Político y hacendista español del reinado de Isabel II; n. en Fregenal de la Sierra (Badajoz) el 9 jun. 1803, de familia modesta. Probablemente el hecho de ser sacerdote un tío suyo, y su padre profesor de latín, determinó el que comenzase a preparar la carrera eclesiástica, ya desde los 12 años, en el convento de S. Francisco de Fregenal. En Sevilla (1815-20) continuó sus estudios, al tiempo que iniciaba los de Jurisprudencia, nueva orientación que acabaría por prevalecer. Con todo, B. M. nunca prescindió de la formación doctrinal y religiosa recibida en sus primeros años, y haría gala de ella toda su vida. La carrera de Derecho, que continuó en Salamanca desde 1820, iba bien también con su carácter lógico y argumentador.
      Terminada la carrera se trasladó de nuevo a Sevilla, donde comenzó a ejercer la abogacía, al tiempo que desempeñaba en la Universidad la cátedra de Instituciones Filosóficas. En 1834 fue nombrado fiscal de la Audiencia de Cáceres, y al año siguiente se le destinó, para idéntico cometido, a Oviedo, cargo que rehusó, dedicándose desde entonces al ejercicio privado de su profesión, sobre todo a partir de 1835, año en que fijó su residencia en Madrid. Más sólido que brillante, lento en su discurso, pero implacablemente lógico, B. M. se convirtió en pocos años en uno de los abogados más famosos de la Corte. Fue aquel prestigio, mucho más que su afición personal, lo que le llevó al campo de la política.
      Principios ideológicos. El pensamiento de B. M. ofrece ribetes de originalidad en medio del ambiente ideológico de su época, y resulta indispensable tenerlo en cuenta para comprender el sentido de su actuación política. Formado en la filosofía tradicional, y admirador de los clásicos españoles del Siglo de Oro, trató de traducir las doctrinas políticas de aquel acervo a la realidad del liberalismo doctrinario imperante en su época. B. M., liberal, constitucional y parlamentario, quiso, sin embargo, un régimen de soberanía efectiva, capaz de superar los vaivenes y sobresaltos tan propios de la política isabelina. Veía en la doctrina del pacto, tal como había sido formulada por Suárez, Covarrubias o Domingo Schram, una garantía de solidez y continuidad, mientras que la realidad de entonces - luchas incesantes de partidos, pronunciamientos, frondosa retórica parlamentaria- le parecía de un bizantinismo inútil y hasta una verdadera inversión del objeto esencial de la política. Su idea clave era la de que se habían antepuesto la teoría a la práctica, los medios a los fines.
      En el mismo plano que la contraposición teoría-práctica, o medios-fines, colocaba B. M. la dualidad política-administración. Y estimaba que la política debe marchar de acuerdo con las necesidades administrativas, nunca la administración a remolque de la política (entonces era frecuente que hasta los empleados de Correos o los guardias municipales fuesen removidos a cada cambio de gobierno). De aquí, por una parte, la adscripción de B. M. al partido moderado; de otra, el sentido positivo de realizaciones que daría a su gobierno, en contraste con el carácter eminentemente político de los que le anteceden o le siguen.
      Carrera política. Su fama como abogado hizo que se le llamara, a partir de 1836, a ocupar varias veces un escaño en las Cortes, sin excesivo entusiasmo por su parte. Desde que en 1844 se impusieron los moderados, se le vio más decidido a participar en la vida política, y tuvo un papel relevante en la elaboración de la Constitución de 1845. En 1847 fue ministro de Gracia y Justicia, en el gobierno presidido por el marqués de Casa Irujo. En octubre del mismo año, Narváez le nombró ministro de Comercio, Industria e Instrucción Pública, cargo que le consagró definitivamente como excelente administrador. Reformó los planes de enseñanza, y fomentó el desarrollo de la agricultura, minería y obras públicas. En agosto de 1849, por dimisión de Mon, B. M. pasó a desempeñar la cartera de Hacienda, puesto desde el que planificó la consolidación de la Deuda. Sin embargo, la oposición de varios ministros a secundar su proyecto de reducción de los gastos del Estado provocó su caída, en noviembre de 1850.
      De todas formas, la opinión se pronunció en favor del ministro depuesto, hasta el punto de que el 14 en. 1851, planteada la crisis por Narváez, Isabel II comisionó a B.M. para la formación de un nuevo gobierno. Fue un verdadero gobierno de técnicos, que, tanto por su honestidad como por su falta de retórica parlamentaria, fue pronto conocido como el honrado Concejo de la Mesta. Valera pretende, quizá sin excesiva precisión en el término, que B. M. quiso seguir el sistema del despotismo ilustrado.
      Entre sus realizaciones figura la firma del Concordato con la Santa Sede (11 mayo 1851), que venía a zanjar el espinoso asunto de la desamortización, así como la consolidación de la Deuda (1 ag. 1851), que dejó al Estado el camino expedito para la realización de un vasto plan de obras públicas. Entre éstas destaca el impulso dado a los nacientes ferrocarriles. La ley Ferroviaria de 3 dic. 1851 determina las futuras líneas de fuerza de los Caminos de Hierro en España. Respecto de la administración, la ley de Funcionarios de 18 jun. 1852 independizaba la carrera administrativa de las actividades políticas.
      Caída y ostracismo. Sin embargo, los elementos políticos, incluidos los moderados, se opusieron a la orientación de B. M. Quiso éste podar las frondosidades parlamentarias, y en diciembre de 1852 presentó a las Cortes un nuevo proyecto de Constitución, que robustecía los resortes del poder ejecutivo. No llegó a ser discutido siquiera por el Parlamento, que lo rechazó de plano. B. M. hubo de dimitir (14 dic. 1852). Desde entonces vivió casi retirado y desengañado de la política. Sólo en 1858 ocupó la presidencia de las Cortes, para retirarse definitivamente a los pocos meses. Desde 1863 comenzó a redactar los Opúsculos, serie de artículos que resumen sus ideas y recuerdos. M. en Madrid el 10 en. 1873.
     

BIBL. : J. BRAVO MURILLO, Opúsculos, 6 vol., Madrid 1863-1874; M. REINOSO, Política administrativa del gabinete Bravo Murillo, Madrid 1857; A. BULLÓN DE MENDOZA, Bravo Murillo y su significación en la política española, Madrid 1950; SAURA PACHECO, Monografía de Bravo Murillo, Cáceres 1923; I. L. COMELLAS, La teoría del régimen liberal, Madrid 1962.

J. L. COMELLAS GARCÍA-LLERA.