El Vaticano en la ONU: Subsidiaridad
y solidaridad, principios de las políticas familiares
Intervención con motivo del décimo aniversario del Año Internacional de la
Familia
NUEVA YORK, lunes, 9 febrero 2004 (ZENIT.org).-
Publicamos la intervención de este viernes pronunciada por el arzobispo
Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas, con motivo del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia,
celebrado durante la XLII sesión del Comité de Desarrollo Social.
* * *
Señor presidente:
Este año, en el que las Naciones Unidas celebran el décimo aniversario del Año
Internacional de la Familia, mi delegación desea ante todo subrayar una vez más
la importancia que la Santa Sede atribuye a la institución de la familia.
Mi delegación considera que la familia debería desempeñar un papel primordial y
central en la promoción de una sociedad sana. En efecto, la familia es el primer
lugar de la integración social, pues constituye la primera célula de la sociedad
y su fundamento.
Para la Santa Sede la familia es una institución natural basada en el matrimonio
--unión íntima y complementaria de un hombre y una mujer--, que en cuanto tal
posee derechos propios e inalienables. Mucho más que una simple unidad jurídica,
sociológica y económica, la familia constituye una comunidad de amor y
solidaridad. Por eso es particularmente apta para realizar la integración de
todos los miembros que la conforman, ya sean jóvenes, ancianos o discapacitados.
Se puede por tanto afirmar con facilidad que una familia así concebida puede
servir de modelo de integración social a escala más grande.
Pero también es verdad que, como lo reconoce precisamente el Informe sobre la
situación social en el mundo del año 2003, el mundo de hoy plantea a la familia
grandes desafíos. En particular, como se puede leer en el Informe, «los jóvenes
que viven en familias con disfunciones, caracterizadas por conflictos, un
control inadecuado de los padres, por lazos dependientes de otros miembros de la
familia ampliada y de la comunidad, y por una autonomía prematura, afrontan el
riesgo o la realidad de la exclusión social, y tienen una representación muy
superior entre los delincuentes menores».
Todos estos motivos llevan a mi delegación a insistir en la urgencia de adoptar
políticas familiares a la altura de las exigencias actuales. En efecto, mi
delegación está convencida de que estas políticas constituyen la manera ética y
concreta de resolver las crisis de las sociedades y de garantizar un porvenir a
la democracia. La promoción y la ayuda de la familia en el seno de la sociedad
pueden contribuir y ciertamente contribuirán a mejorar la eficacia del sector
público y a asegurar de este modo el progreso del desarrollo social.
Es verdad que concebir políticas de este tipo no es fácil. En efecto, tienen que
mantener un justo equilibrio con el principio de la subsidiariedad, en virtud
del cual, «el Estado no puede ni debe substraer a las familias aquellas
funciones que pueden igualmente realizar bien, por sí solas o asociadas
libremente, sino favorecer positivamente y estimular lo más posible la
iniciativa responsable de las familias» (Juan Pablo II, Familiaris consortio, n.
45). Por otra parte, las políticas familiares y las legislaciones, en las que
estas políticas toman forma, deben responder a un deber de justicia,
inspirándose en el principio de solidaridad entre los diferentes sectores de la
sociedad y entre las generaciones. La exigencia de solidaridad, que ya inspira
las políticas relativas al desempleo, a la salud y a las jubilaciones, debe
respetarse igualmente por lo que se refiere a las políticas familiares, que no
pueden reducirse a políticas fiscales de redistribución de los ingresos, ni a
políticas de asistencia pública.
Inspirándose en estos dos principios los responsables pueden afrontar con éxito
los desafíos que plantea la integración social de las categorías más débiles de
la sociedad: entre los que se encuentran los jóvenes, las personas ancianas, los
discapacitados. A la luz de estos dos principios las legislaciones a favor de la
familia pueden respetar el derecho de esta última a beneficiarse de medidas
sociales que tengan en cuenta sus necesidades, en particular, cuando la familia
tiene que soportar cargas suplementarias a causa de la vejez, de discapacidades
físicas o psíquicas de sus miembros, o de la educación de los niños.
Hoy más que nunca la familia tiene necesidad de una protección especial por
parte de las autoridades públicas. Los Estados tienen la responsabilidad de
defender la «soberanía» de la familia, pues esta última constituye el núcleo
fundamental de la estructura social. En definitiva, defender la soberanía de la
familia es contribuir a la soberanía de las naciones. De este modo, el
reconocimiento de los derechos de la familia constituye un aspecto fundamental
de la promoción de los derechos del hombre.
Muchas gracias, señor presidente.
[Traducción del original francés realizada por Zenit]
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