Nueva Ley Orgánica de Educación: seis recursos de inconstitucionalidad, tres Comunidades Autónomas no han aprobado aún su Decreto de Primaria cuando ésta ya se ha aplicado desde septiembre en 1º, 3º y 5º, una Comunidad no ha aplicado la FP Básica, seis Comunidades dicen que no tienen tiempo para aprobar sus Decretos de Secundaria y Bachillerato, dos Comunidades dicen que no van a realizar la prueba de evaluación de 3º de Primaria, ocho Comunidades no han cambiado los libros de texto correspondientes al currículo anterior…

Los partidos políticos de la oposición se comprometen a derogar esta ley en cuanto accedan al gobierno. Si sucede, tendremos otra Ley y la nueva oposición anunciará que la derogará en cuanto recupere el poder. Mientras, serán otras las Comunidades que harán lo mismo que están haciendo ahora algunas.

Se ha generalizado un discurso-eslogan de confrontación política que hace más lejano el punto de encuentro: defender un modelo de escuela pública es progresista y defender un modelo de escuela concertada es conservador. Se es de izquierdas si se apuesta por una escuela pública y de derechas si se hace a favor de la escuela concertada. Con esos posicionamientos obvian que se trata de un tema de libertad muy consolidado en los Acuerdos y Tratados Internacionales que el Estado Español ha suscrito, así como Resoluciones Europeas y la propia Constitución. Se supone que en un Estado de Derecho, cuando se trate de no facilitar la libertad de elección, previamente se ha de denunciar esa firma y/o adhesión del Estado español con el resto de la comunidad internacional con la que se suscribieron esos acuerdos, pero este aspecto lo eluden u ocultan. Quienes defendemos la complementariedad de ambas redes y el derecho constitucional de los padres a elegir libremente el tipo de enseñanza que consideren más adecuada para sus hijos, lo tenemos cada vez más difícil.

Los profesionales de la educación llevamos muchos años viviendo este desorden. La mayoría del colectivo deseamos reformas educativas ajenas a intereses políticos, de partidos y de otras organizaciones. No será posible sin un pacto.

Se cuestiona a los profesionales por su preparación y trabajo y a los alumnos por sus resultados. Demasiado fácil. Nadie puede perder de vista que los docentes salimos formados de las universidades según los planes aprobados por los políticos, que aplicamos los diferentes y sucesivos currículos y reformas que aprueban los políticos y que los resultados que obtienen los alumnos son consecuencia de todo ello. Nadie entienda esto como una justificación o excusa de nuestras responsabilidades docentes pero parece obvio que el problema principal, el más grave, no está en la escuela, ni en los profesores ni en los alumnos.

Jesús Pueyo Val es Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza