5. La ley humana


a) Ley humana y seguimiento de Cristo

Cuando Santiago dice que "uno solo es el legislador" (Iac 4, 12) no quiere desechar la ley humana como superflua, sino, por el contrario, hacerla remontar a su fuente original, que es Dios. Así nuestra vida moral, aun en el terreno de la ley, no ha de ser simple sujeción a los hombres y a sus leyes, sino ^.que ha de ser siempre, en su más honda entraña, seguimiento de Cristo. Por lo mismo, cuándo Cristo nos somete a la Iglesia y a sus leyes, y en la nación a las leyes civiles, la obediencia que prestamos a estas diversas entidades se dirige a Cristo mismo. Pero el seguimiento de Cristo nos da también la medida y los límites de la obediencia a las leyes humanas.

Jesús "conocía lo que hay en el hombre" (Ioh 2, 25). Conocía las faltas de la autoridad civil y religiosa, como también, por propia y dolorosa experiencia, la debilidad de sus apóstoles; y, sin embargo, concedió a esos mismos apóstoles y a sus sucesores una autoridad legislativa sobre la Iglesia. ^"Quien os oye a vosotros me oye a mí" (Lc 10, 16). "Como mi Padre me envió, os envío yo a vosotros" (Ioh 20, 21 ; cf. Mt 16, 19; 18, 18).

Aunque el bien perseguido por las leyes humanas no se muestre con la misma seguridad y claridad que en las leyes divinas, la naturaleza social del hombre le impone a éste la necesidad de someterse a ellas. La autoridad y las leyes son necesarias para su desarrollo moral. También la sociedad necesita las leyes, sobre todo para posibilitar el orden social que presta al individuo los servicios necesarios para su perfeccionamiento moral y humano. Una rígida reglamentación legal es doblemente necesaria, a causa del pecado original. Si no se encauzara legalmente el abuso que los malos pueden hacer de su libertad, pronto perderían los buenos su libertad para el bien, por la seducción o la violencia que los malos ejercerían sobre ellos. Aquí está el gran error de las democracias occidentales en su concepción de la libertad. La ley, con sus medios coercitivos, viene a ser un indispensable medio de educación para la debilidad humana y de protección frente a la malicia de los hombres (Rom 13, 3 ss.).

Mas la ley humana no es sólo una cruz. Es también guía hacia la justicia, apoyo de la debilidad, realización del orden de la sabiduría divina, obra de amor por la sociedad y para la sociedad. La ley de la Iglesia, sobre todo, aunque se presente con los atavíos de la humana imperfección, y por eso mismo con el carácter problemático de todo lo humano, ofrece en su más íntima esencia tina seguridad divina. En su función legisladora está asistida la Iglesia por el Espíritu Santo, de modo que en sus órdenes nada hay pecaminoso, y nada falso en las cosas esenciales. Por otra parte, todos los problemas referentes a las leyes civiles pierden también gran parte de su gravedad, toda vez que la Iglesia, guardiana infalible de la moral, puede precaver a sus hijos contra toda ley pecaminosa o moralmente peligrosa.

Lo que tiene de bueno la imperfección de los códigos escritos es que no deja olvidar que la ley y su cumplimiento no son más que una parte de la perfección moral. ^"Aunque ninguna comunidad, familia o estado pueda vivir sin derecho, no viven, sin embargo, del derecho, sino sólo mediante el derecho. El matrimonio y la familia viven del amor^" ". Esto vale sobre todo del Corpus Christi mysticum de la Iglesia y de nuestras relaciones con ella. También la Iglesia vive mediante el derecho, pues necesita encuadrar su vida en un marco legal ; mas no vive del derecho, sino del amor de Cristo, de la gracia del Espíritu Santo y de la plenitud de gracia y amor de sus miembros, aunque en esta plenitud entre también la obediencia a sus leyes. Los actos legislativos son sólo una faceta del ministerio pastoral y amoroso de la Iglesia.

El tener que someterse a la autoridad de las leyes humanas mantiene al hombre en la humildad y le da a palpar constantemente que, por naturaleza, no está en ^"directo contacto con Dios^". Cierto es que en la oración podemos hablar directamente con Él; pero nuestra obediencia y nuestro amor no le son gratos si no van corroborados por el sincero esfuerzo por cumplir conforme a nuestras fuerzas, con las leyes de la comunidad en que vivimos, si no obramos el amor dentro del marco del derecho y de la ley.

La obligación en conciencia que imponen las leyes eclesiásticas se deduce claramente del establecimiento por Cristo de la autoridad eclesiástica. La obligación en conciencia de las leyes civiles puede deducirse naturalmente de la naturaleza social del hombre. Pero la sagrada Escritura la enseña claramente, haciendo derivar la autoridad humana de la de Dios: "Por mí reinan los reyes y los jueces administran la justicia" (Prov 8, 15), "Amonéstales que vivan sumisos a los príncipes y a las autoridades, que les obedezcan, que estén prontos para toda obra buena" (Tit 3, 1), "Toda alma se someta a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino por Dios, y las que existen, por Dios han sido ordenadas. De suerte que quien resiste a la autoridad, resiste a la ordenación de Dios... Por lo cual fuerza es someterse, no sólo por el castigo, sino también por conciencia. Pagad a todos lo que debáis : a quien tributo, tributo; a quien aduana, aduana; a quien temor, temor; a quien honor, honor" (Rom 13, 1 ss).

Pues bien, tengo por absolutamente falsa la teoría sobre la existencia de leyes meramente penales, esto es, de leyes que en cierto modo dejaran al súbdito la facultad de elegir libremente y sin falta ninguna entre el cumplimiento de lo mandado y la pena establecida. En este supuesto no se podría hablar ya de pena justa, pues donde la acción no es obligatoria su omisión no constituye falta, y donde no hay falta la pena no tiene sentido o es injusta. A lo sumo se podría pensar que tales leyes enuncian una simple "medida educativa o directiva", sin carácter penal. Mas ¿para qué "educar" con tanto rigor en cosas a que no se quiere obligar? (Muy otra cosa son los ejercicios de humildad y penitencia impuestos por las reglas monásticas, que en realidad no tienen carácter de castigos.)

Es, por lo demás, insensato creer que el legislador no quiere comprometer la conciencia, cuando intenta alcanzar su objetivo por medio de la pena. La obligación de una ley no proviene de la apelación que el legislador haga a la conciencia, sino de la rectitud y justicia de la ley misma.

Hay que decir, por último, que la fijación de una sanción penal es indicio de la importancia que el legislador concede a la guarda de una ley.

Una ley cuyo cumplimiento sea física o moralmente imposible, no obliga; pero si al menos una parte esencial de una ley es justa y moralmente factible, obliga.

3. Libertad frente a las leyes injustas

Las leyes injustas, de suyo, no obligan en conciencia, puesto que les falta el fundamento mismo de la obligación, que es la justicia. Las leyes y las órdenes que exigen algo inmoral en sí, no deben obedecerse jamás (cf. Act 5, 29).

Cuando, además de ser injusta, exige la ley alguna cosa que es mala de por sí, hay obligación de observar la resistencia pasiva, lc que quiere decir que no se ha de obedecer ni realizar ; mas no es obligatoria la resistencia activa, esto es, el tumulto, la rebelión.

No toda ley que vaya contra la moralidad autoriza una rebelión violenta contra el legislador. La oposición activa a la autoridad sólo está permitida cuando ésta es ilegítima o cuando su acción tiende a socavar la ley o el orden moral de la sociedad, suponiendo todavía que con ello no se agrave el mal y que haya perspectivas de restablecer el orden.

Si la ley es injusta, pero la prestación pedida es, en cuanto a la moral, o indiferente o buena, la ley no obliga de por sí, o sea con obligación intrínseca. Mas liga la conciencia cuando así lo pide el orden general, la evitación de escándalo, el amor ordenado de sí mismo, la preservación contra una grande intranquilidad de conciencia o contra penas externas graves.

Hay circunstancias en que la violación de una ley que encierra exigencias injustas (pero no inmorales) es pecado grave; tal es el caso cuando de ello resultaría un perjuicio desproporcionadamente grave para el bien común o un tercero. En otros casos, el cumplimiento de semejantes leyes podría constituir pecado si incluyera el incumplimiento de deberes hacia otras personas. Ejemplo: el pago de un impuesto injustamente alto, que menoscabaría los justos derechos de la familia.

En cuanto a la pena que trae aparejada la transgresión de una ley injusta, sólo obliga en conciencia cuando en realidad ha habido alguna falta, pues de lo contrario es injusta. Mas, puesto que se puede dar más fácilmente escándalo y perturbar el orden público rehusando someterse a la pena que rehusando calladamente el cumplimiento de la ley, pueden darse casos en que el cristiano esté obligado, aun en conciencia, a soportar la pena, aunque no haya habido culpa, o sólo la culpa llamada " jurídica", sin culpabilidad teológica. A mi parecer, sólo en este sentido se puede hablar de "leyes meramente penales".

1. Es grave la obligación que impone una ley cuando ella en sí, o por el fin perseguido, o por las circunstancias especiales, es de gran importancia para el bien común o la guarda del bien particular.

2. El pensamiento y la intención del legislador se deduce de los términos de la ley o de la magnitud de las penas propuestas. Es regla general, que vale para el derecho canónico vigente, que la gravedad de la sanción es indicio de que la obligación de conciencia es grave. Mas la sanción no es el fundamento de la obligación grave, sino sólo su signo.

3. Los moralistas enseñan casi todos que el legislador no puede imponer so pena de pecado grave una cosa que en todos sus aspectos sea insignificante, puesto que la misma ley divina obliga sólo levemente en cosas de poca monta. Imponer una obligación grave en cosas sin importancia sería poner un obstáculo a la salvación y al verdadero bien del hombre, siendo así que la ley es válida sólo porque se funda en ese bien. Mas no se debe olvidar que una cosa insignificante de por sí puede alcanzar una importancia considerable, a causa de alguna especial circunstancia y, por lo mismo, ser objeto de una grave obligación. Sirva de ejemplo la obligación del secreto: una pequeña indiscreción puede frustrar empresas importantes. Siendo así que la autoridad suele estar mejor situada para juzgar la importancia de cada caso, al juzgar de la gravedad de la obligación conviene atenerse a los términos con que se presenta.

4. Una ley positiva meramente humana, aun eclesiástica (a diferencia de un precepto de la ley natural incluso en una lev humana), en regla general no obliga cuando su observancia causa una incomodidad o daño desproporcionadamente grave, "clon daanno relative gravi"; esto es, no obliga generalmente cuando pone en peligro la vida, el honor, la salud o los bienes temporales. Claro está que una molestia o perjuicio, aun grave, que sea esencial e intrínseco al cumplimiento de la ley, no dispensa de ninguna manera de la obligación de observarla. Sólo un perjuicio mayor de lo que corresponde a la importancia de la ley puede desligar de su obligación. En especiales circunstancias, como cuando está en juego el bien común o la salvación del prójimo (verbigracia, en el cumplimiento de los deberes propios del soldado o del sacerdote), o cuando el quebrantamiento de la ley podría causar grave escándalo, o perjudicar al transgresor más que su observancia, entonces la ley humana puede obligar aun con peligro de la salud y de la vida, pues el bien común está sobre el particular. Es evidente, empero, que tal obligación no deriva propiamente de la ley humana como tal, sino de una ley divina o natural más elevada que entra en juego.

5. La obligación legal impuesta por una ley humana se extiende directamente al cumplimiento exterior y sólo indirectamente a la disposición interior con que se ha de realizar. No sería, con todo, exacto afirmar que, en general, la ley sólo se ocupa de la acción exterior, sin importarle nada los sentimientos. Esto sería desligar la ley de la moralidad. La ley cae de lleno en el campo de la moralidad y está intrínsecamente ordenada no sólo al bien común exterior (aunque a éste lo esté en primera línea), sino también a la moralidad de los subordinados. Y esto vale aun cuando lo único que interesa al legislador es la realización externa y de ningún modo los sentimientos, pues a nosotros nos toca considerar no sólo la intención que mueve al legislador, sino la finalidad profunda que lleva en sí toda ley.

1. El objeto de una ley positiva no puede ser sino un acto moralmente bueno en sí, o por lo menos indiferente. No ha de ser moralmente imposible o desproporcionadamente difícil. Puesto que la ley es para todos, no puede imponer cosas que sean exorbitantes — o heroicas — para la generalidad de los súbditos. En circunstancias extraordinarias, por ejemplo, en tiempo de guerra, es mucho lo que se puede pedir y también realizar, como demuestra la experiencia. Mas la irresistible coerción a que obedecen muchos de los actos realizados en circunstancias anormales, les hace perder a menudo el carácter heroico. Precisamente el heroísmo no es nunca cosa de masas.

3. El objeto final de la ley es, en primer término, el bien común. A la sociedad civil le está confiado el bien común en lo referente a los bienes económicos y culturales, especialmente la pacífica convivencia y colaboración en la prosecución de los mismos. Mas, puesto que los bienes materiales, por su intrínseca destinación, están subordinados a la religión y a la moral, la ley civil ha de cuidar de ellos en tal forma, que su utilidad social facilite la consecución del fin eterno o, por lo menos, no la dificulte.

La ley es también injusta cuando el legislador se sale de su competencia. Así, por ejemplo, la reglamentación de asuntos religiosos, hecha exclusivamente por el Estado, sería injusta aunque sus disposiciones fueran las mismas que la Iglesia podría adoptar.

La Iglesia puede imponer actos puramente interiores, toda vez que a ella se le ha confiado el fuero interno — o sea, el gobierno interior de las almas —, el sacramento de la penitencia, y además el fuero interno extrasacramental, fuera de dicho sacramento. Siendo juez de la penitencia, puede en cierto modo juzgar de ellos y aun exigirlos (aunque siempre, claro está, por medios espirituales) En cuanto a si puede la Iglesia imponer actos puramente interiores en su misma legislación, es asunto debatido. De hecho, en su legislación no impone la Iglesia como obligatorio ningún acto puramente interno, excepto cuando interpreta e intima los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando impone acciones exteriores, lo hace como intermediaria que es de la salvación, y por tanto no exige sólo la realización exterior, sino también los sentimientos internos que son indispensables al significado moral y religioso del acto.

La Iglesia supone que los niños de siete años son ya responsables, de manera que están obligados a la observancia de sus leyes, mientras no se diga lo contrario. Respecto de las penas — latae sententiae —, considera responsables sólo a los púberes.

Según el derecho internacional, los gobiernos y sus embajadas gozan en el país extranjero del privilegio de la extraterritorialidad. Esto quiere decir que no están sujetos a las leyes del lugar, ni siquiera en cuanto a las formalidades jurídicas (excepto en el derecho contractual, si la otra parte lo está). En cierto modo llevan consigo la patria y sus leyes.

1. El camino más seguro para aclarar las oscuridades es la interpretación auténtica del mismo legislador, de su sucesor o de su representante. Si se trata de una interpretación extensiva o restrictiva, o de la de una ley realmente dudosa, tal interpretación sólo obliga al ser promulgada. Un rescripto o una decisión dada para un caso particular no vale sin más como interpretación auténtica. Mas si el caso es típico, se puede usar con mayor o menor seguridad para deducir la intención del legislador.

2. Ordinariamente la interpretación de las leyes corre a cargo de los juristas, que dan la interpretación científica y doctrinal. Se apoya sobre el texto, el contexto, los lugares paralelos, el fin, las circunstancias y motivos de la legislación, la ratio legis ^28. El valor de la interpretación doctrinal se mide por las razones y la autoridad del intérprete. La concordancia general de los comentaristas proporciona la seguridad moral de que su interpretación es exacta y tiene valor jurídico; pues el legislador no podría callar en caso de que no la aprobase.

3. La costumbre, en una comunidad buena y observante, es una excelente intérprete de la ley. La costumbre puede invalidar una ley o introducir una nueva. Los requisitos para que produzca semejantes efectos "legislativos" son: a) que la costumbre sea razonable, esto es, irreprochable y provechosa para el bien común; b) que haya durado un tiempo prudencial (el derecho canónico can. 25 ss determina la necesaria duración para las costumbres "según la ley", "fuera de la ley", "contra la ley") ; c) que el legislador no la haya reprobado. Según esto, lo que propiamente confiere a la costumbre su fuerza legal y su facultad de invalidar otras leyes, es la aprobación del legislador.

El derecho consuetudinario caduca cuando entra en oposición con un nuevo derecho escrito y legítimamente promulgado. Mas, en general, no se ha de presuponer que una ley general anule las costumbres legítimas contrarias, cuando no se diga expresamente.

Siendo la costumbre un fuerte apoyo para el conocimiento y observancia de la ley, los cambios frecuentes de legislación son perniciosos. Por otra parte, un falso conservadurismo no debe retardar los cambios que la evolución histórica hace necesarios, pues de otro modo las leyes vendrían pronto a ser injustas.

La epiqueya, como virtud, no tiende a eludir la ley, sino a cumplirla más perfectamente de lo que manda la letra. Esta virtud presupone el espíritu de verdadera libertad; libertad frente a la letra, y libertad frente al propio y cómodo egoísmo.

a) La imposibilidad física o moral desliga de una obligación sin más requisitos. Mas cuando se prevé que un aplazamiento hará imposible obedecer la ley, se ha de cumplir ya con ella en caso de que el tiempo en que obliga haya comenzado a correr.

Además de la expresa abrogación por el legislador competente, una ley queda automáticamente derogada por haber perdido su sentido o su finalidad. Caduca una ley cuando su subsistencia se hace nociva para la sociedad o comunidad, o cuando ya no tiene razón de ser, o si el fin perseguido se ha hecho del todo inasequible. Mas si subsiste uno de los fines de la ley, la obligación sigue en pie.

4. El privilegio

La dispensa suspende la obligación de la ley en casos particulares. Se distingue, pues, del privilegio en que no es una facultad permanente o una ley particular objetiva. Puesto que las leyes útiles para la generalidad pueden ser inoportunas para una persona o caso determinado, el legislador puede, y aun a veces debe, dispensar de ellas. Sería, sin embargo, muy perjudicial para las leyes el dejar que cada uno pudiera decidir, aun en caso de duda, si puede o no eximirse de leyes importantes. El legislador no puede presumir que todos los individuos poseen la virtud de epiqueya en grado perfecto, la cual, por lo demás, no se aplica propiamente en los casos estrictamente dudosos. De ahí la necesidad ole reglamentar la concesión de dispensas. Especialmente cuando se trata de leyes ole gran trascendencia (por ejemplo, las del indice de libros prohibidos) y en los casos en que no es claro que existan motivos suficientes de excusa o de epiqueya, no queda más remedio que pedir la dispensa al legislador o a su delegado.

Los superiores subordinados al legislador sólo pueden dispensar cuando han recibido poder para ello. Peca el superior que concede una dispensa inmotivada, y además la dispensa es inválida si tal superior no es el legislador, sino un subalterno suyo. En caso ole duda, sin embargo, la dispensa es lícita y válida. Es inválida la dispensa obtenida indicando un motivo falso. Desapareciendo el motivo que justificaba la dispensa, caduca ésta. Los detalles incumben al derecho.