CONSTRUCTORES DE LA PAZ
INSTRUCCIÓN PASTORAL
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL EPISCOPADO
CAPÍTULO III
JUICIO CRISTIANO SOBRE LAS GRANDES CUESTIONES DE PAZ
54. Queremos proyectar esta mirada evangélica sobre algunas cuestiones más urgentes de nuestro tiempo en torno a la paz, no para ofrecer soluciones concretas que pertenecen al terreno de la política mundial o nacional, sino para que las soluciones no sucumban al pragmatismo del puro "realismo político" sin horizontes éticos. Es cierto que los grandes ideales quedan siempre más allá de las actuaciones prácticas, pero si éstas no brotan motivadas por las preocupaciones éticas ni tratan de acercarse a los ideales tampoco serán válidas para construir la verdadera paz.
1. LA GUERRA ES UN MAL CONDENABLE
55. Para el pensamiento cristiano la guerra es un mal que no responde a la naturaleza del hombre como ser racional y sociable; un atropello contra los derechos humanos y contra los derechos de Dios; una violencia incompatible con la mansedumbre de Jesucristo y el Evangelio de reconciliación. Da-das las espantosas consecuencias que hoy pueden provocar un conflicto bélico, la guerra ha llegado a ser un mal intolerable: -" en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, -resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado" 52 .
56. Una guerra con armas nucleares, bacteriológicas o químicas no puede ser justificada bajo ningún concepto ni en ninguna situación. La rapidez de intervención de las partes en conflicto y la capacidad de destrucción ilimitada hacen intolerables unos efectos que supondrían un crimen contra la humanidad, por lo que esa guerra debe ser condenada sin paliativos 53 .
Es igualmente injustificable cualquier guerra de agresión, sean cuales sean los medios de destrucción empleados; serán siempre rechazables por la intencionalidad que originó el enfrentamiento y por la finalidad que se persigue, y ello aún in-dependientemente del peligro real que entraña además la posible generalización del conflicto. Por otra parte, está disminuyendo la diferencia entre armamento nuclear y convencional. Es evidente que "debemos hacer un esfuerzo para preparar con todas nues-tras fuerzas los tiempos en que, con el consentimiento de las -naciones, pueda ser proscrita totalmente toda clase de guerra" 54 .
2. DERECHO A LA LEGITIMA DEFENSA .
57. La autodeterminación, la libertad y la integridad son bienes de los pueblos y de las naciones que pueden y deben ser deben ser defendidos en el caso de que existan amenazas o agresiones injustas. En la doctrina católica la autoridad y el Estado tienen la misión primordial de defender los derechos personales y colectivos contra cualquier clase de agresión injusta que pueda presentarse.
Ya desde ahora hay que decir que esta "mejor manera posible" ha de tener en cuenta no solo la eficacia y la contundencia sino también los aspectos morales, el respeto a la dignidad humana del adversario y sobre todo los derechos de la población inocente.
58. En ausencia de una autoridad internacional capaz de asegurar el orden internacional, está claro que un Estado soberano puede y debe organizar adecuadamente la defensa de su población y de su territorio. No es suficiente una concepción de la paz como mera ausencia de guerra ni puede apoyarse la defensa en una mentalidad armamentista. Una política de promoción positiva de la paz tiene que fundarse en primer lugar en el respeto a los derechos de todos y al desarrollo de unas relaciones inter-nacionales justas y solidarias.
59. Hoy, por desgracia, existen todavía amenazas contra la paz y la libertad de los pueblos. Estas amenazas provienen de las ideologías que justifican la negación de los derechos humanos concretos en favor de inciertas utopías futuras, de la búsqueda de un bienestar cada vez mayor como meta absoluta sin atender a las necesidades de los demás, de la rivalidad y expansionismo de las grandes potencias, del empleo de métodos subversivos y violentos para reivindicar pretendidos derechos o vengar agresiones padecidas.
Es necesario todavía reclamar "el respeto de la independencia, de la libertad y de la legítima seguridad" de los pueblos 55 . Por ello no se puede negar a los gobiernos el derecho a tomar aquellas medidas necesarias para la defensa y seguridad de sus pueblos 56 .
3. EXIGENCIAS ÉTICAS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA .
60. El derecho a la defensa legítima justifica evidentemente la producción y posesión de los medios necesarios para ejercerla. Pero desde el punto de vista moral surgen aquí graves preguntas: ¿Es lícito cualquier modo de organizar y llevar a cabo la propia defensa? ¿Es igualmente lícita la posesión y uso de cualquier clase de armas?. La doctrina tradicional de la Iglesia, -aplicada a las nuevas circunstancias, tiene también aquí su aplicación.
61. El principio general para iluminar estas cuestiones es el siguiente: La defensa tiene que estar ordenada y subordinada al bien común de la sociedad cuyos bienes se pretenden defender; tiene que encaminarse a la evitación de la guerra, nunca a fomentarla o a provocarla; por último, la defensa tiene que ser -proporcionada a los peligros reales de agresión. Tales criterios excluyen la validez de la carrera ilimitada de armamentos.
Por otra parte la defensa no puede descansar únicamente en la fuerza disuasoria de las armas. El primer esfuerzo de la defensa ha de consistir en el reconocimiento de los derechos de todos los hombres y pueblos, así como en el desarrollo de relaciones internacionales inspiradas en el respeto, la confianza y la solidaridad.
62. La legitimidad moral de la defensa no justifica, por tanto, la producción ilimitada de armas dando lugar al desarrollo de una industria armamentística que poco a poco va convirtiéndose en eje principal del desarrollo de la investigación, la industria y el comercio. Cuando esto ocurre, la defensa, en vez de ser un medio imprescindible para situaciones especiales, se convierte en el eje de un sistema económico que necesita ampliarse constantemente y justificarse sin cesar con la existencia de tensiones y conflictos. En esta situación, la fabricación y el comercio de armas, en vez de ser un instrumento de defensa, se convierte en un aliciente para la guerra, en una verdadera amenaza contra la paz y hasta puede llegar a ser una injusticia respecto a los más pobres.
63. Llegados a este punto no se puede dejar de hablar de los problemas que plantean las armas llamadas científicas, es decir, armas nucleares, biológicas y químicas. A efectos del juicio moral, la particularidad de estas armas es, ante todo, su gran poder mortífero y destructor. Desde un punto de vista cristiano y moral nos parece obligado afirmar que no es moralmente acepta-ble ni la fabricación, ni el almacenamiento ni el uso de esta clase de armas. Su gran poder destructor hace imposible admitir la moralidad de tal clase de armamentos. Un juicio semejante habría que hacer de ciertas armas convencionales con creciente -capacidad de destrucción masiva e indiscriminada.
Nunca deberían haber aparecido en una humanidad civilizada estos instrumentos de destrucción generalizada e incontrolada. Una conciencia moral no puede aceptar la existencia y el desarrollo de tales armas como un modo normal de ejercer el legítimo derecho a la propia defensa. La Iglesia, como intérprete de la conciencia moral que nace del Evangelio y de la misma con ciencia moral de la humanidad, no ajena a las inspiraciones del Espíritu de Dios, no puede dejar de mantener vivo el imperativo moral de la prohibición y destrucción generalizada y controlada de tal clase de armamentos.
4. EL PROBLEMA MORAL DE LA DISUASIÓN
64. Para iluminar moralmente la situación actual no es suficiente decir que estas armas no debían haber existido nunca. Nos encontramos en una situación en la que de hecho las naciones más poderosas del mundo, divididas en bloques antagónicos, se amenazan mutuamente con grandes arsenales de armas nucleares y científicas capaces de destruir totalmente la vida humana sobre la tierra. El juicio moral sobre esta situación es complejo y requiere importantes matizaciones.
65. La estrategia de disuasión, tal como existe actualmente, no parece compatible con una conciencia moral que tenga en cuenta todos los aspectos afectados. Y esto por las razones siguientes: la estrategia de disuasión, llevada de su propio dina-mismo interno, obliga a un crecimiento ilimitado en cantidad y -calidad de las armas científicas aumentando ciegamente su poder destructor; esta carrera ilimitada de armamentos condiciona cada vez más el desarrollo, industrial y económico de los países afectados; el gran costo de estos armamentos obliga a consumir desmesuradamente los recursos limitados de que dispone la humanidad e impide a los países mas desarrollados mantener unas relaciones de verdadera colaboración y solidaridad con los países pobres y subdesarrollados. Mientras en unos países se llega a construir artefactos costosísimos de vida efímera que tienen que ser sustituidos en poco tiempo, en otros lugares de la tierra los hombres no pueden conseguir los niveles mínimos de subsistencia y de dignidad.
66. Para completar el análisis habría que añadir otra consideración: la industria armamentística exigida por la estrategia de la disuasión exige el complemento de la venta de armamentos a terceros países, generalmente pobres, con las consecuencias de -endeudamiento y empobrecimiento de los países compradores y la multiplicación o agravamiento de los conflictos armados entre países pobres cuyos habitantes carecen con frecuencia de los bienes elementales de alimentación, sanidad y cultura. Cualquier -persona con buen sentido moral y una información suficiente se -siente obligada a rechazar esta situación global como incompatible con una moral de respeto a la vida humana y de solidaridad entre los pueblos.
“Crece desmesuradamente -y el ejemplo produce escalofríos de temor- la dotación de armamentos de todo tipo, en todas y cada una de las naciones; tenemos la justificada sospecha de que el comercio de armas alcanza con frecuencia niveles de primacía en los mercados internacionales, con este obsesionante sofisma: la defensa, aun proyectada como sencillamente hipotética y potencial, exige una carrera creciente de armamentos que sólo con su contrapuesto equilibrio puede asegurar la paz” 57 .
67. Es preciso entrar en una consideración moral de la situación planteada entre las naciones de ambos bloques. Existe la división del mundo en bloques; existe la desconf ianza, el temor y la amenaza entre ambos bloques; existe la necesidad de defender la libertad de los pueblos que se sienten amenazados ¿Qué se puede decir desde una conciencia moral para superar razonablemente esta situación que parece un callejón sin salida?
68. En el año 1982 Juan Pablo II se expresaba en estos términos: "En las circunstancias presentes, una disuasión basada en el equilibrio, no ciertamente como un fin en sí misma, sino como una etapa en el camino de un desarme progresivo, quizá podría ser juzgada todavía como moralmente aceptable 58 .
69. A la vez, siguiendo las enseñanzas del Concilio y citando palabras de Pablo VI, el Sto. Padre expresaba sus reservas de orden moral frente a la estrategia de la disuasión: no es suficiente garantía para la paz ni camino seguro para mantenerla y fortalecerla; la estrategia de disuasión implica la necesidad de ser superior al adversario adquiriendo niveles cada vez más altos de capacidad destructora con lo que resulta inevitable la carrera de armamentos con todos los males y riesgos que lleva consigo.
70. Los pueblos tienen derecho a defenderse cuando se sienten amenazados; los gobiernos tienen obligación de asegurar esta defensa; el desarme unilateral podría convertirse en un aliciente para el posible agresor convirtiéndose así en una facilidad para la guerra en vez de ser una condición para la paz.
71. El punto esencial consiste en no apoyar el mantenimiento de la paz o la evitación de la guerra de manera exclusiva o primordial en el temor impuesto por la amenaza de las armas. Es preciso poner en el primer plano de los esfuerzos para evitar la guerra y mantener la paz las negociaciones y relaciones internacionales junto con el reconocimiento universal de los derechos humanos tanto de las personas concretas como de los pueblos.
El orden moral exige que los gobiernos se comprometan a establecer conversaciones y negociaciones para crear el suficiente clima de confianza que permita, en primer lugar, paralizar cuanto antes la producción de nuevas armas científicas y evitar su dispersión o extensión de manera absoluta. Es preciso que la colaboración y la confianza, expresadas en hechos concretos, hagan retroceder progresivamente los recelos y las amenazas. Posteriormente hay que avanzar en la disminución de estas armas de manera bilateral, gradual y controlada hasta llegar a su completa destrucción y prohibición.
72. Para que este proceso sea posible es necesario también que se avance en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de los hombres y de los pueblos. Las diversas ideologías y los diferentes sistemas podrían coexistir pacíficamente con tal de que se afirmasen en un contexto de libertad, de respeto al derecho de autodeterminación y autogobierno de los pueblos, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la libertad de circulación, comunicación y asentamiento. El reconocimiento generalizado de los derechos humanos dentro y fuera de las propias fronteras y el establecimiento de una política de confianza y de solidaridad entre todos los pueblos de la tierra es el camino para eliminar los bloques antagónicos existentes. De esta manera se hará innecesaria la carrera de armamentos y resultará posible romper la lógica diabólica del armamentismo.
73. Es necesario añadir que una política de paz debe inspirarse hoy en una solidaridad internacional y planetaria. Estos objetivos de solidaridad tendrían que ser el auténtico objetivo de la investigación y del avance industrial, así como de las relaciones y pactos de colaboración entre los pueblos Esta es la condición para que los avances técnicos y políticos de la humanidad resulten acordes con los planes de Dios y puedan dar lugar a un verdadero progreso material y moral, cuantitativo y cualitativo, de la humanidad.
74. Finalmente, este proceso pacífico de la humanidad no será prácticamente posible sin la existencia de una autoridad universal, verdaderamente representativa y democrática, capaz de garantizar la vigencia de los pactos establecidos, los legítimos derechos de los pueblos y la solución justa y pacífica de los conflictos locales que puedan aparecer.
75. "A quienes piensan que los bloques son algo inevitable, nosotros les respondemos que es posible e incluso necesario crear nuevos tipos de sociedad y de relaciones internacionales que aseguren la justicia y la paz sobre fundamentos estables y universales". "Este es el camino que la humanidad tiene que emprender si quiere entrar en una era de paz universal y de desarrollo integral" 59 .
CAPÍTULO IV
NUESTROS PROBLEMAS INTERNOS Y LA PAZ
76. Es conveniente que los españoles desarrollemos nuestro conocimiento de los problemas mundiales de la paz, aprendamos a enjuiciarlos con un buen sentido moral y hagamos cuanto dependa de nosotros personal y colectivamente para apoyar y desarrollar iniciativas de distensión y de paz. Pero a la vez hemos de tratar de analizar sinceramente y superar de manera seria y responsable las dificultades especificas que se dan entre nosotros para la construcción de una paz estable dentro de nuestras propias fronteras. Estamos convencidos de que la hora presente es una hora propicia para superar las raíces internas de la violencia y orientar nuestra convivencia por caminos de paz y de progreso. Con el deseo de colaborar a este empeño común ofrecemos las sugerencias que siguen, inspiradas en la moral del Evangelio y congruentes con la misión pacificadora de la Iglesia.
1. DIFICULTADES INTERNAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
77. La experiencia demuestra que la convivencia y la paz encuentran entre nosotros graves dif icultades. En el momento presente resulta excesivamente simplista hablar de la existencia de dos Españas como si nuestra sociedad estuviera dividida en dos bloques irreconciliables. La realidad es bastante más compleja y no admite una catalogación tan rígida y simplif icadora. En la sociedad española -más o menos como en las demás sociedades-se dan actualmente dif erencias étnicas, culturales, ideológicas, religiosas, políticas, económicas, sociales y generacionales que se cruzan y entremezclan en múltiples sentidos. Solamente la radicalización y la intolerancia, la ofuscación de la razón por la pasión podrían llevarnos a divisiones de la sociedad en bloques incompatibles. Sin embargo, como la misma historia demuestra, no hay nada, por malo que sea, que no se pueda repetir. Es imprescindible un esf uerzo de comprensión y de progreso social en actitudes de convivencia y solidaridad. La variedad y el pluralismo social, resultado de un reconocimiento de la libertad en la vida social y política, no tienen por qué convertirse en rivalidad si progresamos socialmente en las actitudes morales requeridas por la paz.
78. En este mismo año celebramos el cincuenta aniversario de la guerra civil. El recuerdo de aquella trágica experiencia pesa todavía, quizá excesivamente, sobre la vida social y política de nuestra Patria. La misión pacificadora de la Iglesia nos mueve a decir una palabra de paz con ocasión de este aniversario. Tanto mas, cuanto que las motivaciones religiosas estuvieron desgraciadamente presentes por ambas partes en la división y enfrentamiento de los españoles.
79. No sería bueno que la guerra civil se convirtiera en un asunto del que no se pueda hablar con libertad y objetividad. Los españoles necesitamos saber con serenidad lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años de amargo recuerdo. Los estudiosos de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento. Este conocimiento de la realidad es condición indispensable para que podamos superar la de verdad.
Por ello hay que desautorizar los intentos de desfigurar aquellos hechos, omitiendo o aumentando cualquiera de sus elementos, en favor de una posición determinada o la desautorización de personas, ideologías o instituciones. En ningún caso se debe utilizar una imagen desfigurada de lo ocurrido como argumento en favor o en contra de nadie en la actual situación española. Tal procedimiento podría avivar los rescoldos de la división todavía no apagados del todo y perpetuar en las generaciones jóvenes actitudes de intolerancia de consecuencias insospechables. Saber perdonar y saber olvidar son, además de una obligación cristiana, condición indispensable para un futuro de reconciliación y de paz.
80. Aunque la Iglesia no pretende estar libre de todo error, quienes reprochan a la Iglesia el haberse alineado con una de las partes contendientes deben tener en cuenta la dureza de la persecución religiosa desatada en España desde 1931. Nada de esto, ni por una parte ni por otra, se debe repetir. Que el perdón y la magnanimidad sean el clima general de los nuevos tiempos. Recojamos todos la herencia de quienes murieron por su fe perdonando a quienes los mataban y de cuantos ofrecieron sus vidas por un futuro de paz y de justicia para todos los españoles.
81. Por fortuna las circunstancias han cambiado profundamente. Vamos comprendiendo que las diferencias políticas, ideológicas o religiosas no deben ser causa de enfrentamientos, de incom-patibilidades o discriminaciones entre los españoles. Es imprescindible evitar todo aquello que nos pudiera hacer retroceder en el camino y volver a las exclusiones o enfrentamientos ya superados. Es necesario, en cambio, avanzar positivamente en el reconocimiento efectivo de los deberes y derechos fundamentales de todos.
82. En este esfuerzo de conciliación y convivencia, los católicos tenemos una gran responsabilidad. El gran peso sociológico de la Iglesia católica en España hace que las actitudes de la Iglesia y de los católicos en relación con los problemas sociales adquieran necesariamente una gran importancia moral y política. El Concilio Vaticano II, las enseñanzas de los obispos españoles y las exhortaciones de Juan Pablo II en su reciente visita apostólica a España nos animan a vivir personal y eclesialmente nuestra fe de manera coherente en todos los ámbitos de la vida humana sin ocultar nuestras creencias y sin ofender la libertad ni los derechos de nadie, dando de lado a posibles actitudes de dominación o intolerancia, siendo más bien defensores de la libertad de todos y de una sociedad fundada en el respeto, el diálogo, la colaboración y la convivencia 1 .
2. EXIGENCIAS ÉTICAS DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
83. La variedad y el pluralismo mas que ser razones para el enfrentamiento y la discordia están llamados a ser una verdade-ra riqueza social si desarrollamos entre nosotros los valores -morales de la paz y de la convivencia.
Las personas, las asociaciones y las instituciones debemos comprometernos al reconocimiento de la libertad y la identidad de los demás. Nadie en la vida política debe descalificar a los demás tratando de presentarse como representante único de la legitimidad democrática, de la libertad o de la justicia.
Debemos evitar los procesos de radicalización que conceden valor absoluto a las propias ideas o los propios intereses y conducen poco a poco a la negación de las razones o derechos de los demás hasta llegar a la justificación irracional de los enfrentamientos y la mutua destrucción.
84. Resulta legítimo aplicar a nuestra situación social las recientes palabras de Juan Pablo II a propósito de la paz internacional: "El diálogo puede abrir muchas puertas cerradas... El diálogo es un medio con el que las personas se manifiestan mutuamente y descubren las esperanzas de bien y las aspiraciones de paz que con demasiada frecuencia están ocultas en sus corazones. El verdadero diálogo va más allá de las ideologías y las personas se encuentran unas con otras en la realidad de su humano vivir. El diálogo rompe los prejuicios y las barreras artificiales. El diálogo lleva a los seres humanos a un contacto mutuo como miembros de la familia humana con todas las riquezas de su diversidad cultural e histórica. La conversión del corazón impulsa a las personas a promover la fraternidad universal. El diálogo ayuda a conseguir este objetivo" 2 .
3. SANAR LAS RAÍCES SOCIOECONÓMICAS DE LOS CONFLICTOS
85. En la historia de nuestros conflictos internos las situaciones de injusticia social y económica han tenido una importancia innegable. La pobreza y la falta de oportunidades sociales, culturales o económicas, injustamente sufridas, empujan al odio y a la venganza, impiden la comunicación y la solidaridad a la vez que predisponen a quien las padece a aceptar la validez de ideologías o consignas violentas y demagógicas.
86. Subsisten lamentablemente entre nosotros bolsas de pobreza y de incultura de origen étnico, cultural o geográfico que exigen enérgicas medidas sociales y políticas inspiradas en la solidaridad y el respeto efectivo de los derechos de las personas y de los grupos humanos que viven de hecho o de derecho en la marginación. Quienes tienen mas han de saber renunciar a algo en favor de los que tienen menos. Una adecuada política fiscal, unida a una justa y austera utilización del dinero público, y un movimiento de inversiones privadas y públicas de inspiración social son instrumentos privilegiados para conseguir estos objetivos. Los católicos estamos obligados a impulsar y fa-vorecer positivamente aquellas medidas que respondan a esta inspiración de solidaridad y justicia social.
87. En estos momentos la lucha contra el paro debe concentrar los esfuerzos de las instituciones políticas y sociales. Para nadie es lícito rehuir este esfuerzo ni rechazar los riesgos o sacrificios que esta empresa lleva consigo. Sería un error considerar el paro como una fatalidad contra la cual no hay otra solución que la resignación pasiva o la actitud insolidaria del sálvese quien pueda. El trabajo es un derecho y una necesidad del hombre para el despliegue de su personalidad y su inserción en la sociedad con libertad y dignidad. No es aceptable una sociedad en la que el trabajo sea patrimonio de unos pocos y amplios sectores de la sociedad tengan que resignarse a vivir sin alicientes ni dignidad a expensas de los demás aunque sea por procedimientos socializados. La revolución tecnológica obliga a redistribuir el bien del trabajo de formas nuevas caminando poco a poco hacia nuevos modelos de ordenamiento social que hagan posible compaginar los adelantos técnicos con el respeto integral y universal de los derechos humanos 3 .
4. UN ORDEN POLÍTICO JUSTO Y SOLIDARIO
88. España es una comunidad de pueblos con diferencias de origen histórico, cultural y étnico. Esta pluralidad representa una riqueza real de nuestra sociedad, pero exige también un es-fuerzo expreso para lograr la armonización de los legítimos de-rechos de todos en un proyecto común de convivencia. Es necesario estimular el conocimiento y el respeto entre todos, fomentar la solidaridad hasta superar y si fuera necesario, reparar los agravios y las injusticias del pasado.
El Magisterio eclesial contemporáneo ofrece a este propósito algunas consideraciones de orden ético y moral de singular importancia. No será inútil recordarlas ofreciéndolas a la consideración de las personas interesadas y responsables en estos problemas.
89. Existen posturas extremas y antagónicas que llevadas al extremo harían insoluble este problema. Por un lado hay quienes acentúan de tal modo la unidad y homogeneidad del ordenamiento político que no dan lugar a las garantías necesarias para que cada pueblo pueda asegurar su propia identidad en el otro extremo hay también quienes propugnan de tal modo la defensa y el desarrollo de las propias notas específicas y diferenciadas que llegan a desconocer o desvalorizar los vínculos sociales y culturales que se han ido fraguando a lo largo de la historia.
90. El verdadero Estado de derecho debe armonizar el obligado respeto y garantía de la identidad histórica y cultural de los pueblos integrantes con el respeto a los vínculos de comunicación e interdependencia constituidos conjuntamente a lo largo de una convivencia plurisecular. Las actividades o ideologías que absolutizan las ventajas o inconvenientes de una opción determinada sin una visión realista, global y serena de la situación, son fuentes de fanatismo que hacen imposible la convivencia estable, justa y pacífica. Hay que buscar "formas políticas bien articuladas, equilibradas, que sepan respetar los particularismos culturales, étnicos, religiosos y, en general, los derechos de las minorías” 4 .
91. Las diferencias y peculiaridades de orden cultural y lingüístico, no nos deben hacer olvidar las graves diferencias de orden económico y social que se den también entre las diferentes regiones y nacionalidades de España. El proyecto político de nuestra convivencia y las decisiones políticas concretas deben ir corrigiendo las raíces estructurales, culturales y humanas de semejante situación. Los hombres tienen derecho a contar con los medios ordinarios de su promoción y de su vida sin verse obligados a abandonar su propia familia y su propia tierra. Poder emigrar para mejorar, es un derecho; tener que emigrar para vivir, es una injusticia. La emigración, aun dentro de los límites territoriales del mismo estado, es causa de profundos desarraigos históricos y culturales. El derecho del emigrante a su propia identidad ha de ir unido con el respeto debido a la cultura y a las instituciones de los pueblos a los que se emigra. La afirmación de los propios derechos debe conjugarse con las sensibilidad para percibir los derechos de los demás. Únicamente el diálogo, el respeto, la comprensión y la flexibilidad permitirán resolver adecuadamente estos delicados y complejos problemas que se presentan de hecho en nuestra convivencia.
92. Es claro que únicamente en virtud de los principios morales no se pueden configurar ni imponer fórmulas o proyectos políticos concretos. Tampoco llega más allá la competencia de una institución religiosa y moral como es la Iglesia. No obstante, la inspiración cristiana de la vida y las enseñanzas morales de la Iglesia en el campo de la convivencia social y política, permiten presentar unas cuantas sugerencias más que consideramos de utilidad.
93. Desde el punto de vista moral, mirando incluso el buen resultado social y político, es necesario anteponer a cualquier otro interés el objetivo de la paz y del bien común; cada grupo debe pensar no solo en su propio interés sino también en el bien y en las razones de los demás; ningún sistema, ninguna ideología debe absolutizarse por encima del respeto efectivo a las personas y a los grupos; el diálogo leal y constructivo tiene que imponerse siempre sobre las descalificaciones y los enfrentamientos; los pactos y las normas legítimamente elaboradas y promulgadas tienen un verdadero valor moral y deben ser respetados por todos y utilizados como instrumentos de colaboración y con-vivencia.
94. Tanto la doctrina social de la Iglesia como el buen sentido y el amor a la paz podrían ayudarnos en la búsqueda conjunta y en la reconciliación entre aquellos que luchan por preservarla unidad y la soberanía del Estado con los que luchan por la identidad cultural y hasta la soberanía política de algunos pueblos que integran el Estado. La articulación política de ambos objetivos de la manera más justa y razonable para el bien común es tarea específica de las instituciones políticas y de los propios pueblos afectados. Semejante esfuerzo de clarificación constituiría una contribución indispensable para la consolidación de la paz.
5. SUPERAR LA LACRA MORAL Y SOCIAL DEL TERRORISMO
95. Con demasiada frecuencia los golpes del terrorismo quebrantan el orden de la justicia y de la paz con asesinatos, secuestros y extorsiones. Con su lógica de muerte, el terrorismo manifiesta hasta dónde se puede llegar cuando la inspiración ética queda relegada o sometida por ideologías radicalizadas y absolutizadas. No conviene olvidar que el terrorismo brota o prospera a veces como resultado de injusticias pasadas o por posibles abusos de la autoridad en las obligadas actuaciones en defensa del bien común, de la necesaria seguridad y del legítimo orden público.
96. El terrorismo es intrínsecamente perverso porque dispone arbitrariamente de la vida de las personas, atropella los derechos de la población y tiende a imponer violentamente sus ideas y proyectos mediante el amedrentamiento, el sometimiento del adversario y en definitiva la privación de la libertad social. Las víctimas del terrorismo no son únicamente quienes sufren físicamente en si mismos o en sus familiares los golpes de la extorsión y de la violencia; la sociedad entera es agredida en su libertad, su derecho a la seguridad y a la paz. La colaboración con las instituciones o personas que propugnan el terrorismo y la participación en las mismas acciones terroristas, no pueden escapar al juicio moral y reprobatorio de que son merecedores sus principales agentes o promotores.
97. Tampoco tienen legitimación alguna los grupos que por su iniciativa pretenden responder a la violencia con la violencia. “La justa represión de la violencia armada corresponde únicamente a los poderes públicos legítimos” 5 . Debemos recordar a todos que “la violencia no es modo de construcción: ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica” 6
98. La sociedad, y el Estado en su nombre, tienen el derecho y el deber de defenderse de la violencia del terrorismo. Nos parecen dignos de consideración y de agradecimiento quienes tienen a su cargo la defensa de la sociedad siendo ellos mismos los primeros amenazados por la violencia terrorista.
La lucha contra el terrorismo, legítima y justa en si misma, debe evitar cualquier abuso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario y el ejercicio del derecho a la legitima defensa. En todo caso ha de quedar absolutamente excluida la práctica de la tortura o de tratos vejatorios. Abogamos por una legislación antiterrorista que ofrezca garantías suficientes para el respeto a la dignidad y los derechos de los detenidos. La represión institucional y legal de la violencia no puede aceptar ni promover una espiral de violencia que destruiría a la sociedad en sus mismos cimientos. En todo caso ha de quedar absolutamente excluida la práctica de la tortura o de tratos vejatorios. En este sentido abogamos por una legislación antiterrorista que ofrezca garantías suficientes para el respeto a la dignidad y los derechos de los detenidos.
CAPÍTULO 3º
52 JUAN XXIII, Paz en la tierra, 127.
53 Cf. Constitución pastoral, 80.
54 Cf. Ibídem 82.
55 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje a la II Asamblea Extraordinaria de la ONU (7-6-1982), 5.
56 Constitución pastoral, 79.
57 PABLO VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz de 1976.
58 JUAN PABLO II, Mensaje a la II Asamblea Extraordinaria de la ONU (7-6-1982), 2.
59 JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 3.
CAPÍTULO 4º
1 Cf. JUAN PABLO II, Discurso en al Aeropuerto de Barajas, 31-X-1982, 5.
2 JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 4.
3 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Exhortación colectiva sobre el paro. XXV Asam- blea Plena-ria del 27 de noviembre de 1971. Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral Social: Crisis econó-mica y responsabilidad moral (26-IX-1984).
4 JUAN PABLO II, Discurso al cuerpo diplomático, 14-I-1984, 3.
5 Documento colectivo de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria: Erradicar la violencia debilitando sus causas, 13-VII-1985.
6 JUAN PABLO II, Homilía en Loyola, 6-XI-1982, 6.