Desde hace aproximadamente cuatro decenios se ha difundido casi universalmente la expresión «justicia social»; y, en términos generales, estas palabras tienen para todos un sentido y un ámbito de comprensión comúnmente inteligibles. En términos populares, esta locución (j. s.) denota las exigencias de j. en la organización entera de la sociedad, especialmente relacionadas con la distribución, entre todos los seres humanos, de los bienes económicos, de los beneficios de la cultura, y con la eficacia del principio de igualdad de oportunidades.
      Un análisis filosófico-jurídico de lo que la j. social signifique y requiera, pondrá en evidencia que se trata de una mejor y más equilibrada combinación de los criterios de j. en sentido general, y en sus dos modalidades de j. conmutativa y j. distributiva, las cuales, en fin de cuentas, son también «sociales», porque toda j., en sentido estricto, se refiere siempre y necesariamente a relaciones interhumanas.
      El conjunto de las exigencias de j. referidas a la participación proporcional en los bienes materiales y espirituales, teniendo a la vista la totalidad colectiva, ha cobrado la dimensión de un complejo global, por lo menos relativamente. Al fin y a la postre, se trata de un compuesto de imperativos de j. conmutativa y de j. distributiva, sólo que enfocando éstos desde el punto de vista de la organización político-jurídica de la sociedad en lo que atañe a las remuneraciones económicas del trabajo, a las condiciones del nivel de vida material, a la protección de la sanidad y salubridad, al amparo de la familia, a la salvaguardia de la infancia, a hacer posible el desenvolvimiento de todas las potencialidades humanas de cada uno de los individuos, a las condiciones equitativas del trabajo, y al alivio de las desgracias producidas por la naturaleza física, así como por las contingencias de desajustes sociales.
      La j. social incluye los problemas de Derecho del trabajo, de los seguros colectivos contra la adversidad, y de las facilidades para el acceso a la cultura. Comprende todo eso, pero también mucho más. Abarca problemas de organización política, sobre todo en relación con las estructuras económicas. Y todo esto no sólo dentro de los respectivos ámbitos nacionales, sino también en lo que atañe a las relaciones político-jurídico-económicas entre los diferentes pueblos, muy específicamente entre las naciones maduramente desenvueltas y los llamados pueblos subdesarrollados. La j. social se presenta, pues, como el conjunto de medidas políticas, económicas, jurídicas (normas y actividades administrativas), para remediar, o al menos aliviar, el llamado problema social.
      Historia. Limitándonos a la época histórica más reciente podemos decir que el tomar conciencia de este problema se desarrolla a partir del s. xix. En Francia, con un sentido político conservador, pero con programa de reforma social avanzada, y bajo el estímulo de principios católicos, Chateaubriand propugnó hondos cambios en las estructuras socio-económicas. Influido también por un espíritu católico y una filantropía práctica, Ozanam fundó la Sociedad de San Vicente de Paúl. Lamartine intentó conectar el movimiento católico con el desarrollo del sentimiento republicano; Saint-Simon (v.) es considerado como uno de los precursores del socialismo cristiano (arrogante y pedantemente llamado «utópico» por Marx). Enfantin y Bazard, discípulos de Saint-Simon, buscaron inspiración en principios comunitarios del tipo de los que rigieron en la primera etapa del cristianismo. Leroux insistió en la idea de la esencial solidaridad deseable entre todos los hombres y entre todas las clases sociales. Fourier creyó en la posibilidad de reformar las estructuras sociales mediante la creación de un ambiente colectivo ideal. Con un sentido anarquista y propósito revolucionario, Proudhon predicó reformas radicales.
      En Gran Bretaña, Owen aspiró a una demostración práctica de la posibilidad de establecer una comunidad industrial ideal. En Alemania, Lasalle abogó por un socialismo de Estado, línea seguida también por Rodbertus. Marx (v.), cuya personalidad e idea incluye numerosas contradicciones, insistió en su crítica de la plusvalía, que consiste para él en el hecho de que del producto total de la economía capitalista se detrae una parte como renta para el capital de producción prestado, en forma de intereses bancarios, de intereses de obligaciones, en dividendos de acciones, etc., y en que esto representa un ingreso sin trabajo, y además el hecho de que esta parte se quita a quienes han aportado el trabajo. «No se hacen ricos los que han trabajado, sino aquellos que han prestado el dinero».
      Las ideas de Marx no ganaron adeptos fervorosos en Inglaterra. Un grupo de socialistas, que entroncaron sobre todo con pensamientos de sus predecesores británicos, animados por un afán de reforma al servicio de la j. social, pero sin extremismos radicales ni espíritu de subversiva revolución, fundaron la llamada Sociedad Fabiana (v. FABIANIsmo). El anarquismo tuvo nuevas manifestaciones en el escritor Tolstoi y en los también rusos Bakunin y Kropotkin, así como en el francés Reclus.
      Proyectando el espíritu del Evangelio sobre las cuestiones sociales de sus respectivos tiempos, ofrecen las grandes encíclicas papales, certera y fecunda inspiración, de largo alcance. Entre ellas la Rerum novarum de León XIII, Quadragesimo anno de Pío XI, Pacem in terris de Juan XXIII, Populorum progressio de Paulo VI, así como los Radiomensajes de Pío XII del 1 jun. 1941, de la Navidad de 1942, y de 14 de mayo 1953 (v. 2).
      La ocasión que dio nacimiento a los idearios sociales, más o menos acertados, podrían caracterizarse como el barrunto o como la experiencia de que no basta, aunque sea lo principal, con garantizar las libertades individuales, ni basta tampoco, aunque sea muy importante, con hacer también efectiva la democracia política. Parece que la autonomía personal y la democracia, por sí solas, no resuelven otros problemas muy angustiosos en la vida social: los problemas concernientes a crear los medios materiales para que pueda darse de hecho una existencia humana y digna para todos, es decir, los medios o condiciones que hagan posible que todos estén en situación de alcanzar un nivel humano de vida y la perspectiva de desenvolver progresivamente todas sus potencialidades.
      Justicia social, estructura política y normas jurídicas. Si la inmensa mayoría coincide en señalar las injusticias sociales de antaño, y las muchas que todavía persisten hogaño, en cambio, hay múltiples discrepancias de opiniones respecto a dos temas: 1) sobre las causas de ese deplorable estado de cosas, que suscitó la protesta contra la estructura económica de la sociedad moderna y contemporánea; y 2) sobre los proyectos para remediar esas deficiencias.
      Las soluciones propuestas para el remedio o el alivio de esos problemas se dan en gran número y desde diversos puntos de vista. Van de más a menos: desde el bolchevismo, antihumanista, que degrada a la persona humana y aspira a convertir a los súbditos en animales un poco mejor alimentados (en lo cual ha tenido enormes fracasos) y establece una dictadura totalitaria (v. coMuNIsMo), hasta el neoliberalismo (v.), que sólo propugna la corrección de los errores en que se incurrió al llegar a la práctica los principios de autonomía personal y de democracia, pasando por una serie de grados intermedios (diversas fórmulas -hoy no tanto fórmulas como más bien actitudes y enfoque- de socialismo, de la llamada democracia cristiana, de intervencionismo, etc.).
      En términos generales cabe decir que la experiencia ha demostrado que, si bien los derechos individuales son esenciales, básicos e imperativos, hasta el punto de que les corresponda el lugar más alto en la estimativa jurídica, y los derechos democráticos tienen patente importancia, sin embargo, ni los unos ni los otros son suficientes, por dos razones: la, los derechos individuales y democráticos no pueden realizarse satisfactoriamente cuando no existen ciertas condiciones de seguridad material (económica) y de educación y cultura; 2a, con ser de la máxima y suprema importancia los derechos individuales y democráticos, éstos no agotan todos los requerimientos de la j. para los hombres. La persona individual no puede realizarse a sí misma en cuanto a las posibilidades y potencialidades que tiene, como no sea contando con una serie de múltiples y variadas condiciones y ayudas que reciba de la sociedad. Se debe mirar al hombre no como individuo abstracto, sino como individuo real inserto en la sociedad, por virtud de la propia esencia de lo humano, y necesitando ineludiblemente de sus prójimos para todas las funciones de su propia vida.
      Los derechos de libertad son como cercas o murallas que defienden al individuo frente al peligro de indebidas agresiones e injerencias de los otros hombres, sobre todo de los poderes públicos. Sucede empero, que, además de las cercas o murallas que protejan el santuario de la persona individual contra cualquier intromisión ajena injustificada, es necesario que el orden jurídico proporcione bisagras o mecanismos de engranaje para la cooperación, indispensable a la vida humana, la cual es siempre vida en sociedad. Con acierto se piensa que la j. requiere una serie de normas y prestaciones sociales positivas en beneficio de la base material y cultural, necesaria a todos los hombres.
      Para la realización de sus fines legítimos, los hombres tropiezan con múltiples dificultades u obstáculos de carácter social, tales como un trato inadecuado en cuanto a las condiciones de su trabajo, falta de oportunidades para desenvolver todos sus potenciales humanos. Muchas veces se trata de dificultades y obstáculos que no son producto de un propósito determinado; por el contrario, son desajustes, efectos de organizaciones colectivas deficientes, o resultado de la dinámica espontánea de varios factores sociales, lo cual provoca, p. ej.: hambres colectivas, miserias, insuficiente número de oportunidades educativas, y tantos otros hechos parecidos. Puede suceder que algunas de esas situaciones sean debidas a la pereza o a vicios de quienes las sufran, pero la mayoría de estos casos son resultado automático de factores sociales que la voluntad del individuo no puede controlar.
      Además, los individuos tropiezan también con otras dificultades, desgracias producidas por las fuerzas de la naturaleza, solas, o combinadas con desajustes sociales, tales como insalubridad, enfermedades, catástrofes geofísicas (terremotos, huracanes, inundaciones, etc.), orfandad, accidentes, ancianidad, viudez desamparada, etc. No es justo que el peso para prevenir, remediar o aliviar tales desventuras recaiga exclusivamente sobre los individuos que las sufren. Los principios de solidaridad social requieren que sea la comunidad quien ayude a soportar los quebrantos de tales azares desdichados.
      Un buen resumen, esquematizado -aunque quizá no suficiente- de las exigencias principales de la j. social lo encontramos en los art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Declaración Universal de Derechos humanos (v. DERECHOS DEL HOMBRE III), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 die. 1948.
      Un conjunto cada vez más rico de normas de Derecho del trabajo, de Seguridad social, de Sanidad o Salubridad, y de Educación pública, han determinado notables progresos, aunque tal vez insuficientes, en materia de j. social en los Estados que han conseguido un grado satisfactorio de desarrollo.
      En los últimos lustros se ha cobrado dramática conciencia de otros aspectos de la j. social: de las desigualdades entre los pueblos ricos y los subdesarrollados. Y, además, se advierte que, a pesar de muchos y plausibles esfuerzos para remediar esos contrastes, entre la vida relativamente cómoda de un tercio privilegiado de la humanidad, y la situación de miseria de las otras dos terceras partes, la desigualdad crece más y más todos los días, por virtud de la concurrencia de múltiples factores, que hasta ahora los hombres no han acertado a dominar. Entre otros muchos testimonios, la Enc. de Paulo VI, Populorum progressio, constituye una potente voz de alarma, a la vez que un bien orientado estímulo para decidirse en serio a afrontar este lacerante problema de la injusticia interriacional entre las naciones desarrolladas y los pueblos que gimen todavía indigentes.
     
     

BIBL.: L. RECASÉNS SICHES, Tratado general de Filosofía del Derecho, México 1965, 600-611,523-531; J. CASTÁN TOBEIJAs, La idea de justicia social, Madrid 1966; E. WELTY, Catecismo social, Barcelona 1966 y 1967; E. BRUNNER, La justicia: Doctrina de las leyes fundamentales del Orden social, trad. L. RECASÉNS SICHES, México 1961; VARIOS, Comentarios a la encíclica «Populorum Progressio», México 1967; M. ALCOCER, Doctrina social, México 1941; 1. D. BERNAL, The Freedom of Necessity, Londres 1949; A. PASQUIER, Les Doctrines Sociales en France, París 1950; L. LEGAZ Y LACAMBRA, Filosofía del Derecho, Barcelona 1962, 345 ss.; J. Ruiz-GIMÉNEz, La Concepción institucional del Derecho, Madrid 1944; M. SANCHO IZQUIERDO, Principios de Derecho natural, Zaragoza 1955, 155 ss.; C. CARDONA, Metafísica del bien común, Madrid 1966; 1. ZARAGÜETA, La justicia social: Su concepto y aplicaciones actuales y posibles, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 1955, 299 ss.

L. RECASÉNS SICHES.