lucha antieclesiástica del nacionalsocialismo, ha influido decisivamente en el desarrollo del derecho que regula en Alemania las relaciones entre Iglesia y Estado a partir de 1945.

En España, para regular las relaciones de la I. con el E., en 1640 se firmó un primer tratado (Concordia Fachenetti) entre Felipe iv y Urbano vii, que tendía a delimitar la actividad de los nuncios. Bajo el centralismo de los Borbones los principales puntos de conflicto fueron el «Patronato Real» (nombramiento de los jerarcas eclesiásticos por parte del rey) y el Exequatur (aprobación regia de las disposiciones papales). A consecuencia del reconocimiento papal del archiduque Carlos, Felipe v rompió las relaciones con la Santa Sede. Sin embargo, para resolver los asuntos más urgentes firmó el acuerdo de El Escorial. El concordato de 1753, entre Fernando vi y Benedicto xiv, confirmó ampliamente el Patronato Real, pero se rompió a la muerte de Fernando vii (1833) a causa de la negativa papal a reconocer el nombramiento de algunos obispos mientras estuviera pendiente la guerra civil. Las discrepancias aumentaron con la desamortización de Mendizábal. En 1851 se llegó a un nuevo concordato, en que se resolvía el problema de la desamortización y se limitaba el Patronato Real. La nueva ruptura por las leyes de desamortización de 1854-56 se solucionó en el convenio adicional de 1859. El nuevo acuerdo estuvo vigente hasta 1931. Actualmente las relaciones entre I. y E. en España se rigen por el concordato de 1953, cuya revisión está sometida a estudio.