PARA
UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA
El
reto de la reforma agraria
del
PONTIFICIO
CONSEJO « JUSTICIA Y PAZ »
PRESENTACIÓN
El
presente documento, « Para una mejor distribución de la tierra. El reto de
la reforma agraria », se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte
toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que
desencadena el fenómeno de la concentración y de la apropiación indebida de
la tierra.
Se
trata de problemas que golpean en su dignidad a millones de seres humanos y
privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo.
De
frente a situaciones marcadas por tanta e inaceptable injusticia, el Pontificio
Consejo Justicia y Paz ha pensado ofrecer este documento para la reflexión y la
orientación, haciéndose intérprete de una doble solicitud, aquélla
proveniente de los pobres y aquélla proveniente de los pastores: pronunciar,
con evangélica franqueza, una palabra sobre las situaciones escandalosas,
presentes en casi todos los continentes, respecto a la propiedad y el uso de la
tierra.
El
Pontificio Consejo, sirviéndose del rico patrimonio de sabiduría acumulada en
la doctrina social de la Iglesia, ha considerado suyo el improrrogable deber de
llamar la atención de todos, especialmente de los responsables políticos y
económicos, a emprender apropiadas reformas en el campo agrario para iniciar
una estación de crecimiento y de desarrollo.
No
se debe dejar transcurrir el tiempo en vano. El Grande Jubileo del 2000,
proclamado por el Santo Padre Juan Pablo II para conmemorar el Único Salvador
Jesucristo, es una llamada alta y comprometedora a una conversión, también en
el plano social y político, que restablezca el derecho de los pobres y de los
excluidos a gozar de la tierra y de sus bienes que el Señor ha dado a todos y a
cada uno de sus hijos e hijas.
PREMISA
1. El
modelo de desarrollo de las sociedades industrializadas es capaz de producir
enormes riquezas, pero pone en evidencia insuficiencias graves a la hora de
redistribuir equitativamente los frutos y cuando se trata de fomentar el
crecimiento de las áreas más atrasadas.
Ni
siquiera las economías desarrolladas se libran de esta contradicción, sin
embargo la gravedad de esta situación alcanza dimensiones dramáticas en las
economías en vías de desarrollo.
Esto es
patente en el fenómeno constante de la apropiación indebida y de la
concentración de las tierras, es decir del bien que, puesto que la economía de
los países en vías de desarrollo están basadas en la agricultura, constituye
junto con el trabajo, el factor de producción fundamental y la fuente principal
de la riqueza nacional.
Este
estado de cosas es frecuentemente una de las causas más importantes del hambre
y la miseria y constituye una negación concreta del principio, que nace del
origen común y de la fraternidad en Dios (cf. Ef 4, 6) que todos los
seres humanos nacen con igualdad de derechos y dignidad.
2. En
el umbral del Tercer Milenio de la era cristiana, el Papa Juan Pablo II invita a
toda la Iglesia a « subrayar más decididamente la opción preferencial ... por
los pobres y los marginados » y señala « en el compromiso por la justicia y
la paz en un mundo como el nuestro, marcado por tantos conflictos y por
intolerables desigualdades sociales y económicas, ... un aspecto sobresaliente
de la preparación y de la celebración del Jubileo ».[1]
Bajo
esta perspectiva y con el presente documento, el Pontificio Consejo Justicia y
Paz pretende encarar el dramático problema de la apropiación indebida y de la
concentración de las tierras en el latifundio,[2]
pidiendo una solución y señalando el espíritu y los objetivos que tienen que
marcar el paso.
El
documento presenta de forma sintética:
– una
descripción del proceso de concentración de la propiedad de las tierras donde
no está distribuida de forma equitativa;
– los
principios que deben inspirar las soluciones de este grave problema, según el
mensaje bíblico y eclesial;
– la
solicitación de una reforma agraria eficaz como condición indispensable para
llegar a un futuro de mayor justicia.
El
documento pretende llamar la atención de quienes se preocupan por los problemas
del mundo de la agricultura y del desarrollo económico en general, sobre todo
la de los responsables, nacionales e internacionales, sobre los problemas
vinculados con la propiedad de las tierras e incitarles a que actúen
urgentemente. Sin embargo, no se trata de un documento con una propuesta
política puesto que ésta no es de competencia de la Iglesia.
3. El
Consejo Pontificio Justicia y Paz se convierte en portavoz de las solicitaciones
procedentes de muchísimas Iglesias locales, que tienen que enfrentarse
diariamente con los problemas tratados aquí.
Leyendo
las numerosas intervenciones de los Obispos y de las Conferencias Episcopales
sobre el tema de las tierras y de su distribución equitativa[3]
se ve claramente la atención y la preocupación que tiene la Iglesia por estos
temas puesto que intenta construir la sociedad bajo la señal evangélica de la
justicia y de la paz.
Se
hará constantemente referencia a estos documentos aunque no sean citados de
forma explícita. Estos constituyen una contribución de gran valor y
significado, relatan testimonios cristianos de sufrimiento, realizados en
situaciones difíciles y dolorosas.
Tenemos
el propósito de confirmar el valor de estos testimonios y queremos alentar este
compromiso para el futuro.
CAPITULO
I
PROBLEMAS
VINCULADOS CON LA CONCENTRACIÓN
DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
La
hipoteca del pasado en la situación actual
4. La
estructura agrícola de los países en vías de desarrollo se caracteriza a
menudo por una distribución de tipo dual. Un pequeño número de latifundistas
posee la mayoría de las tierras cultivables mientras que una multitud de
pequeñísimos propietarios, de arrendatarios y de colonos cultivan el resto de
las tierras que a menudo son de peor calidad. El latifundio es característico
hoy en día del régimen de la tierra de casi todos estos países.[4]
El
proceso de concentración de la propiedad de la tierra tiene orígenes
históricos diferentes, que varían de una región a otra. Hay que decir, por el
gran interés que tiene para nuestra reflexión, que en las áreas que fueron
sometidas a la dominación colonial, la concentración de las tierras en grandes
fundos se ha difundido sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado,
mediante la progresiva apropiación privada de la tierra, secundada por leyes
que han introducido graves distorsiones en el mercado de las tierras.[5]
La
apropiación privada de la tierra no ha conllevado solamente la creación y la
consolidación de los latifundios sino también la pulverización de las
pequeñas propiedades.
El
pequeño cultivador[5]
podía, en el mejor de los casos, adquirir una pequeña superficie de tierra,
para cultivarla con su familia. Cuando ésta aumentaba, él no estaba en
condiciones de ampliar su propiedad, a no ser que estuviera dispuesto a
trasladarse con su familia hacia tierras menos fértiles y más lejanas, que
requerían más trabajo por cada unidad de producto.
Se
sentaban, de esta forma, las bases de una ulterior fragmentación de la que ya
era una pequeña superficie de tierra poseída y por lo tanto el empobrecimiento
del cultivador y de su familia.
5. En
los últimos decenios la situación no ha cambiado de forma sustancial, es más,
en muchos casos ha ido empeorando progresivamente aunque la realidad demuestre
el impacto negativo que tiene en el crecimiento económico y en el desarrollo
social.[7]
En el
origen de esta situación, está la interacción de una serie de fenómenos
graves que, a pesar de las peculiaridades nacionales, poseen características
muy parecidas entre los diferentes países.
Los
caminos del desarrollo económico recorridos por los diferentes países en vías
de desarrollo en los últimos decenios han favorecido el proceso de
concentración de la propiedad de la tierra. En general, este proceso parece ser
la consecuencia de las medidas de política económica y de los vínculos
estructurales inmutables a corto plazo y el causante de costes económicos,
sociales y medio ambientales.
Evaluacion
critica de las medidas de politica economica
La
industrialización a expensas de la agricultura
6. Para
modernizar de forma rápida las economías nacionales, muchos países en vías
de desarrollo se han basado sobre todo en la convicción, a menudo no
justificada, de que la industrialización rápida puede mejorar el bienestar
económico general aunque tenga lugar a expensas de la agricultura.
Estos
países han tomado, por lo tanto, medidas de protección de las producciones
industriales internas y de manipulación de los tipos de cambio de las monedas
nacionales en desventaja de la agricultura; medidas de sostenimiento del poder
adquisitivo de las poblaciones urbanas basadas en el control de los precios de
los productos alimenticios; o bien otras medidas que, al alterar el mecanismo de
distribución de los mercados, han conllevado un empeoramiento de las
condiciones de cambio de la producción agrícola con respecto a la producción
industrial.
La
consiguiente caída de las rentas agrícolas ha afectado duramente a los
pequeños productores hasta el punto que muchos de ellos han abandonado la
agricultura. Todo esto ha favorecido el proceso de concentración de la
propiedad de la tierra.
Los
fracasos de la reforma agraria
7. En
los últimos decenios, en muchos países en vías de desarrollo se han realizado
reformas agrarias para asegurar una equitativa repartición de la propiedad y
del uso de la tierra. Sólo en algunos casos estas reformas han alcanzado los
objetivos establecidos. En la mayoría de estos países sin embargo estas
reformas no han dado los resultados prometidos.
El
hecho de creer que la reforma agraria consiste fundamentalmente en un simple
reparto y asignación de tierras ha sido una de las mayores equivocaciones.
Los
fracasos se pueden atribuir en parte a una inadecuada evaluación de las
necesidades del sector de la agricultura en transición, de una fase de
subsistencia a una fase de integración con los mercados nacionales e
internacionales, y en parte también a una falta de profesionalidad en la
elaboración de los proyectos, en la organización y en la gestión de la
reforma.[8]
En
resumen, las medidas de la reforma agraria no han alcanzado sus objetivos: de
reducir la concentración de la tierra en los latifundios, de crear empresas
capaces de crecer de forma autónoma, de impedir la expulsión de los campesinos
de las tierras y la consiguiente migración hacia los centros urbanos o hacia
las tierras libres o marginales y sin infraestructuras sociales.
8. En
muchos casos los gobiernos no se han preocupado suficientemente de proporcionar
a las zonas interesadas por la reforma, las infraestructuras y los servicios
sociales indispensables; de realizar una eficaz asistencia técnica; de asegurar
un acceso justo al crédito con costes tolerables; de limitar las distorsiones
que favorecían a los latifundios; de pedir a los beneficiarios de las tierras
precios y formas de pago de éstas, compatibles con las necesidades de
crecimiento de sus empresas y con las necesidades de sus familias. Los pequeños
cultivadores, obligados a endeudarse, deben a menudo vender sus derechos y
abandonar su actividad agrícola.
Una
segunda causa importante del fracaso de las reformas agrarias nace de la falta
de consideración por la historia y por las tradiciones culturales de los
pueblos, que ha hecho que se favorezcan algunas estructuras agrícolas en
contraste con las formas tradicionales de propiedad de la tierra.
Otras
dos realidades han contribuido a desestabilizar de forma notable el proceso de
reforma: una lamentable serie de formas de corrupción, de servilismo político
y de colusión que han llevado a asignar amplias parcelas a los miembros de los
grupos directivos, y la presencia de
empresas
extranjeras, preocupadas por las consecuencias de la reforma agraria en sus
actividades económicas.
Las
exportaciones agrícolas
9. En
muchos países en vías de desarrollo, también las modalidades con las que las
políticas agrícolas se han encargado de la exportación de los productos
agrícolas han favorecido el proceso de concentración de la propiedad de la
tierra en manos de unos pocos.
Para
algunos productos se han adoptado políticas de control de los precios que
aventajan a las grandes empresas agro-industriales y a los cultivadores de
productos de exportación, y desgraciadamente han penalizado a los pequeños
cultivadores de productos tradicionales.[9]
Otras
medidas han hecho que todas las infraestructuras y todos los servicios se
hicieran en base a los intereses de los latifundistas. En otros casos, las
políticas fiscales sobre la agricultura han incrementado los beneficios de
ciertos grupos de propietarios (las personas físicas o de las sociedades de
capitales) y han consentido una amortización, en tiempos relativamente
reducidos, de las inversiones, sin prever impuestos progresivos y consintiendo
por otra parte una fácil evasión fiscal. Ha habido además políticas de
concesión de crédito a la agricultura que han falseado las relaciones de
precio entre el capital tierra y el trabajo.
De esta
forma se ha facilitado un proceso de acumulación basado en la inversión en
tierras. Se ha excluido de este proceso a los pequeños cultivadores que se
encuentran a menudo al margen del mercado de la tierra.
La
subida de los precios de la tierra y la disminución de la demanda de trabajo,
debido a la mecanización de la agricultura, limitan el acceso de los pequeños
agricultores, cuando no están asociados, a los créditos a largo plazo y por lo
tanto a las tierras.
10. El
objetivo de reducir la deuda internacional a través de las exportaciones puede
llevar a una disminución del nivel de bienestar de los pequeños agricultores
puesto que a menudo éstos no cultivan productos de exportación.
Las
carencias del servicio público de capacitación agrícola no permiten a estos
agricultores, que se dedican por motivos de necesidad a una agricultura de
subsistencia con el empleo de métodos tradicionales, adquirir la preparación
técnica necesaria para realizar correctamente el cultivo de los nuevos
productos. Las dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores,
escasamente integrados con el mercado, en el acceso a los créditos reducen sus
posibilidades de adquirir los factores de producción que las nuevas
tecnologías requieren. El escaso conocimiento del mercado no les permite estar
informados sobre la evolución de los precios de los productos y les impide
alcanzar el nivel de calidad que las exportaciones requieren.
En las
pequeñas propiedades, el cultivo de los productos de exportación, fomentado
por el mercado, tiene lugar a expensas de las producciones destinadas en su
mayoría al autoconsumo y, por lo tanto, expone a las familias de agricultores a
graves riesgos. Si la temporada es mala o si las condiciones del mercado no son
buenas, la familia del pequeño agricultor puede entrar en la espiral del hambre
y acumular deudas que la obligarán a perder la propiedad de sus tierras.
La
expropiación de las tierras de los indígenas
11. En
estos últimos decenios ha tenido lugar una intensa y continua expansión de las
diferentes actividades económicas basadas en la utilización de los recursos
naturales de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.
En la
mayoría de los casos, la expansión de las grandes empresas agrícolas, la
construcción de grandes instalaciones hidroeléctricas, la explotación de los
recursos mineros, petrolíferos y madereros de los bosques en las áreas de
expansión de la frontera agrícola han sido decididas, planificadas y
realizadas sin considerar los derechos de los habitantes indígenas.[10]
Todo
esto tiene lugar de forma legal, pero el derecho de propiedad promulgado por la
ley se encuentra en conflicto con el derecho de uso del suelo originado por una
ocupación y por una pertenencia cuyos orígenes se remontan a tiempos muy
lejanos.
Los
pueblos indígenas, que en su cultura y en su espiritualidad consideran la
tierra como el valor fundamental y el factor que los une y que alimenta su
identidad, perdieron el derecho legal de propiedad de las tierras donde viven
desde hace siglos en el momento en que se crearon los primeros latifundios. Se
les puede por lo tanto privar de estas tierras si los tenedores antiguos o
nuevos del título legal de propiedad quieren tomar concretamente posesión de
éstas aunque durante varios decenios no les hayan interesado para nada.
También
puede ocurrir que los indígenas corran el riesgo, absurdo pero concreto, de que
se les considere como invasores de sus propias tierras.
La
única alternativa al hecho de que se les expulse de sus tierras es el trabajo
para las grandes empresas o la emigración. A estos pueblos, de cualquier forma,
se les despoja de sus tierras y de su cultura.
Violencias
y complicidades
12. La
historia reciente de muchas áreas rurales está frecuentemente marcada por
conflictos, por injusticias sociales y por varias formas de violencia no
controlada.
La élite
terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos mineros
y madereros no han tenido reparos en muchas ocasiones en instaurar un clima de
terror para calmar las protestas de los trabajadores, obligados a soportar
ritmos de trabajo inhumanos y retribuidos con salarios que a menudo no cubren
los gastos de viaje, las comidas y el alojamiento. Se ha instaurado este clima
también para ganar los conflictos con los pequeños agricultores que llevan
mucho tiempo cultivando tierras de propiedad del Estado o bien otras tierras o
para apoderarse de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
En
estas luchas se utilizan métodos intimidatorios, se efectúan detenciones
ilegales y, en algunos casos extremos, se reclutan grupos armados para destruir
los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades,
para deshacerse de algunas personas, incluidos los que defienden a los más
débiles, entre los cuales también hay que recordar a muchos responsables de la
Iglesia.
A
menudo los representantes de los poderes públicos son cómplices de estas
violencias. La impunidad de los ejecutores y de los mandantes de los crímenes
está garantizada por las deficiencias del sistema jurídico y por la
indiferencia de muchos Estados por los instrumentos jurídicos internacionales
de defensa de los derechos humanos.
Nudos
institucionales y estructurales que se deben resolver
13. Los
países en vías de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso
actual de concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas
situaciones que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son:
las carencias y los retrasos a nivel legislativo sobre el tema del
reconocimiento del título de propiedad de la tierra y sobre el mercado del
crédito; la falta de interés por la investigación y por la capacitación
agrícola; la negligencia por los servicios sociales y por la creación de
infraestructuras en las áreas rurales.
El
reconocimiento legal del derecho de propiedad
14. El
conjunto de normas y los frágiles asentamientos administrativos, como los
catastros, de muchos países a menudo agravan las dificultades a las que se
enfrentan los pequeños agricultores a la hora de obtener el reconocimiento
legal del derecho de propiedad de la tierra que cultivan desde hace tiempo y de
la que son propietarios de hecho. Ocurre con frecuencia que se les quite las
tierras a los agricultores porque éstas caen, por ley, en manos de quienes al
tener más medios económicos y más información pueden conseguir el
reconocimiento del derecho de propiedad.
El
pequeño cultivador de cualquier forma sale perdiendo: la incertidumbre sobre el
título de propiedad de la tierra representa en efecto un elemento que no anima
a invertir, hace aumentar los riesgos para el agricultor en el supuesto de que
éste incremente las dimensiones de su finca y disminuye las posibilidades de
acceso al crédito utilizando la tierra como garantía. Además esta
incertidumbre representa un incentivo a explotar en exceso los recursos
naturales del fundo sin considerar las consecuencias vinculadas a la
sostenibilidad medio ambiental y sin preocuparse por las futuras generaciones.
El
mercado del crédito
15. Las
normas tradicionales sobre los créditos contribuyen a producir los efectos
arriba mencionados. El pequeño agricultor se enfrenta a muchas dificultades
para acceder a los créditos necesarios para mejorar las tecnologías de
producción, para incrementar sus propiedades, para hacer frente a las
adversidades, a causa del papel que tiene la tierra, considerada como un
instrumento de garantía y a causa de los costes elevados que las financiaciones
de importes limitados conllevan a los bancos de crédito.[11]
En las
zonas rurales el mercado legal del crédito a menudo no existe. El pequeño
agricultor se ve obligado a recurrir a la usura para conseguir los préstamos
que necesita, exponiéndose a riesgos que le pueden llevar a la pérdida parcial
o incluso total de sus tierras. En efecto, el usurero tiene generalmente el
objetivo de especular con las tierras. Se rastrean así las pequeñas
propiedades, aumentando el número de personas sin tierra y, al mismo tiempo se
incrementa el patrimonio de los latifundistas, de los agricultores más ricos o
de los comerciantes locales.
En los
países pobres, en resumen, el acceso al crédito a largo plazo tiende a ser
proporcional a la propiedad de los medios de producción y sobre todo de la
tierra y por lo tanto se convierte en una prerrogativa de los grandes
latifundistas.
La
investigación y la capacitación agrícola
16.
Existen muchas carencias también a nivel de investigación y de capacitación
agrícola,[12]
es decir en las actividades de investigación o desarrollo de nuevas
tecnologías apropiadas a las diferentes realidades y en la información de los
agricultores sobre estas nuevas técnicas y sobre sus modalidades de uso con el
fin de obtener el máximo beneficio.
A
menudo, en los países en vías de desarrollo, el esfuerzo económico empleado
para crear estructuras de investigación agrícola es bastante limitado y la
preparación de aquellos que son responsables de la formación no resulta
conveniente.
Se
crean pues los supuestos que hacen posibles dos fenómenos estrechamente
vinculados entre sí y que tienen muchas repercusiones económicas y sociales:
– la
difusión de tecnologías que son el fruto de las investigaciones de privados
que, por motivos de mercado, se dirigen a las empresas de grandes dimensiones;
– la
falta de atención por la compatibilidad de las nuevas tecnologías con las
características de la agricultura de las diferentes áreas e incompatibles
sobre todo con las condiciones socioeconómicas de estas zonas. En estos casos
se corre el riesgo de que los efectos de las difusión de las nuevas
tecnologías sean negativos para el bienestar de los pequeños agricultores y
para la supervivencia de sus empresas.
La
falta de infraestructuras y servicios sociales
17. La
falta de interés por las infraestructuras y por los servicios sociales
indispensables en las zonas rurales tiene un papel importante.
El
sistema escolar de estas áreas, por sus carencias cuantitativas y cualitativas,
no proporciona a los jóvenes los medios necesarios para que desarrollen sus
potencialidades personales y para que adquieran la conciencia de su dignidad de
seres humanos y el conocimiento de sus derechos y deberes.
De la
misma forma, las carencias de los transportes, además de dificultar el acceso a
los demás servicios sociales, hacen que se reduzca la rentabilidad de la
actividad agrícola. La falta de carreteras o sus malas condiciones por falta de
mantenimiento y la escasez de medios de transporte públicos aumentan los costes
de producción y reducen por lo tanto las posibilidades de mejorar las técnicas
de producción.
La
consecuencia más grave de la falta de infraestructuras es la dependencia de los
pequeños agricultores de los mercados locales para comercializar sus productos.
En los mercados locales hay pocas informaciones útiles lo cual hace que sea
difícil que los productos alcancen los niveles de calidad requeridos por la
demanda. En estos mercados hay personas que tienen el monopolio de las
transacciones, de forma que los agricultores se ven obligados a aceptar los
precios impuestos o bien se arriesgan a no vender sus productos.
Consecuencias
de las politicas economicas sobre la propiedad de la tierra
Consecuencias
económicas
18. La
falta de equidad en la repartición de la propiedad de la tierra y las
políticas que causan estos desequilibrios obstaculizan el desarrollo
económico.
Estos
desequilibrios y estas políticas pueden generar consecuencias económicas que
recaen sobre la mayoría de la población. Podemos señalar al menos cinco:
a) Las
distorsiones en el mercado de la tierra. Las políticas de intervención
sobre el mercado favorecen a menudo a los grandes latifundios, sea de forma
implícita o explícita, puesto que tienen subvenciones indirectas y ventajas
fiscales y de crédito. Estos privilegios conllevan nuevas inversiones en el
valor de la tierra incrementando así el precio de ésta. Los pequeños
agricultores ven de esta forma cómo se reducen sus posibilidades de adquirir
tierras y por lo tanto también la posibilidad de alcanzar, con las operaciones
normales de compraventa, la equidad del mercado de la tierra.
b) La
reducción de toda la producción agrícola del país. En los países con
una economía agrícola poco desarrollada existe generalmente una relación
inversa entre las dimensiones de la empresa agrícola y la productividad. La
producción por unidad de superficie de los pequeños agricultores es superior a
la de los latifundistas. En cambio, la producción obtenida por los
latifundistas, quienes poseen la mayor parte de las tierras, es inferior, con la
consecuente reducción de la producción agrícola general del País.
c) Los
salarios agrícolas mantenidos a niveles bajos. Tal mantenimiento se debe al
incremento de la oferta y de la simultánea disminución de la demanda de
trabajo en el sector de la agricultura y debido a la falta de condiciones para
que los agricultores puedan negociar su trabajo, a nivel colectivo e individual.
d) La
poca rentabilidad de las pequeñas empresas. Cuando la rentabilidad de las
pequeñas empresas se reduce, impide que se hagan las inversiones necesarias
para que se desarrollen. Se trata por lo tanto de un proceso en espiral y sin
salida.
e) La
malversación de los ahorros acumulados en el sector de la agricultura.
Estos ahorros no se utilizan de forma provechosa para invertir en
infraestructuras y tecnologías útiles para la agricultura y se malversan en
otros sectores de la economía o bien se emplean en el consumo.
Consecuencias
sociales y políticas
19. Las
consecuencias sociales son elevadas y graves. El mundo de la agricultura ha
entrado en un proceso que incrementa y difunde la pobreza.[13]
Ahí donde la pobreza es predominante y no existe ningún sistema de seguridad
social y ninguna certidumbre sobre la vejez, los hijos representan para los
padres una garantía para el futuro. Las tasas de crecimiento de la población
son por lo tanto muy altas mientras que los problemas de la enseñanza y de la
salud siguen sin resolverse.
El
equilibrio tradicional de la repartición de la población en el espacio ha sido
quebrantado, en las comunidades rurales, por los procesos de desestructuración
que son el origen de las migraciones hacia las periferias de las grandes
ciudades que se parecen cada vez más a megalópolis y donde se recrudecen los
problemas sociales, la violencia y la criminalidad.
Los
pueblos indígenas, presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la
disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales,
y ven cómo se destruye el equilibrio medio ambiental de sus territorios.
20. En
muchos países, ricos en recursos naturales y en terrenos cultivables, el hambre
y la malnutrición representan los problemas principales.[14]
El hambre es hoy en día un fenómeno creciente que no depende solamente de las
carestías sino también de las medidas políticas que no mejoran el acceso de
las familias a los recursos. El hecho de defender a unos pocos hace que se
obstaculice o se impida, de hecho o legalmente, el desarrollo de la agricultura.
El hecho de destinar las tierras al cultivo de productos de exportación, reduce
los costes de los productos alimenticios de los países desarrollados pero tiene
efectos muy negativos en la mayoría de las familias que viven de la
agricultura. Esta paradoja es intolerable para cualquier inteligencia y
conciencia.
La
acumulación de los problemas económicos y sociales incrementa la complejidad
de los problemas políticos, provocando una inestabilidad y unos conflictos que
retrasan el desarrollo de la democracia. Todo esto va en contra de la
agricultura y es un obstáculo muy grave para cualquier programa de desarrollo
económico.
Consecuencias
ambientales
21. Las
desigualdades en la distribución de la propiedad de las tierras desencadenan un
proceso de degradación del medio ambiente difícilmente reversible,[15]
a lo que se añade el deterioro del suelo, la disminución de su fertilidad, el
riesgo de inundaciones, la disminución de la capa freática, el aterramiento de
los ríos y de los lagos y otros problemas ecológicos.
A
menudo se fomenta, con facilidades fiscales y de crédito, la deforestación de
amplios territorios para dejar sitio a la cría extensiva del ganado, a las
actividades mineras o el manufacturado de las maderas, pero sin prever planes de
rehabilitación del medio ambiente y si están previstos no se aplican.
La
pobreza también está vinculada al deterioro medio ambiental en un círculo
vicioso cuando los pequeños agricultores, expropiados del latifundio, y los
pobres sin tierra, en busca de nuevas tierras, se ven obligados a ocupar las
tierras estructuralmente frágiles, como por ejemplo los terrenos pendientes y a
erosionar el patrimonio forestal para poder cultivar.
CAPITULO
II
EL
MENSAJE BIBLICO Y ECLESIAL
SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
Y SOBRE EL DESARROLLO AGRICOLA
El
mensaje biblico
El
cuidado de la creación
22. La
primera página de la Biblia relata la creación del mundo y de la persona
humana: « Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya: a imagen de Dios le
creó; macho y hembra los creó » (Gn 1, 27). Palabras solemnes expresan
la tarea que Dios les confía: « Sed fecundos y multiplicaos y henchid la
tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en
todo animal que serpea sobre la tierra » (Gn 1, 28).
La
primera tarea que Dios les encomienda —es evidente que se trata de una tarea
fundamental— se refiere a la actitud que deben tener con la tierra y con todos
los seres vivientes. « Henchir » y « dominar » son dos verbos que se pueden
malentender con facilidad e incluso pueden parecer una justificación de ese
dominio despótico y desenfrenado que no se preocupa por la tierra y por sus
frutos y hace estragos con ella a su propio favor. En realidad « henchir » y
« dominar » son verbos que, en el lenguaje bíblico, sirven para describir la
dominación del rey sabio que se preocupa por el bienestar de todos sus
súbditos.
El
hombre y la mujer tienen que cuidar la creación, para que ésta les sirva y
para que esté a disposición de todos y no sólo de algunos.
23. La
naturaleza profunda de la creación es la de ser un don de Dios, un don para
todos, y Dios quiere que se quede así. Por eso la primera orden que Dios da es
la de conservar la tierra respetando su naturaleza de don y bendición, y de no
transformarla en instrumento de poder o motivo de conflictos.
El
derecho-deber de la persona humana de dominar la tierra nace del hecho de ser
imagen de Dios: corresponde a todos y no sólo a algunos la responsabilidad de
la creación. En Egipto y en Babilonia este privilegio era sólo de algunos. En
la Biblia, en cambio, el dominio pertenece a la persona humana por ser tal y,
por lo tanto a todos. Es más, es la humanidad conjuntamente la que se
debe sentir responsable de la creación.
Dios
deja al hombre en el jardín para que lo labre y lo cuide (cf. Gn 2, 15)
y para que se alimente de sus frutos. En Egipto y en Babilonia el trabajo es una
dura necesidad impuesta a los hombres en beneficio de los dioses: en realidad,
en beneficio del rey, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los
terratenientes. En la narración bíblica, en cambio, el trabajo es algo para la
realización de la persona humana.
La
tierra es de Dios quien la ofrece a todos sus hijos
24. El
israelita tiene el derecho de propiedad de la tierra, que la ley protege de
muchas formas. El Decálogo prescribe: « no codiciarás la casa de tu prójimo,
su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo
» (Dt 5, 21).
Se
puede decir que el israelita se siente verdaderamente libre y plenamente
israelita sólo cuando posee su parcela de tierra. Pero la tierra es de Dios,
insiste el Antiguo Testamento, y Dios la ha dado en herencia a todos los hijos
de Israel. Se debe por lo tanto repartir entre todas las tribus, clanes y
familias. Y el hombre no es el verdadero dueño de su tierra sino que es más
bien un administrador. El dueño es Dios. Se lee en el Levítico: « La tierra
no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois
para mí como forasteros y huéspedes » (25, 23).
En
Egipto la tierra pertenecía al faraón y los campesinos eran sus esclavos y de
su propiedad. En Babilonia había una estructura feudal: el rey entregaba las
tierras a cambio de servicios y de fidelidad. No hay nada parecido en Israel. La
tierra es de Dios que la ofrece a todos sus hijos.
25. De
ahí derivan varias consecuencias. Por un lado, nadie tiene el derecho de quitar
la tierra a la persona que la cultiva, en caso contrario se viola un derecho
divino; ni siquiera el rey puede hacerlo.[16]
Por otro lado, se prohíbe toda forma de posesión absoluta y arbitraria a
propio favor: no se puede hacer lo que se quiere con los bienes que Dios ha dado
para todos.
Sobre
esta base la legislación ha ido añadiendo, impulsada siempre por situaciones
concretas, muchas restricciones al derecho de propiedad. Algunos ejemplos: la
prohibición de recoger los frutos de un árbol durante los cuatro primeros
años (cf. Lv 19, 23-25), la invitación a no cosechar la miés hasta el
borde del campo y la prohibición de recoger los frutos y las espigas olvidados
o caídos, porque pertenecen a los pobres (cf. Lv 19, 9-10; 23, 22; Dt
24, 19-22).
A la
luz de esta visión de la propiedad se entiende la severidad del juicio moral
expresado por la Biblia sobre los abusos de los ricos, que obligan a los pobres
y a los campesinos a ceder sus fundos familiares. Los Profetas son los que más
condenan estos abusos. « ¡Ay, los que juntáis casa con casa, y campo con
campo anexionáis! » grita Isaías (5, 8). Y su contemporáneo Miqueas añade:
« Codician campos y los roban, casas, y las usurpan; hacen violencia al hombre
y a su casa, al individuo y a su heredad » (2, 2).
La
perspectiva de libertad del Jubileo
26. El
esfuerzo de vincular de forma estable y perpetua la propiedad de la tierra a su
dueño y, al mismo tiempo, el esfuerzo de repartir equitativamente las tierras
entre todas las familias de Israel, están a la base de una de las instituciones
sociales más singulares de ese pueblo: el Jubileo (cf. Lv 25).[17]
Este instituto traduce directamente a nivel social y económico el señorío de
Dios y pretende afirmar, o defender tres libertades.
La
primera libertad atañe a los campos y a las casas que, en el año jubilar,
deben ser devueltas a los antiguos propietarios. Se pueden vender los campos y
las tierras pero la venta no es más que un traspaso de derechos de utilización
que mantiene el derecho del propietario (o de un pariente) a recobrar en
cualquier momento su fundo. De todos modos cada cincuenta años las propiedades
volverán a las familias propietarias originarias.
La
segunda libertad se refiere a las personas que, en el año Jubilar deben
regresar libres a sus familias y a sus propiedades.
La
tercera libertad se refiere a la tierra que, en el año del Jubileo y en el año
sabático, se tendrá que dejar descansar.
La
motivación de estas tres libertades es muy interesante: « Pues yo soy Yahvéh
vuestro Dios » (Lv 25, 17); « La tierra es mía, ya que vosotros sois
para mí como forasteros y huéspedes » (Lv 25, 23). La motivación
básica es por lo tanto el señorío de Dios, un señorío que se manifiesta en
el don a los hombres: « Yo soy Yahvéh, vuestro Dios, que os saqué de
la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios » (Lv
25, 38).
La
propiedad de la tierra segun la doctrina social de la Iglesia
27.
Siguiendo la perspectiva marcada por las Sagradas Escrituras, la Iglesia ha
elaborado en el transcurso de los siglos su doctrina social. Documentos
fidedignos y significativos ilustran sus principios fundamentales, así como los
criterios útiles para juzgar y discernir, y las indicaciones y orientaciones
para realizar las elecciones oportunas.
En la
doctrina social se juzga el proceso de concentración de la tierra como un
escándalo porque está en neta oposición con la voluntad y el designio
salvífico de Dios, porque niega a una gran parte de la humanidad los beneficios
de los frutos de la tierra.
Las
perversas desigualdades de la distribución de los bienes comunes y de las
posibilidades de desarrollo de toda persona y los desequilibrios deshumanizados
de las relaciones personales y colectivas, causados por este tipo de
concentración, provocan conflictos que dañan las bases de la convivencia civil
y provocan la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente.
El
destino universal de los bienes y de la propiedad privada
28. Las
consecuencias del desorden actual confirman la necesidad, para toda la sociedad
humana, de que se recuerden continuamente los principios de la justicia, y sobre
todo el principio del destino universal de los bienes.
La
doctrina social de la Iglesia, en efecto, funda la ética de las relaciones de
propiedad del hombre con respecto a los bienes de la tierra bajo la perspectiva
bíblica que señala la tierra como un don de Dios para todos los seres humanos.
« Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene al uso de todos los
pueblos, de modo que los bienes creados, en una forma equitativa, deben alcanzar
a todos bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Pues
... jamás se debe perder de vista este destino común de los bienes ».[18]
El
derecho al uso de los bienes terrenales es un derecho natural, primario, de
valor universal, puesto que es de todo ser humano: ningún otro derecho de tipo
económico puede violarlo,[19]
deberá pues ser tutelado y aplicado mediante leyes e instituciones.
29. Al
afirmar la necesidad de garantizar a todos los hombres, siempre y en cualquier
circunstancia, el disfrute de los bienes de la tierra, la doctrina social apoya
también el derecho natural de propiedad de estos bienes.[20]
El
hombre, todo hombre, fructifica, de forma efectiva y eficaz, los bienes de la
tierra que han sido puestos a su servicio y, por tanto, se realiza así mismo,
si está en condiciones de poder usar libremente estos bienes, habiendo
adquirido la propiedad de éstos.[21]
Esta es
una condición y una garantía de libertad; es el presupuesto y la garantía de
la dignidad de la persona. « La propiedad privada, o un cierto dominio sobre
los bienes externos, asegura a cada uno una zona indispensable de autonomía
personal, y debe ser considerada como una prolongación de la libertad humana. Y
como constituyen un estímulo para el ejercicio del cargo y del deber,
constituyen una de las condiciones de las libertades civiles ».[22]
Si no
se reconoce a los particulares el derecho de propiedad privada, incluida la de
los bienes de producción, la historia y la experiencia nos demuestra que se
llega a la concentración del poder, a la burocratización de los diferentes
ámbitos de la sociedad, a la insatisfacción social y a ahogar y suprimir « el
ejercicio de la libertad humana en las cosas más fundamentales ».[23]
30. El
derecho de propiedad privada, según el Magisterio de la Iglesia no es sin
embargo incondicional, al contrario, está caracterizado por restricciones muy
precisas.
La
propiedad privada, en efecto, en el contexto concreto de sus instituciones y de
sus normas jurídicas es ante todo un instrumento de actuación del principio
del destino común de los bienes, es por lo tanto un medio y no un fin.[24]
El
derecho de propiedad privada, que es positivo y necesario, debe estar
circunscrito en los límites de una función social de la propiedad. Todo
propietario debe por lo tanto ser siempre consciente de la hipoteca social
que grava sobre la propiedad privada: « Por tanto, el hombre al usarlos no debe
tener las cosas exteriores, que legítimamente posee, como exclusivas suyas,
sino también considerarlas como cosas comunes, en el sentido de que deben no
sólo aprovecharle a él, sino también a los demás ».[25]
31. La
función social directa y naturalmente inherente a las cosas y a su destino,
permite que la Iglesia afirme en su enseñanza social: « Quien se encuentra en
extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de las
riquezas de otros ».[26]
El límite al derecho de propiedad privada lo establece el derecho de todo
hombre al uso de los bienes necesarios para vivir.
Esta
doctrina, establecida por Santo Tomás de Aquino,[27] ayuda a evaluar algunas
situaciones difíciles de mucha importancia ético-social, como la expulsión de
los campesinos de las tierras que han cultivado, sin que se les asegure el
derecho de recibir la parte de bienes necesarios para vivir, y los casos de
ocupación de las tierras baldías por parte de los campesinos que no son
propietarios y que viven en condiciones de extrema indigencia.
Condena
del latifundio
32. La
doctrina social de la Iglesia, basándose en el principio de la subordinación
de la propiedad privada al destino universal de los bienes, analiza las
modalidades de aplicación del derecho de propiedad de la tierra como espacio
cultivable y condena el latifundio como intrínsecamente ilegítimo.
Las
grandes posesiones rurales están mediocremente cultivadas o reservadas baldías
para especular sobre ellas, mientras que se debería incrementar la producción
agrícola para responder a la creciente demanda de alimentos de la mayoría de
la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.
Para la
doctrina social de la Iglesia, el latifundio está en neto contraste con el
principio de que « la tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente
para los ricos », de modo que « no hay ninguna razón para reservarse en uso
exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo
necesario ».[28]
El
latifundio, de hecho, niega a una multitud de personas el derecho de participar
con el propio trabajo al proceso de producción y de responder a sus necesidades
y a las de sus familias al igual que a las de su comunidad y nación de la que
forman parte.[29]
Los
privilegios asegurados por el latifundio provocan contrastes escandalosos y
conllevan situaciones de dependencia y de opresión tanto a nivel nacional como
internacional.
33. La
enseñanza social de la Iglesia denuncia también las injusticias intolerables
provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra por parte de
propietarios o empresas nacionales e internacionales, en algunos casos apoyadas
por instituciones del Estado, que, pisotean todo derecho adquirido y, a menudo,
incluso los títulos legales mismos de posesión del suelo, despojando a los
pequeños agricultores y a los pueblos indígenas de sus tierras.
Se
trata de formas de apropiación muy graves, porque, además de incrementar las
desigualdades en la distribución de los bienes de la tierra, por lo general,
conllevan una distribución de una parte de estos bienes, empobreciendo así a
toda la humanidad. Estas crean formas de explotación de la tierra que
quebrantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre y el medio
ambiente y causan un gran deterioro medio ambiental.
Esto
debe aparecer como la señal de la desobediencia del hombre al mandamiento de
Dios de actuar como guardián y como sabio administrador de la creación (cf. Gn
2, 15; Sb 9, 2-3). Las consecuencias de esta desobediencia pecaminosa
son gravísimas. Esta, en efecto, causa una grave y vil forma de falta de
solidaridad entre los hombres porque afecta a los más pobres y a las
generaciones futuras.[30]
34. A
la condena del latifundio y de la apropiación indebida, contrarios al principio
del destino universal de los bienes, la doctrina social añade la condena de las
formas de explotación del trabajo, sobre todo cuando éste es remunerado con
salarios o bien con otras modalidades indignas del hombre.
Con la
remuneración injusta por el trabajo concluído y con otras formas de
explotación se niega a los trabajadores la posibilidad de recorrer « la vía
concreta a través de la cual la gran mayoría de los hombres puede acceder a
los bienes que están destinados al uso común; tanto los bienes de la
naturaleza como los que son fruto de la producción ».[31]
Reforma
agraria: indicaciones para un recorrido posible
Realizar
una reforma agraria efectiva, equitativa y eficiente
35. A
menudo ocurre que las políticas que pretenden promover una utilización
correcta del derecho de propiedad privada de la tierra no consiguen impedir que
ésta se siga poniendo en práctica, en amplias áreas del mundo, como un
derecho absoluto, sin ninguna limitación proveniente de las correspondientes
obligaciones sociales.
Sobre
este tema la doctrina social de la Iglesia es muy explícita e indica que la
reforma agraria es una de las reformas más urgentes y que se debe emprender sin
demora: « En muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes
para volver a dar a la agricultura —y a los campesinos— el justo valor como
base de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social
».[32]
Particularmente
drámatico, a propósito de este tema, es el llamamiento que hizo Juan Pablo II
en Oaxaca, en México, a los hombres de gobierno y a los latifundistas: « Por
parte vuestra, responsables de los pueblos, clases poderosas que tenéis a veces
improductivas las tierras que esconden el pan que a tantas familias falta: la
conciencia humana, la conciencia de los pueblos, el grito del desvalido, y sobre
todo la voz de Dios, la voz de la Iglesia os repiten conmigo: no es justo, no es
humano, no es cristiano continuar con ciertas situaciones claramente injustas.
Hay que poner en práctica medidas reales, eficaces, a nivel local, nacional e
internacional, en la amplia línea marcada por la Encíclica Mater et
magistra (parte tercera). Y es claro que quien más debe colaborar en ello,
es quien más puede ».[33]
36. La
doctrina social afirma varias veces que se debe garantizar la mayor valoración
posible de las potencialidades productivas de la agricultura ahí donde un
porcentaje importante de la población se dedica a cultivar la tierra y depende
de esa cultivación. En el caso de los fundos insuficientemente cultivados, la
doctrina social justifica, mediante una indemnización equitativa para los
propietarios,[34]
la expropiación de la tierra para repartirla a quienes estén desprovistos o
que posean parcelas irrisorias.[35]
Se debe
subrayar sin embargo que, para la doctrina social, una reforma agraria no se
debe limitar a repartir títulos de propiedad a los asignatarios.
La
expropiación de las tierras y el reparto de éstas no son más que uno de los
aspectos, y no se trata del más complicado, de una política de reforma agraria
equitativa y eficiente.[36]
Promover
la difusión de la propiedad privada
37. La
doctrina social de la Iglesia ve en la reforma agraria un instrumento adecuado
para difundir la propiedad privada de la tierra en el caso en el que los poderes
públicos actúen siguiendo tres líneas de acción diferentes pero
complementarias:
a)
a nivel jurídico, para que haya leyes justas que mantengan y tutelen la
efectiva difusión de la propiedad privada;[37]
b)
a nivel de políticas económicas, para facilitar « el acceso a la propiedad
privada de los siguientes bienes: bienes de consumo duradero; vivienda; pequeña
propiedad agraria; utillaje necesario para la empresa artesana y para la empresa
agrícola familiar; acciones de empresas grandes o medianas ».[38]
c)
a nivel de políticas fiscales y tributarias, para asegurar la continuidad de la
propiedad de los bienes en el ámbito de la familia.[39]
Facilitar
el desarrollo de la empresa agrícola familiar
38.
Condenando el latifundio, porque es la expresión de un uso socialmente
irresponsable del derecho de propiedad y porque es un grave obstáculo para la
movilidad social, y condenando también la propiedad estatal de la tierra,
porque conlleva una despersonalización de la sociedad civil, la doctrina social
de la Iglesia, consciente de que « nadie puede establecer en términos
genéricos las líneas fundamentales a que debe ajustarse la empresa agrícola
»,[40]
sugiere que se valore ampliamente la empresa familiar propietaria de la tierra
que cultiva directamente.[41]
La
empresa agrícola familiar citada anteriormente utiliza sobre todo el trabajo
realizado por los miembros de la familia y se puede integrar al mercado del
trabajo empleando trabajadores asalariados.
La
dimensión de este tipo de empresa agrícola debería estar en condiciones de
proporcionar: unos ingresos adecuados para la familia, la continuidad de la
familia en la empresa, el acceso a los créditos agrícolas y la sostenibilidad
del medio ambiente rural, todo ello, utilizando de forma apropiada los factores
de producción.
Gracias
a la eficiencia de su gestión y a la riqueza social que se produce de esta
forma, este tipo de empresa proporciona nuevas posibilidades de empleo y de
crecimiento humano para todos.
Esta
empresa, puede proporcionar una contribución muy positiva no sólo para el
desarrollo de una estructura agrícola eficiente, sino también para la
realización del principio mismo del destino universal de los bienes.
Respetar
la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas
39. El
Magisterio social de la Iglesia no considera la propiedad individual como la
única forma legítima de posesión de la tierra. Este considera también y de
forma especial la propiedad comunitaria, que caracteriza la estructura social de
numerosos pueblos indígenas.
Este
tipo de propiedad tiene tantas repercusiones en estos pueblos, a nivel
económico, cultural, y político, que constituye un elemento fundamental de su
supervivencia y de su bienestar, teniendo además una función igualmente
esencial de salvaguardia de los recursos naturales.[42]
La
protección y la valoración de la propiedad comunitaria no debe, sin embargo,
excluir la consciencia del hecho de que este tipo de propiedad está destinado a
evolucionar. Si se actúa sólo para garantizar su conservación se corre el
riesgo de vincularla al pasado y, de este modo, de destruirla.[43]
Llevar
a cabo una política laboral justa
40. La
tutela de los derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra
línea de acción fundamental que la doctrina social de la Iglesia presenta para
asegurar una correcta actuación del derecho de propiedad privada de la tierra.
Dadas las relaciones que vinculan el trabajo a la propiedad, éste representa un
medio de importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.
Los
poderes públicos,[44]
tienen pues el deber de intervenir para que estos derechos sean respetados y
realizados siguiendo tres líneas de acción:
a)
fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo;[45]
b)
garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa;[46]
c)
tutelar y promover el derecho de los trabajadores de formar asociaciones,
que tengan como finalidad la defensa de los derechos de los trabajadores.[47] El derecho a asociarse
representa, en efecto, la condición indispensable que permite alcanzar un
equilibrio en las relaciones de poder de contratación entre los trabajadores y
los empresarios y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un buen
diálogo entre las partes sociales.
Realizar
un sistema de enseñanza capaz de producir un crecimiento cultural y profesional
efectivo de la población
41. El
factor cada vez más decisivo para tener acceso a los bienes de la tierra ya no
es, como ocurría en el pasado, la propiedad de la tierra, sino la posesión de
los conocimientos que el hombre posee y puede acumular. Juan Pablo II afirma: «
Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una
importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de
la técnica y del saber ».[48]
Cuanto
mejor conozca el agricultor las capacidades productivas de la tierra y de los
demás factores de producción y las diferentes modalidades con las cuales
responder a las necesidades de los destinatarios del fruto de su trabajo, más
fecundo será su trabajo, sobre todo como instrumento de realización personal,
con el que emplea su inteligencia y su libertad.
Es
necesario, urgente y prioritario poner en marcha un sistema de enseñanza capaz
de ofrecer, en los diferentes niveles escolares, la enseñanza de los
conocimientos y el desarrollo de las aptitudes técnicas y científicas.
CAPITULO
III
LA
REFORMA AGRARIA: UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
La
reforma agraria: un instrumento necesario ...
42. Una
actividad agrícola caracterizada por la apropiación indebida y por la
concentración de las tierras en latifundios obstaculiza gravemente el
desarrollo económico y social de un país. La falta de crecimiento de la
producción agrícola y del empleo no es más que un efecto a corto plazo.
Frente
a esta situación, una reforma de la agricultura, que asegure un reparto de las
tierras diferente, representa un objetivo importante sobre el cual hay que
centrar la atención, al tratarse de una intervención necesaria para el
desarrollo armónico de la economía y de la sociedad.
La
calidad y el éxito de los programas de desarrollo obtienen, en efecto, grandes
beneficios de la movilidad de los recursos internos de un país y de su
distribución entre los diferentes sectores y grupos sociales. El objetivo de
una reforma agraria es precisamente el de consentir el acceso a la tierra y a su
utilización apropiada así como el fomento del empleo.
43.
Este tipo de reforma agraria, como medida política de desarrollo, es cada vez
más necesaria, debida e improrrogable.
Un
sector agrícola en desarrollo incrementa la renta de los agricultores, hace
aumentar la demanda de bienes y de servicios producidos por la industria y por
el sector terciario y afianza el poder adquisitivo de quienes, a pesar de vivir
en zonas rurales, no trabajan en el sector de la agricultura.
El
primer efecto importante de este desarrollo es la contención del impulso
migratorio hacia las ciudades y el traslado de la mano de obra hacia otros
sectores, y los efectos sobre la urbanización y sobre el nivel de los salarios.
El
incremento de la productividad agrícola consentiría el garantizar la seguridad
alimentaria de la población y promover así el desarrollo cualitativo y
cuantitativo de los productos alimentarios mediante precios asequibles.
Además,
las experiencias concretas demuestran que el desarrollo del sector de la
agricultura conlleva la expansión del sector de la industria y de los servicios
y, por lo tanto, el desarrollo de toda la economía.
Hay que
señalar además que una reforma agraria que genera la creación de empresas
familiares, contribuye de forma evidente a reforzar la familia, puesto que
valora las capacidades y las responsabilidades de sus miembros.
44. En
los lugares donde sigue habiendo iniquidad y pobreza, la reforma agraria
representa no sólo un instrumento de justicia distributiva y de crecimiento
económico, sino también un acto de gran sabiduría política.
Esta es
la única respuesta posible y concretamente eficaz, es la respuesta de la ley al
problema de la ocupación de las tierras. Esta última, bajo sus formas variadas
y complejas, incluso cuando son las condiciones de necesidad extrema las que la
provocan,[49]
sigue siendo de todo modos una acción que no está conforme a los valores y a
las normas de una convivencia verdaderamente civil. El clima de emotividad
colectiva generado por la ocupación de las tierras, puede con facilidad
conllevar una serie de acciones y de reacciones tan graves que pueden incluso
escapar a cualquier control. Las instrumentalizaciones que se dan, a menudo no
tienen nada que ver con el problema de la tierra.
La
ocupación de las tierras, a menudo manifestación de situaciones intolerables y
deplorables a nivel moral, es la señal de alarma que requiere una actuación, a
nivel social y político, de medidas eficaces y equitativas. Son, ante todo, los
Gobiernos quienes deben intervenir, con su voluntad y determinación, para que
se tomen urgentemente esas medidas. El hecho de retrasar y posponer la reforma
agraria quita credibilidad a las acciones de los Gobiernos de denuncia y de
represión de la ocupación de las tierras.
...
pero tambien muy dificil y delicado
45. Se
podrán alcanzar los objetivos de este tipo de reforma sólo si se plantean
correctamente los programas de desarrollo. Para que tengan buenos resultados se
debe evitar de caer en la equivocación de creer que las medidas de reforma
agraria consisten solamente en: expropiar los grandes latifundios, dividir las
tierras en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y, por
fin, repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de propiedad.
Un
programa de reforma agraria debe, por supuesto, prever objetivos a corto plazo
para conseguir resultados inmediatos dada la gravedad de los problemas sociales,
asegurándose que el acceso a las tierras responda plenamente a las necesidades.
Pero, si la reforma agraria, a medio y largo plazo, se conforma simplemente con
una distribución de tierras, el problema de la lucha contra la miseria y el
problema del desarrollo seguirán sin solucionarse.
Para
poner en marcha una reforma agraria capaz de responder de forma concreta y
duradera a los graves problemas económicos y sociales del sector de la
agricultura de los países en vías de desarrollo, el compromiso de asegurar el
acceso a las tierras no debe ser más que una primera parte del programa. Este
se debe desarrollar a largo plazo, hay que prever medidas que permitan el acceso
a los factores de producción y a las infraestructuras que hacen que la
productividad de la agricultura y la comercialización de sus productos mejore
continuamente. Además hay que prever el acceso a los servicios sociales que
mejoran la calidad de vida y la capacidad de autopromoción de las personas, y
por consiguiente, el respeto de los pueblos indígenas. Para que la reforma
agraria sea un éxito, las políticas nacionales y las de los organismos
internacionales deberán ser totalmente coherentes con ésta.
Una
oferta adecuada de tecnologías apropiadas y de infraestructuras rurales
46. La
investigación es fundamental para realizar una reforma agraria verdaderamente
efectiva y eficaz, porque gracias a ésta se alcanzan tres objetivos esenciales:
la oferta de tecnologías apropiadas, el incremento de la producción y la
protección del medio ambiente. Hoy en día es posible eliminar el contraste que
existía entre: la utilización de tecnologías apropiadas a cada tipo de
empresa, la necesidad de las empresas de incrementar la producción agrícola y
la necesidad de conservar los recursos naturales. Existe toda una serie de casos
concretos que demuestran que los incrementos de productividad de la tierra y del
trabajo realizados empleando tecnologías relativamente sencillas, pero
innovadoras, son en general, los más eficientes y eficaces, incluso por lo que
se refiere a sus compatibilidades con el medio ambiente.
Estos
mismos casos prueban que la productividad y la compatibilidad están
estrechamente vinculadas a innovaciones en el cultivo y en la utilización del
suelo, que generalmente están muy condicionadas por las características del
medio ambiente físico y económico local.
Las
investigaciones y las experimentaciones hacen que sea posible determinar las
innovaciones que se deben emplear en cada caso concreto.
47.
Así mismo, en una reforma agraria, es esencial que haya un servicio de
asistencia técnica. La asistencia técnica representa el complemento
indispensable de las actividades de investigación y experimentación, porque
los resultados de éstas se pueden emplear a nivel de utilización práctica
sólo si se informa a los productores de que existen y sólo si están
convencidos de su eficacia.
La
información y la capacitación son, por lo tanto, necesarias, deben ser
constantes de forma que el nivel de conocimientos profesionales de los
agricultores alcance el de las exigencias de la reforma agraria.
El
servicio de asistencia técnica es indispensable sobre todo para educar a los
agricultores a que se enfrenten al mercado formando asociaciones, siendo éstas
las únicas que pueden darles un poder de contratación real y orientarles de
forma oportuna sobre la producción.
48.
Además, es necesario que los programas de reforma agraria prevean el empleo de
recursos para fomentar las infraestructuras rurales, se trata de la tercera
área de intervención que es igualmente fundamental para que la reforma tenga
éxito.
Una
agricultura en desarrollo conlleva un incremento continuo de la demanda de
energía, de carreteras, de telecomunicaciones y de agua para irrigar. La oferta
de estos servicios debe corresponder a la demanda.
Con
este fin, además de proporcionar las infraestructuras necesarias, habrá que
cuidar de su buena gestión. Sobre todo en el caso del agua de riego, a menudo
se presenta el problema de la distribución del agua a los usuarios y del empleo
de los medios que garanticen una adecuada repartición del recurso para evitar
su malgasto.
La
eliminación de los obstáculos del acceso al crédito
49.
Otro problema que la reforma agraria debe encarar es el del acceso al crédito
legal. A quienes han recibido la tierra se les debe garantizar la posibilidad de
disponer de los modernos factores de producción a unos precios razonables.
Los
beneficiarios de la reforma, por lo general, no poseen los ahorros necesarios
para adquirir dichos factores y, por lo tanto, deben recurrir al crédito, pero
los elevados costes de los préstamos concedidos a pequeños clientes hacen que
los bancos de crédito se resistan a concederlos. A los beneficiarios de las
tierras les queda pues una sola alternativa: recurrir al mercado no formalizado
del crédito, con los costes y los riesgos que esto conlleva. Para evitar estos
riesgos hay que fomentar las iniciativas de creación de bancos locales en
cooperativa.
Los
programas de reforma agraria deben prever el respaldo de la demanda de créditos
de las nuevas empresas generadas por la reforma. Se deben tomar medidas que
propongan formas de garantía complementarias y que reduzcan los costes de la
apertura de expediente de las operaciones de crédito.
Hay que
facilitar y fomentar los créditos concedidos a los diferentes tipos de
asociaciones de empresas nacidas de la reforma y que tienen como objetivo:
administrar conjuntamente los servicios de producción, adquirir de forma
colectiva los factores de producción y comercializar de forma conjunta los
productos.
Las
inversiones en servicios e infraestructuras públicos
50.
Junto con la realización de servicios y de infraestructuras apropiadas para la
producción agrícola, los programas de reforma agraria deben prever fuertes
inversiones en la sanidad, en la enseñanza, en los transportes públicos y en
el abastecimiento de agua potable.
En las
áreas rurales de los países pobres, estos servicios son escasos, desde el
punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sus posibilidades de desarrollo
están limitadas por las escasa capacidades que tienen estos pueblos de influir
en las decisiones políticas y por el hecho de que una parte importante de los
costes debería ir a gravar, de forma directa o indirecta, mediante la
imposición fiscal, a los latifundios.
Estos
servicios, fundamentales en un sistema de vida moderno, son, por otra parte, un
elemento indispensable y un factor de promoción del bienestar. Los servicios
son, por lo tanto, un factor clave del desarrollo sostenible.
Estos
no son útiles solamente para los agricultores y sus familias sino que
benefician a toda la población, al crear varias actividades productivas, al
incrementar la renta complexiva producida a nivel local y al contener el
fenómeno de la despoblación.
La
presencia adecuada de estos servicios es por lo tanto una condición
indispensable para luchar contra la pobreza de las zonas rurales y para limitar
los costes económicos y sociales de la urbanización. Mediante la reforma
agraria se debe pues hacer todo lo posible por incrementar en los campos el
acceso, la existencia, la aceptación y la conveniencia de los servicios
públicos y de las infraestructuras de utilidad pública.
Esto se
puede aplicar sobre todo a la sanidad: el acceso a las estructuras sanitarias de
base y a los hospitales, una educación sanitaria difundida y, la disponibilidad
de remedios sencillos y económicos son fundamentales a la hora de reducir la
mortalidad y la morbilidad.
51. Por
lo que se refiere a los servicios, hay que dar la máxima prioridad a las
medidas tomadas para garantizar, tanto a los hombres como a las mujeres, el
acceso a la escuela primaria y extenderlo hasta la enseñanza secundaria y
superior.
En
estas condiciones, la instrucción y la capacitación profesional ofrecen a cada
individuo los medios para poder desarrollar sus aptitudes personales. Y además
se convierten en factores que conllevan cambios en las actitudes y en los
comportamientos, siendo estos necesarios para poder hacer frente, sin costes
excesivos, a la complejidad del mundo de hoy. De este modo se conseguiría
superar la idea que tiende a considerar la instrucción como un gasto de puro
consumo y no como una inversión social.
Una
atención particular al papel de la mujer
52. Las
políticas que procuran favorecer el acceso a las tecnologías modernas y a los
servicios públicos deben prestar una atención particular al papel crucial que
tiene la mujer en la producción agrícola y en la economía alimentaria de los
países en vías de desarrollo.
En
estos países, aunque haya diferencias entre un lugar y otro, las mujeres son
las que desempeñan más de la mitad del trabajo empleado en el sector de la
agricultura, además, por lo general, toda la responsabilidad de la producción
de alimentos para el sustentamiento de la familia recae sobre ellas.[50]
A pesar
de todo, están muy marginadas por formas graves de injusticia económica y
social. Los mismos programas de reforma agraria consideran a las mujeres por el
trabajo doméstico que desempeñan y no como sujetos productivos. Las leyes
privilegian al hombre a la hora de asignar el derecho de propiedad de la tierra.
El sistema de enseñanza tiende a anteponer la formación de los chicos a la de
las chicas.
Considerando
esta realidad y para que los programas de reforma agraria tengan éxito, habría
que preocuparse de garantizar a la mujer el derecho a la tierra, la atención de
los servicios de asistencia técnica por sus necesidades, una instrucción a
nivel escolar más amplia y de mayor calidad, un acceso al crédito más fácil,
todo esto para mejorar la calidad de su trabajo y para reducir su vulnerabilidad
a los cambios tecnológicos, y a los cambios en la economía y la sociedad, para
incrementar el número de posibilidades de empleo.[51]
Un
apoyo real a la cooperación
53. En
los programas de reforma agraria se debe prestar atención al papel decisivo
desempeñado por la cooperación puesto que apoya el despegue y el desarrollo de
la empresas agrícolas nacidas de la redistribución de las tierras.
Estas
empresas deben enfrentarse, sobre todo en relación al mercado, a problemas
complejos. Debido a la multitud de personas que responden a las condiciones de
poder aspirar a la asignación de la tierra, en la mayoría de los casos el
tamaño de la empresas no permite una utilización rentable de algunas
tecnologías, como por ejemplo, las que son necesarias para hacer menos pesado
el trabajo en el campo. Es difícil que estas empresas dispongan de los
principales factores de producción, de los que a menudo no existe un mercado a
nivel local o bien, si lo hay, tiene precios muy altos. Son graves, sobre todo,
los problemas que tienen estas empresas para comercializar sus productos. En la
mayoría de los casos la comercialización está bajo el control de pocos
comerciantes locales o bien no es factible porque, como ocurre con los nuevos
productos, sobre todo si están destinados a ser transformados, no existe una
demanda a nivel local.
54. En
este tipo de realidad, el cooperativismo se convierte en un instrumento de
solidaridad capaz de ofrecer soluciones eficaces. Bajo diferentes formas —cooperativas
de servicios, de abastecimiento, de transformación, de comercialización— la
cooperación permite realizar, según las necesidades, una utilización de las
máquinas más difundida, una eficaz concentración de la demanda de los
factores de producción y de la oferta de productos. Las cooperativas, por lo
tanto, se convierten en la fuente de economías de escala y de formas de poder
de mercado que conllevan un incremento de la competitividad de las empresas
asociadas y que pueden llevar a abrir nuevos mercados para sus productos.
La
cooperación es pues un instrumento muy valioso al permitir a las empresas,
privadas o cooperativas, nacidas de la reforma, que cambien sus producciones y,
de forma particular, al consentir el cultivo de productos de exportación sin
que ello conlleve perjuicios para la economía local.
Además
es absolutamente necesario prever, en el ámbito de una reforma agraria, la
promoción y el apoyo de la creación de bancos locales de cooperación que se
propongan conceder préstamos a las familias con pocos ingresos y a las mujeres,
para desarrollar el sector de la agricultura, las actividades artesanales y el
consumo. Varias experiencias concretas demuestran que estos microbancos pueden
representar un instrumento eficaz para reforzar las nuevas empresas y para
luchar contra la pobreza.
El
respeto de los derechos de los pueblos indígenas
55. La
reforma agraria no resuelve solamente el problema del latifundio. Esta
contribuye también al reconocimiento y al respeto de los derechos de los
pueblos indígenas.
A causa
de los estrechos vínculos existentes entre la tierra y los tipos de cultura, de
desarrollo y de espiritualidad de estos pueblos, la reforma agraria constituye
una parte determinante del proyecto sistemático y coordinado de medidas que los
gobiernos deben tomar para tutelar los derechos de los pueblos indígenas y para
garantizarles el respeto de su integridad.
A
través de la reforma agraria se deben encontrar las modalidades que permitan
encarar, de forma equitativa y racional, el problema de la devolución de las
tierras a los pueblos indígenas que las ocupaban anteriormente, sobre todo la
devolución de las tierras arrebatadas, incluso recientemente, con una serie de
violencias y discriminaciones. En este caso, la reforma agraria debe indicar los
criterios que permiten localizar las tierras que éstos ocupaban e indicar las
modalidades de reinserción, garantizándoles una efectiva protección de sus
derechos de propiedad y de posesión.
La
reforma debe consentirles el acceso a los servicios sociales y de producción y
los medios necesarios para promover el desarrollo de sus tierras y para
disfrutar de unas condiciones equivalentes a las que se han concedido a los
demás sectores de la población.
En
resumen, la reforma agraria debe ayudar a las comunidades indígenas a que
salvaguarden y reconstruyan los recursos naturales y los ecosistemas de los que
dependen su supervivencia y su bienestar. Esta debe conservar y promocionar su
identidad, su cultura y sus intereses, apoyar sus aspiraciones de justicia
social y garantizar un ambiente que les permita participar activamente en la
vida social, económica y política del país.
Para
realizar estos objetivos, los programas de reforma agraria deben respetar dos
condiciones:
a)
Se deberá poner en práctica, de forma adecuada, el delicado y necesario
equilibrio existente entre la necesidad de conservar la propiedad común y la de
privatizar la tierra. Las formas tradicionales de posesión de la tierra,
basadas en la propiedad común, es decir en una forma de propiedad que se presta
poco a la utilización de los modernos factores de producción y al empleo de
las innovaciones tecnológicas, tienden a transformarse en propiedad privada a
medida que la agricultura se desarrolla. Razones con fundamento hacen prever,
incluso en el caso de los pueblos indígenas, la actuación de una política de
asignación individual de la propiedad de la tierra.[52]
b)
Los programas de reforma agraria deben ser definidos y adoptados con la
participación y la cooperación de los pueblos interesados. La reforma agraria
debe garantizar a los pueblos indígenas, por un lado, la posibilidad de
disfrutar de los servicios sociales y de producción que éstos consideren
oportunos para su organización social y para resolver sus problemas, y por otro
lado, deben orientar hacia otras direcciones los factores de tipo económico y
social que puedan causarles perjuicios.
El
compromiso institucional del Estado
57. El
compromiso que se pide al Estado es muy importante porque conlleva la
modificación de organismos, de instituciones y de normas que a menudo se
encuentran a la base de la organización política, económica y social. En la
mayoría de los casos, este compromiso coincide con el desarrollo de cuatro
líneas de acción a nivel institucional:
a)
el perfeccionamiento y la modernización del marco jurídico que regula el
derecho de propiedad; la posesión y la utilización de la tierra, con una
atención especial por ofrecer apoyo y estabilidad a la familia, considerada
como sujeto de derechos y deberes;
b)
la elaboración de políticas y leyes que tutelen los derechos fundamentales de
las personas y que garanticen, por lo tanto, el derecho de los trabajadores de
poder negociar libremente sus condiciones laborales, a nivel individual y
colectivo;
c)
la aplicación de un proceso de descentralización administrativa que permita y
fomente la participación activa de las comunidades locales a la elaboración de
proyectos, la realización, la gestión financiera, el control y la evaluación
de los programas concernientes a la población, el desarrollo y el territorio
que les interesa;
d)
la adopción de políticas macroeconómicas respetuosas del principio que los
derechos de los agricultores de disfrutar de los frutos de su trabajo no son
menos importantes de aquellos de los consumidores; sobre todo por lo que se
refiere a problemas fiscales, monetarios y los demás problemas que nacen de los
intercambios comerciales con el extranjero. La falta de respeto por los derechos
económicos de los agricultores tiene inevitablemente repercusiones negativas
sobre los mecanismos de mercado y sobre toda la economía.
La
responsabilidad de las organizaciones internacionales
58. La
reforma agraria, como instrumento de una agricultura en desarrollo, implica
directamente las competencias y las responsabilidades de muchas organizaciones
internacionales. Estas organizaciones, al elaborar los modelos de desarrollo que
pretenden difundir, deben preocuparse de que estos modelos se adapten a las
necesidades y a los problemas de los diferentes países.
Con
este fin es importante evitar que la preocupación por reducir la deuda
internacional, que a menudo conlleva una promoción de la producción agrícola
de productos de exportación, haga que los países en vías de desarrollo
adopten medidas que provoquen un grave deterioro de los servicios públicos,
sobre todo de la enseñanza, y una acumulación de problemas sociales.
59. La
reforma agraria exige que las organizaciones encargadas de promover el comercio
internacional presten una atención particular a las relaciones existentes entre
políticas comerciales, distribución de la renta y satisfacción de las
necesidades básicas de las familias.
El
incremento de los intercambios comerciales tiene generalmente un impacto
positivo en el crecimiento económico de un país: amplía las dimensiones del
mercado, fomenta un mayor rendimiento y produce nuevos conocimientos. En algunas
ocasiones, sin embargo, este desarrollo económico puede empeorar las
condiciones de quienes están económicamente desaventajados.
Esto
ocurre, por ejemplo, si el incremento del cultivo de productos alimenticios de
exportación hace disminuir la oferta de alimentos para el consumo interno y
subir los precios. Se consigue un efecto aún más negativo si, por el hecho de
que los productos de exportación requieren menos trabajo que los que se
consumen a nivel local, se penaliza el empleo.
También
puede ocurrir que se penalice por partida doble a los pequeños cultivadores. En
primer lugar, porque, debido a los obstáculos que encuentran a la hora de tener
acceso a los factores necesarios para cultivar los productos destinados a la
exportación, éstos no pueden disfrutar de las ventajas de la exportación
misma. En segundo lugar, porque el incremento de las exportaciones conlleva el
aumento de ciertos costes de producción y la subida de los precios de la
tierra, todo ello hace que la producción de bienes tradicionales sea menos
conveniente.
Todo
este conjunto de efectos, sin embargo, no es exclusivamente el resultado de la
lógica de los intercambios comerciales, de la que no es más que una
consecuencia indirecta. Todo esto, es también, el resultado directo de la
concentración del capital tierra en manos de unos pocos, de la desigualdad
social extendida y de la inadecuación de los servicios de asistencia
técnico-administrativa en favor de los pequeños productores. Es evidente que
esta situación, por sus consecuencias negativas a nivel de lucha contra la
pobreza y el hambre, compromete a las organizaciones internacionales a tenerla
en consideración a la hora de definir sus propias estrategias de intervención.
CONCLUSION
60. La
Iglesia se está preparando al nuevo Milenio mediante una experiencia de
conversión que encuentra su centro de inspiración en el Gran Jubileo del Año
2000. Este extraordinario acontecimiento eclesial debe impulsar a todos los
cristianos a un serio examen de conciencia sobre su testimonio en el presente y
también a una conciencia más viva de los pecados del pasado, de aquel «
espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de
antitestimonio y de escándalo ».[53]
Encarando
el emblemático tema de la tradición bíblica del Jubileo, de la
redistribución equitativa de la tierra, el Pontificio Consejo « Justicia y Paz
» se propone poner a la vista de todos una de las situaciones más tétricas y
dolorosas de la corresponsabilidad, incluso de no pocos cristianos, de las
graves formas de injusticia y de marginación social y de la aquiescencia de
muchos de ellos frente a la violación de fundamentales derechos humanos.[54]
61. La
aquiescencia del mal, que es una señal preocupante de degeneración espiritual
y moral, no sólo para los cristianos, está produciendo, en varios contextos,
una desconcertante vacuidad cultural y política, que conlleva la incapacidad de
cambiar y renovar. Mientras las relaciones sociales no cambian y la justicia y
la solidaridad permanecen ausentes e invisibles, las puertas del futuro se
cierran y la suerte de muchos pueblos permanece anclada a un presente cada vez
más incierto y precario.
El
espíritu del Jubileo nos debe incitar a decir: « ¡Basta! » ¡Basta a los
numerosos pecados individuales y sociales que provocan situaciones de pobreza y
de injusticia dramáticas e intolerables! Llamando la atención sobre el
significado peculiar y esencial que tiene la justicia, en el mensaje bíblico,
de protección de los más débiles y de tutela de sus derechos, en cuanto hijos
de Dios, de disfrutar de las riquezas de la creación, deseamos vivamente que el
año jubilar, al igual que en la experiencia bíblica, sirva también hoy para
restablecer la justicia social, a través de la distribución de la propiedad de
la tierra marcada por un espíritu de solidaridad en las relaciones sociales.
62. La
luz de Cristo, imagen del Dios invisible que busca al hombre, Su propiedad
particular, movido por Su corazón de Padre nos da la fuerza y nos ilumina en
nuestro difícil camino.[55]
El
profundo conocimiento y la aplicación coherente de las directrices de la
Iglesia ayudarán concretamente a toda la humanidad a crear las condiciones para
disfrutar de la salvación a la que ha sido llamada por la gracia de Dios y a
dirigirle a El una gran oración de gracias y de alabanza.
Invocamos
la intercesión de la Virgen María, Madre del Redentor, Estrella que guía con
seguridad los pasos hacia el Señor de todos los cristianos que abandonan los
caminos equivocados, los caminos del mal, y se manifiestan dóciles a la acción
del Espíritu, para participar a la vida íntima de Dios y llamarle: « ¡Abbá,
Padre! » (Ga 4, 6).
Roma,
23 de noviembre 1997 Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
Roger
Card. Etchegaray
Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
S.E.
Mons. François-Xavier Nguyen Van Thuan
Vice-Presidente del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
Diarmuid
Martin
Secretario del Pontificio Consejo « Justicia y Paz »
[1]Juan
Pablo II, Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, 1994, n. 51.
[2]
Por « latifundio » se entiende una finca de gran extensión, cuyos
recursos normalmente no son plenamente utilizados y que a menudo pertenece a
un propietario ausente, que emplea trabajadores asalariados y utiliza
tecnologías agrícolas atrasadas.
[3]
Una visión clara de esta preocupación aparece en los numerosos documentos
que el Episcopado Católico, sobre todo de América Latina, ha consagrado a
los problemas de la agricultura durante estos últimos años. Ver, por
ejemplo, además de los documentos de las Conferencias Generales del
Episcopado de Latinoamérica que tuvieron lugar en Rio de Janeiro (1955),
Medellin, La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la
luz del Concilio (1968), Puebla, La Evangelización en el presente y
en el futuro de América Latina (1979) y Santo Domingo, Nueva
evangelización, promoción humana, cultura cristiana (1992):
Conferencia Episcopal de Paraguay, La tierra, don de Dios para todos, Asunción,
12 de junio 1983; Obispos del Sur Andino, La tierra, don de Dios -
derecho del pueblo, 30 de marzo 1986; Conferencia Episcopal de
Guatemala, El clamor por la tierra, Guatemala de la Asunción, 29 de
febrero 1988; Vicariato Apostólico de Darién, Panamá, Tierra de todos,
tierra de paz, 8 de diciembre 1988; Conferencia Episcopal de Costa Rica,
Madre Tierra, Carta pastoral sobre la situación de los campesinos e
indígenas, San José, 2 de agosto 1994; Conferencia Episcopal de
Honduras, Mensaje sobre algunos temas de interés nacional, Tegucigalpa,
28 de agosto 1995. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil y de
forma particular, la Comisión Pastoral de la Tierra se han pronunciado
varias veces sobre el tema de la reforma agraria: Manifesto pela terra e
pela vita a CPT e a reforma agrária hoje, Goiânia, 1 de agosto 1995; Pro-Memória
da Presidência e Comissão Episcopal de Pastoral da CNBB sobre as
consequências do Decreto n. 1.775 de 8 de Janeiro de 1996, Brasília,
29 de febrero 1996; Exigências Cristãs para a paz social, Itaici,
24 de abril 1996.
[4]
Este tipo de organización de la agricultura está desapareciendo solamente
en los lugares donde se han realizado reformas agrarias.
[5]
Entre estas distorsiones merece la pena recordar:
a)
una distribución de las tierras frecuentemente realizada con métodos
arbitrarios y sólo a favor de los miembros de los grupos dominantes o de
las clases acomodadas;
b)
la creación de reservas para los pueblos indígenas, a menudo en áreas
poco fértiles o lejos del mercado o bien sin infraestructuras. Fuera de
estas reservas a los indígenas no se les permitía comprar o ocupar otras
tierras;
c)
la adopción de sistemas fiscales diferentes que favorecen a los
latifundistas y la creación de impuestos discriminatorios sobre los
productos de los campesinos indígenas;
d)
la creación de organizaciones de mercado y la adopción de sistemas de
fijación de precios que privilegian los productos de las grandes
propiedades, llegando, en algunos casos, a prohibir la compra de los
productos de los pequeños cultivadores;
e)
la imposición de barreras a las importaciones, para proteger los cultivos
de los grandes latifundios de la competencia internacional;
f)
la oferta de crédito, de servicios y subvenciones de los que, en concreto
sólo disfrutaban los grandes latifundios.
[6]
Por « pequeño cultivador » entiéndase el sujeto económico que actúa al
margen de la producción agrícola y que está implicado en el proceso de
pulverización de la tierra. Este proceso es especular y consecuente al
proceso de concentración y apropiación indebida del bien mismo.
[7]
Cf. FAO, Landlessness: A Growing Problem, « Economic and Social
Development Series », Rome 1984.
[8]
Sobre las diferentes causas de fracaso, véase: FAO, Lessons from the
Green Revolution -Towards a New Green Revolution, Rome 1995, p. 8.
[9]
Para analizar estas políticas de apoyo de las exportaciones agrícolas y de
las grandes empresas y las consecuencias de éstas sobre la pobreza,
véanse: World Bank, World Development Report 1990, Washington D.C.,
pp. 58-60; World Bank, World Development Report 1991, Washington D.C.,
p. 57.
[10]
Sobre este tema véase: Conseil Pontifical Justice et Paix, Les peuples
autochtones dans l'enseignement de Jean-Paul II, Cité du Vatican 1993,
p. 22 (traducción al español: Consejo Episcopal Latinoamericano,
Departamento de Pastoral Social, DEPAS-CELAM, « Los pueblos autóctonos en
la enseñanza de Juan Pablo II », Santafé de Bogotá - Colombia - 1996).
[11]
Sobre la estrecha correlación existente en la mayor parte de las economías
agrícolas tradicionales entre la propiedad de la tierra, el acceso al
crédito y la distribución de la riqueza, véase: World Bank, World
Development Report 1991, pp. 65-66.
[12]
Existe una opinión unánime sobre el impacto extremadamente negativo de los
servicios de capacitación agrícola de muchos países en vías de
desarrollo en la pobreza de los agricultores. Véase
por ejemplo: World Bank, World Development Report 1991, pp. 73-75.
[13]
Cf. UNDP, World Human Development Report 1990, New York.
[14]
Cf. Juan Pablo II, Discurso en la Cumbre mundial sobre la alimentación,
organizada por la FAO del 13 al 17 de noviembe 1996, L'Osservatore
Romano, ed. española, 22 de noviembre 1996; FAO, Rome Declaration on
World Food Security and World Food Summit Plan of Action, Rome 1996;
Pontificio Consejo Cor Unum, El Hambre en el Mundo. Un
reto para todos: el desarrollo solidario, Ciudad del Vaticano 1996; FAO, Dimensions of
Need: An Atlas of Food and Agriculture, Rome 1995, p. 16; World Bank, Poverty
and Hunger, Washington D.C. 1986.
[15]Sobre
las relaciones existentes entre la concentración de la propiedad de la
tierra, la pobreza de los campesinos y el deterioro del medio ambiente,
véase: World Bank, World Development Report 1990, pp. 71-73; World
Bank, World Development Report 1992, Washington D.C., pp. 134-138,
149-153; FAO, Sustainable Development and the Environment, FAO Policies
and Actions, Rome 1992.
[16]
Sobre este tema es emblemático el relato de la viña de Nabot (cf. 1 R 21).
[17]
Cf. Juan Pablo II, Tertio millennio adveniente, nn. 12-13.
[18]
Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, 1965,
n. 69.
[19]
Juan XXIII, Carta Encíclica Mater et magistra, 1961, n. 69. En el
radiomensaje de Pentecostés de 1941, Pio XII, hablando del derecho a los
bienes materiales, afirmaba que « Todo hombre, como ser viviente con uso de
razón, recibe en efecto de la naturaleza el derecho fundamental de usar los
bienes materiales de la tierra, aunque se deje a la voluntad humana y a las
formas jurídicas de los pueblos el deber de regular su actuación
práctica. Este derecho individual no se debe suprimir de ninguna manera, ni
siquiera otros derechos certeros y pacíficos sobre los bienes materiales
pueden hacerlo » (n. 13).
[20]
Derecho natural porque, según el Magisterio de la Iglesia, éste está
contenido en la naturaleza misma del trabajo humano y por la « prioridad
del hombre individual sobre la sociedad civil », Juan XXIII, Mater et
magistra, n. 96.
[21]«
Y para poder hacer fructificar estos recursos por medio del trabajo, el
hombre se apropia en pequeñas partes, de las diversas riquezas de la
naturaleza: del subsuelo, del mar, de la tierra, del espacio. De todo esto
se apropia él, convirtiéndolo en su puesto de trabajo. Se lo apropia por
medio del trabajo y para tener un ulterior trabajo », Juan Pablo II, Carta
Encíclica Laborem exercens, 1991, n. 12.
[22]
Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 71b.
[23]
Juan XXIII, Mater et magistra, n. 96.
[24]
« La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto
e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más
amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación:
el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común,
al destino universal de los bienes », Juan Pablo II, Laborem exercens, n.
14.
[25]
Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 69a.
[26]
Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 69a.
[27]
Cf. Summa Theologiae, II-II, 66 art. 7.
[28]
Pablo VI, Carta Encíclica Populorum progressio, 1967, n. 23.
[29]
La propiedad de los medios de producción en el sector de la agricultura es
« justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil; pero resulta
ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los
demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del
trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la
explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad
en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación
y constituye un abuso ante Dios y los hombres », Juan Pablo II, Carta
EncíclicaCentesimus annus, 1991, n. 43.
[30]
El deterioro del medio ambiente material lleva, en realidad, al deterioro
del « propio consorcio humano que el hombre no domina ya, creando de esta
manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable.
Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera
», Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens, 1971, n. 21. Al
contrario, el hombre debe trabajar sabiendo que es « heredero del trabajo
de generaciones y, al mismo tiempo, coartífice del futuro de aquellos que
vendrán después de él con el sucederse de la historia », Juan Pablo II, Laborem
exercens, n. 16.
[31]Juan
Pablo II, Laborem exercens, n. 19.
[32]
Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 21.
[33]
Juan Pablo II, Discurso a los Indígenas y Campesinos de México, Cuilapan,
Oaxaca, 29 de enero 1979 (Acta Apostolicae Sedis, Vol. LXXI, 1979, p. 210).
Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha intervenido en varias ocasiones sobre
el tema de la reforma agraria: en Recife, Brasil, el 7 de julio 1980; en
Cuzco, Perú, el 3 de febrero 1985, en Iquitos, Perú, el 5 de febrero 1985;
en Lucutanga, Ecuador, el 31 de enero 1985; en Quito, Ecuador, el 30 de
enero 1985; en el Discurso a los Obispos de Brasil en visita « ad limina
», el 24 de marzo 1990; en Aterro do Bocanga - São Luís, Brasil, el 14 de
octubre 1991; en el Discurso a los Obispos de Brasil en visita « ad limina
», el 21 de marzo 1995.
[34]
Cf. Pio XII, Radiomensaje, 1 de septiembre 1944, n. 13; Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 71f.
[35]
« El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación, si, por el
hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria
que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los
intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la
prosperidad colectiva », Pablo VI, Populorum progressio, n. 24. «
Se imponen, pues, reformas que tengan por fin ... el reparto de las
propiedades insuficientemente cultivadas, en beneficio de los hombres
capaces de hacerlas valer », Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 71f.
[36]
Cf. Juan XXIII, Mater et magistra, 110-157.
[37]
« Lo principal es esto: los gobiernos deben dar por sentado y aceptado el
derecho de propiedad y asegurarlo con leyes equitativas », Leon XIII, Carta
Encíclica Rerum novarum, 1891, n. 30.
[38]
Juan XXIII, Mater et magistra, n. 102.
[39]
Las autoridades públicas no pueden usar de forma arbitraria su derecho de
determinar los deberes de la propiedad violando el derecho natural de
propiedad privada y de transmitir los bienes por herencia y no puede «
gravar la propiedad con exceso de tributos e impuestos », Pio XI, Carta
Encíclica Quadragesimo anno, 1931, n. 49.
[40]
Juan XXIII, Mater et magistra, n. 128.
[41]
« Quienes tienen una concepción natural y, sobre todo, cristiana de la
dignidad del hombre y de la familia, consideran a la empresa agrícola, y
principalmente a la familiar, como una comunidad de personas en la cual las
relaciones internas de los diferentes miembros y la estructura funcional de
la misma han de ajustarse a los criterios de la justicia y al espíritu
cristiano, y procuran, por todos los medios, que esta concepción de la
empresa agrícola llegue a ser pronto una realidad, según las
circunstancias concretas de lugar y de tiempo », ibid., n. 128.
[42]
« En las sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común
de los bienes está, a veces, parcialmente logrado por un conjunto de
costumbres y tradiciones comunitarias, que aseguran a cada miembro los
bienes absolutamente necesarios », Conc. Vat. II,
Gaudium et spes, n. 69b.
[43]
Cf. ibid., n. 69
[44]
« En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa
», Juan Pablo II, Laborem exercens, n. 17.
[45]
Es deber del Estado « actuar contra el desempleo, el cual es en todo caso
un mal, y que, cuando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una
verdadera calamidad social », ibid., n. 18. Para que todos tengan un
empleo, el estado debe promover una organización del trabajo correcta,
mediante « una coordinación justa y racional, en cuyo marco debe ser
garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los
centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo que se ha
dicho anteriormente acerca del carácter subjetivo del trabajo humano », ibid.,
n. 18.
[46]
La remuneración del trabajo es justa si, además del salario, el trabajador
puede disfrutar de « otras prestaciones sociales que tienen por finalidad
la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia », ibid.,
n. 19.
[47]
« La experiencia histórica enseña que ... la unión de los hombres para
asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del
trabajo, sigue siendo un factor constructivo de orden social y de
solidaridad, del que no es posible prescindir », ibid., n. 20.
[48]
Juan Pablo II, Centesimus annus, n. 32.
[49]
Cf. Conc. Vat. II, Gaudium et spes, n. 69a.
[50]
Sobre la importancia del papel de la mujer en los procesos de producción y
transformación de los productos agrícolas, en los países en vías de
desarrollo, véase: FAO, Socio-Political and Economic Environment for
Food Security, Rome 1996, par. 4.3.
[51]
Cf. Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 29 de junio 1995.
[52]
No hay que subestimar, sin embargo, las ventajas de la propiedad común,
sobre todo en el caso de la presencia de una población relativamente
numerosa con respecto al recurso tierra. En este caso, la propiedad común
garantiza a todos los miembros de la comunidad, incluso a los más pobres,
el acceso a la tierra; motiva a los campesinos a que mantengan la capacidad
productiva del suelo que cultivan; impide, al contrario de lo que ocurre en
el caso de la propiedad privada, que los pequeños agricultores se vean
obligados a vender sus minúsculas propiedades. En otras palabras, la
propiedad común consigue evitar la pobreza extrema y la formación de masas
de personas sin tierra que a menudo caracterizan las zonas dominadas por el
latifundismo.
[53]
Juan Pablo II, Tertio millenio adveniente, n. 33.
[54]
Cf. ibid., n. 36.
[55]
Cf. ibid., n. 7.