Se defiende legítimamente todo aquello que, perteneciendo a uno, se busca, se retiene o se reclama por medios lícitos. No se trata aquí de la d. l. entendida en este sentido amplio.
     
      Planteamiento de la cuestión. Entre los derechos del hombre (v.) prevalece el derecho a la vida (v.) y a la adquisición y libre disposición de ciertos bienes que suelen estimarse tanto y aún más que la misma vida. A la conservación de estos supremos valores humanos se refiere la d. l.
     
      La idea de defensa trae necesariamente a la mente la de injuria (v.), que la precede y la justifica.
     
      Es evidente que el derecho, si no puede tutelarse eficazmente, resulta ficticio, por la imposición de la fuerza sobre la razón. Pero no siempre la tutela, basada en una legalidad, es o simplemente posible o suficientemente eficaz. ¿Se puede actuar al margen de la ley escrita cuando ésta no puede entrar en juego de una manera válida. con el riésgo de seguirse, o cierta o probablemente, el atropello de un derecho?
     
      Se sabe que la justicia (v.) de los hombres no es, en muchos casos, la absoluta: la que de verdad da a cada cual lo que le pertenece. Las limitaciones de las facultades humanas y de los instrumentos puestos a su alcance para hacer justicia, se reflejan muchas veces en las imperfecciones de los actos, que quieren ser la expresión de esa virtud; en otras palabras, en injusticias objetivas, imputables sólo a esta incapacidad radical de apreciar los hechos, los actos humanos referidos a ellos y las normas legales que los contienen y los valoran como realmente son, han sido o se ha querido que sean. Es entonces totalmente cierto que la sola estimación subjetiva de una tutela jurídica eficaz, imposible o dudosa, por estas causas indicadas, no faculta para que el individuo particular pueda procurarse por sí mismo la justicia: lo que para él es subjetivamente verdadera justicia. Caeríamos por este camino en la institución de la fuerza como instrumento apto para defenderse y para amparar los propios derechos.
     
      Y esto ha de afirmarse respecto a toda clase de bienes, a cuya posesión y uso puede lícitamente aspirar el hombre cuando está garantizada la vida, sin la cual no se concibe ni la existencia ni el ejercicio de cualquier legítimo derecho.
     
      Pero ¿y si son la vida (v.), la integridad personal o cualesquiera de esos valores prevalentes, ya aludidos, los que, en algún momento, quedan sin otro amparo que la fuerza? ¿Puede ser entonces válida moralmente su defensa prescindiendo de la ley escrita, si la inminencia del peligro no deja dudar sobre la gravedad de la injuria, por una parte, y sobre la verdad, por otra, del derecho del atacado a defenderse? Esta es exactamente la cuestión que vamos a dilucidar.
     
      Centrada así la materia propia de este tema, es fácil concluir que por d. l. entendemos el derecho que asiste a todo hombre de usar de la fuerza para garantizar su persona y sus derechos contra la ilegítima agresión, que imposibilita una tutela legal eficaz.
     
      La fuerza o violencia en este caso, no es, por necesidad, la que se concreta en la vulneración o en la muerte del agresor; pero tampoco excluye estos dos aspectos más graves de la repulsión.
     
      La injuria. Su necesidad es evidente, porque nadie piensa en defender aquello cuya pacífica posesión sigue imperturbada. Pero ¿qué clase de injuria puede justificar la violencia que, en circunstancias ordinarias, constituye lesión del derecho de todo hombre a vivir dentro del orden jurídico, amparado y juzgado por él? La injuria ha de ser tal, en concreto, que haga imposible el ejercicio de este derecho, en una convivencia normal. Una injuria así sólo se concibe en la agresión ilegítima, actual ya o inminente y directa, cuyos efectos no es posible evitar por la vía normal de la tutela jurídica. Es ilegítima la agresión cuando no hay razón alguna que la justifique.
     
      Es indiferente que la injuria sea formal: pecado ante la conciencia, o que ciertamente sea material: la de un demente. En ambos casos el derecho a la defensa por la fuerza es legítima, y se basa en las exigencias del bien común.
     
      Si la agresión se ha puesto ya por obra, es actual; pero basta la evidencia del propósito de perpetrarla inmediatamente y por modo directo. Entonces es inminente y directa. Esperar a que se haga actual podría suponer, para el agredido, la total imposibilidad de defenderse. Además, la injuria ha de ser grave: ha de comprometer seriamente bienes importantes: en lo individual, la vida, la integridad personal, etc.; en lo social, la paz, el bien común, la independencia, etc. Con todo, en rigor, una injuria real leve hace lícita una repulsa igualmente leve.
     
      Limitándonos en este artículo a las injurias contra las personas físicas, pues de las demás se tratará en lugares más a propósito (v. GUERRA vi), ofrecen particular interés los ataques contra la vida, la propiedad (v.) y el pudor (v.). ¿Cuándo estos ataques constituirán la injuria que haga lícito el empleo de la fuerza, exento de imputabilidad moral y de responsabilidad criminal, aun llegando hasta la muerte del agresor si la defensa eficaz de estos bienes lo exigiera? Respecto al caso de la propiedad, se entiende que el recurso a los medios ordinarios, como defensa legítima, prescindiendo de la fuerza, ya no implicaría la salvaguarda del bien atacado, sino, a lo más, de los efectos de la injuria: que es cabalmente lo que hace suponer Ex 22,2.3: «No es homicida el que mata a un ladrón sorprendido asaltando la casa. Es homicida, si le matare en pleno día». Y es que, siendo entonces recognoscible el salteador, se hace posible la intervención judicial.
     
      Respecto al pudor, ha de admitirse que, no obstante las dudas apuntadas por algunos, en la mujer, el pudor entendido en sentido amplio, como la integridad carnal libremente escogida, o aceptada como fidelidad consagrada a Dios por la profesión religiosa o al hombre por el matrimonio, es un bien digno de ser apreciado y, de hecho, siempre grandemente estimado en una concepción espiritualista de la vida, como superior a cualquier otro, entre los que representan valores morales del hombre, con repercusión en una convivencia social digna y engendradora de felicidad. No hay que excluir, por tanto, la injuria que hace lícito el uso de la fuerza contra un agresor, el cual, de otra suerte, consumaría la violencia carnal.
     
      Ejercicio de la legítima defensa. El bien común, la paz y la tranquilidad pública, quedarían gravemente comprometidos, si no fuera lícita la defensa por la fuerza, con determinadas condiciones, de la persona y de sus derechos injustamente atacados; los mismos motivos imponen la obligación de no llevar la repulsión violenta de la agresión ilegítima más allá de lo que sea necesario para mantener la incolumidad de los bienes agredidos.
     
      De donde el medio empleado para impedir o repeler la injuria tiene que responder a un necesidad racional (como especifica, p. ej., el CP español; art. 8,4°), en conformidad con la prudencia, la caridad y la justicia.
     
      La agresión injusta contra la vida, la integridad personal, los intereses materiales de gran valor en peligro de perderlos irremisiblemente, el pudor, puede ser rechazada hasta con la muerte del agresor, si fuere ella el medio único para defender estos supremos bienes.
     
      Sin embargo, salvo el caso de exigirlo el derecho prevalente de un tercero (sobre todo si éste fuera la comunidad social, familiar o religiosa), el uso lícito de la violencia contra el agresor no equivale al deber moral de recurrir a ella para evitar los daños de la agresión, principalmente cuando hubiera de intervenir la muerte del atacante; la permisión de éstos, dejando curso libre a la provocación, o resistiéndola sólo en parte, sería acto heroico de caridad, si la pasividad del agredido estuviera motivada por el deseo de atender al bien espiritual del agresor.
     
      En las mismas condiciones en que es lícita la defensa por la fuerza de la propia persona y de los propios derechos, lo es también la defensa de la persona y de los derechos del prójimo, indefenso e injustamente atropellado. Pero, con mayor razón que cuando se trata de lo propio, no hay entonces verdadera obligación de apelar al último recurso de la muerte infligida al injusto agresor, a no ser en la hipótesis de ser el agredido persona muy necesaria al bien común; estar el defensor unido a ella con vínculo de consanguinidad o afinidad muy próxima; o, en fin, tener, ex officio, la misión de defender al ciudadano inocente.
     
      Por lo que se refiere, en concreto, a la agresión contra los intereses materiales, es de notar que no estaría permitido escudarse en el derecho a la legítima defensa para rechazar la injuria irrogando al injuriante un daño muy superior al que razonablemente se puede temer como consecuencia del asalto a la propiedad, quedando siempre a salvo, como es obvio, los imprevistos que suelen mezclarse en todos estos actos de violencia por una y otra parte.
     
      En cuanto al empleo de la fuerza como remedio para acabar con los abusos del capitalismo o del socialismo y con las enormes «diferencias económicas que existen hoy, y frecuentemente aumentan, unidas a discriminaciones individuales y sociales» (Vat. II, Const. Gaudium el spes, 66), la doctrina común y el Magisterio de la Iglesia han propugnado siempre su ilegitimidad y su inutilidad. En rigor, excepción hecha del caso de quien, dueño incuestionable de la cosa (que, por el momento, ni él ni quienes de él dependen, precisan), se negara a entregarla al que la necesitara para defender su vida en inminente peligro, no se trata de agresión injusta que no tenga otra solución que el recurso a la fuerza.
     
      «Es bien sabido (se lee en la Populorum progressio de Paulo VI) que las revueltas sociales, fuera del caso de una tiranía evidente y continuada, que lesione los derechos primarios de la persona humana y cause grave daño al bien común de la nación, conducen a los hombres a mayores calamidades. Por donde este mal, que ciertamente existe, no hay que rechazarlo de forma que se origine otro mayor» AAS 59 (1967) 272-273. (Cfr. Paulo VI, Discurso de 27 mar. 1968, en el primer aniversario de la enc. Populorum progressio, AAS, 60, 1968, 258; Disc.
      al Sacro Colegio de 24 ¡un. 1968, ib. 456; Disc. de 24 ag. 1968 en la apertura de la segunda asamblea general del Episcopado latino-americano, ib.).
     
      En cuanto a la agresión contra el pudor, conviene hacer notar que la teoría de la defensa legítima no implica la licitud de actos que nada tienen que ver con el hecho de la respuesta a la agresión por la fuerza. Por consiguiente, en la hipótesis de un atropello carnal, previsto como cierto o como muy probable, falla el proceso lógico de la argumentación cuando se concluye la licitud del uso previo de anovulatorios (v.), para evitar una concepción. Sin embargo, hemos de reconocer que teólogos de merecida fama internacional, como p. Palazzini, F. Hürth, F. Lambruschini, a los que se han unido varios más, deducen la probabilidad de la licitud del uso de anovulatorios, en el caso de la mujer en trance de ser violada, del derecho de ésta a la d. l.
     
     

BIBL.: S. Toeaxs, Sum. Th. 22 q64 a7; A. PEINADOR, Cursus brevior Theologiae Moralis, 111, Madrid 1954, 397-412; M. ZALBA, Theologiae Moralis Summa, 11, 2 ed. Madrid 1957, 76-79; A. Royo MARÍN, Teología Moral para seglares, 1, Madrid 1957, 427; W. SCH8LLGEN, Problemas morales de nuestro tiempo, Barcelona 1962, 246-260; A. VAN HOVE, Circa quaestionem de defensione occisiva contra iniustum aggressorem, «Ephemerides Theologicae Lovanienses» 6 (1929) 655-664; J. PEREDA, Problemas alrededor de la legítima defensa, «Estudios de Deusto» 15 (1967) 9-34.

A. PEINADOR NAVARRO.