Uno de los ejemplos más claros de esta construcción de una nueva forma política, lo constituye la Revolución Francesa de 1789. El Artículo III de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decía: «El origen de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo o grupo de hombres está facultado para ejercer ninguna autoridad que no derive expresamente de ella». Este concepto republicano de nación hace referencia explícita a la soberanía popular, al consentimiento de todos, como nueva forma de legitimación del Estado. No es una comunidad de procedencia, sino un contrato, una nación de ciudadanos. Nación se entiende como un conjunto de individuos capaces de participar en la vida política común, es decir, personas gobernadas por la misma ley y representadas por la misma asamblea legislativa. No se trata necesariamente de una identidad cultural, sino de una identidad de derechos. Lo que define a la nación es el reconocimiento recíproco de estos derechos. En definitiva, nación como una asociación de ciudadanos libres e iguales, fundada en el contrato social.

Existen diferentes tipos de movimientos nacionalistas, que suelen agruparse en tres fases históricas diferentes: a) La formación de los Estados nación en Europa y EE.UU., en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX; b) el período de entreguerras, que afecta a los países del tercer mundo y al proceso de descolonización; c) finales de los sesenta, en contra de los Estados nacionales occidentales ya establecidos.

La definición de nacionalismo antes dicha, y el uso posterior de nación para referirse a los Estados soberanos, parecen olvidar dos cuestiones básicas. En primer lugar, la dificultad de definir los rasgos definitorios de lo nacional y, en consecuencia, de establecer las fronteras de separación, es decir, los criterios de pertenencia y de exclusión. En segundo lugar, la legitimación de los Estados de derecho se apoya básicamente en el /consenso o contrato social entre todos sus miembros, esto es, en el reconocimiento de la libertad e igualdad de todos, y en los principios de /justicia que derivan de este reconocimiento. Estos olvidos son la causa de la ambigüedad que arrastran los nacionalismos, y de las reservas que la opinión pública tiene ante ellos. Hoy en día, asistimos a una nueva situación que, si bien ha elevado a los primeros planos las exigencias nacionalistas, también ha explicitado con toda su crudeza la ambigüedad descrita. Por una parte, el derrumbe de los Estados comunistas ha producido un resurgimiento de las identidades nacionales en contextos políticos sin apenas tradición democrática. Por otra, las emigraciones masivas de estos países y de las zonas africanas y asiáticas, está propiciando un tejido social multirracial y multicultural y, con ello, difuminando la rigidez de las identidades nacionales. Pero además, existe un tercer factor clave en la definición de esta nueva situación: la pérdida de soberanía estatal. Al igual que la economía había sido una de las causas decisivas en la formación de los Estados nacionales, es también ahora la presión económica la causante de la ruptura de los límites de los Estados y de su integración en estructuras políticas supraestatales. Los Estados ya no son autosuticientes para enfrentarse a las cuestiones económicas, pero tampoco lo son para controlar los procesos de información, ni para atajar los problemas ecológicos. El concepto de soberanía que Bodino concibiera como «la capacidad de legislar sin consentimiento de mayor, igual o inferior», está dejando de tener sentido para muchos Estados. Un ejemplo claro de ello lo constituye la Unión Europea.