El presidente del Bundesbank analiza la crisis del
Estado de bienestar
Erosión en los fundamentos económicos, afirma Hans Tietmeyer del Bundesbank
ROMA, sábado, 15 mayo 2004 (ZENIT.org).-
La manera en que el futuro afectará a las pensiones y a la sanidad ha sido el
tema de una intervención de Hans Tietmeyer, presidente del Bundesbank alemán, en
la reciente sesión plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
Presentamos un pasaje central de su comunicación.
Solidaridad Intergeneracional y Crisis del Estado de
Bienestar: Las Pensiones y la Sanidad
Por Hans Tietmeyer
El tema de la solidaridad intergeneracional abarca muchas áreas y aspectos. Este
documento hará referencia a las siguientes cuestiones:
--¿Qué previsiones del estado de bienestar, que tenían como objetivo la
solidaridad intergeneracional, han contribuido a la actual crisis a la que ha
llegado el estado de bienestar en muchos países?
--¿Qué conclusiones deben sacarse de esto con respecto a las reformas
requeridas, especialmente en las áreas de las pensiones de jubilación y la
sanidad?
A este respecto, debe recordarse que las previsiones del estado de bienestar
suelen diferir de país a país, y que las reformas requeridas deben por tanto
tener acercamientos y objetivos diversos. Esto se debe no sólo a las diversas
condiciones económicas, sino también a las variadas tradiciones y metas sociales
planteadas en el tiempo.
Para algunos, no hay duda alguna del hecho de que el marco jurídico del estado
de bienestar está en crisis en muchos países. Esto es cierto especialmente para
los sistemas de seguridad social y transferencias sociales, que se supone
contribuyen a la vez a la solidaridad intergeneracional. Es verdad, la magnitud
de la crisis difiere según la estructura del sistema en funcionamiento.
Primero y lo más importante, sin embargo, es que son las naciones
industrializadas las que se ven afectadas. Por lo tanto, esta comunicación hace
referencia principalmente a los problemas que hay que identificar y resolver en
estos países. Se centrará principalmente en Europa, con referencias ocasionales
también a los problemas planteados en Alemania.
Los signos de crisis y sus principales causas
Prácticamente en todas las naciones industrializadas avanzadas, las bases
financieras del estado socialmente orientado o de bienestar se han demostrado
falsas. ¿Cuáles son las principales razones de esto?
No hay ningún país industrializado en el que la situación de los presupuestos
del sector público pueda describirse como sostenible a largo plazo.
En muchos países, los déficit presupuestarios publicados y los niveles de deuda
pública se acercan, o incluso exceden, los límites juzgados como aceptables
fiscalmente, a causa del aumento asociado a la carga de intereses. Esto es
cierto principalmente para los déficit ajustados cíclicamente, si bien los
detalles de cualquier ajuste son siempre altamente polémicos.
Pero la completa escala de endeudamiento público no se hará patente hasta que
deje de incluirse únicamente el mantenimiento de la deuda explícita y se
incluyan en el análisis también las promesas de beneficios futuras (hechas
primariamente en conexión con esquemas de pensión organizados estatalmente) como
responsabilidades implícitas del estado. A este propósito, el recurso puede ser
tener, por ejemplo, métodos de contabilidad intergeneracional.
De esta manera, también es posible computar la deuda implícita, que, bajo las
condiciones de financiación actuales, resulta del envejecimiento de la
población. Incluso en aquellos casos en los que el gasto actual, principalmente
en beneficio de las personas más ancianas, está siendo cubierto en el presente
por los impuestos y contribuciones (que son pagados principalmente por las
generaciones en edad laboral), los cambios demográficos previstos llevarán de
modo general a fuertes colapsos financieros crónicos.
La magnitud de la deuda implícita dependerá de la suma total de este déficit
financiero. Para evitar una sobrecarga de la deuda que implique el riego de un
completo colapso, cuanto antes habrá que o intensificar los ingresos o recortar
el gasto.
Si los efectos nocivos sobre los incentivos normalmente asociados con aumentos
de impuestos no se ampliarán más, queda entonces, como medida de prioridad a
corto plazo, una reducción de parte de los gastos del presupuesto agregado del
sector público – que está dominado hoy en día en muchos países por los así
llamados pagos de transferencias sociales.
Estos desarrollos incómodos suelen complicarse por la estructura misma del
estado de bienestar. Por ejemplo, hoy en día en muchos países las regulaciones
de seguridad social en práctica dan lugar a que se dañen seriamente los
incentivos económicos, lo que da como resultado tanto una ineficiente
adjudicación de los recursos económicos como un fracaso en el logro de los
objetivos de redistribución originalmente fijados.
En las principales sociedades, es con frecuencia inevitable un sistema
“anónimo”, sujeto en potencia a un uso erróneo sustancial. Con mucha frecuencia
– como demuestra la experiencia- un estado de bienestar diseñado según unas
líneas generosas se complica no sólo por “un aumento de errores de asignación”
sino también casi invariablemente por algunos efectos no queridos de la
distribución. Y la probabilidad de desarrollos indeseables aumenta, cuanto más
se convierte el estado socialmente orientado en un estado de bienestar completo.
Por otro lado, el fenómeno casi universal hoy de la expansión de la economía
sumergida debe interpretarse como un abuso del estado de bienestar,
especialmente si implica simplemente un recorte de financiación de la seguridad
social, mientras se siguen exigiendo sus ventajas. Esto implica, por ejemplo,
beneficios del estado de bienestar sin relación con las contribuciones, o los
servicios sanitarios.
La situación es diferente, sin embargo, bajo sistemas de pensión relacionados
estrictamente con las contribuciones. En ellos, a menos que se paguen las
correspondientes contribuciones, no hay un aumento en la expectativa de
pensiones. El amplio y fuerte crecimiento aparente de la economía sumergida hoy
en día ya no debe considerarse como una especie de fuga de los impuestos
gubernamentales, cuya intensidad de redistribución ha excedido en apariencia los
límites fijados implícitamente al prevalecer la noción de justicia.
Lógicamente, esto ha tenido un efecto nocivo en la buena voluntad de la gente de
contribuir a la financiación de las cargas motivadas por la solidaridad. Este
comportamiento racional por parte de las unidades económicas individuales,
acompañado del aumento de actividad de la economía sumergida, actúa así como un
freno natural a una redistribución estatal de más envergadura – un mecanismo
natural de protección contra el leviatán controlador.
Estos problemas – inherentes a los estados de bienestar desarrollados – se
exacerbarán de forma significativa en el futuro próximo por (...) los cambios
demográficos. Ya son evidentes algunos efectos limitados.
Por ejemplo, la esperanza de vida de muchas personas ha aumentado (felizmente)
como resultado del descenso de la mortalidad infantil, la mejora de los sistemas
de higiene, unos cuidados sanitarios más extensivos, mayor énfasis en el
tratamiento profiláctico y similares.
Aunque el aumento de la esperanza de vida es bienvenido, y si bien refleja
generalmente un aumento de prosperidad del que muchos toman parte, sus
implicaciones también deben apreciarse claramente.
En primer lugar, esto implica que (si se mantiene el tradicional sistema de
pensiones) una parte cada vez mayor de la vida trascurrirá fuera de la fuerza
laboral. Los periodos en los que los pensionistas dependerán de los ingresos de
la fuerza laboral serán en correspondencia más largos.
Una segunda consecuencia es la siguiente: la población de media está haciéndose
cada vez más vieja (puesto que la tasa de natalidad también ha descendido). Esto
tiene como resultado que lo que es conocido como el cociente de edad –definido
como el número de personas de 65 años o más en relación con el número de
personas en edad laboral (esto es, entre 15 y 64 años)- ha subido de forma
perceptible.
En Alemania – que a este respecto se puede considerar como ejemplo típico-, se
espera un crecimiento del 26% actual, hasta cerca del 44% en el 2030, y cerca
del 50% en el 2050.
En este contexto se debe recordar que todas estas proyecciones demográficas no
son convencionales pronósticos económicos, con todas sus incertidumbres, que
puede que den resultados mejores de los actualmente esperados. La mayoría de la
gente incluida en estos cálculos ya ha nacido. De ahí que las proyecciones
demográficas son en gran parte seguras e ineludibles.
En varias áreas de la seguridad social, especialmente en lo relativo a las
pensiones de jubilación y a la sanidad, los actuales cuellos de botella
financieros hasta ahora apenas han reflejado estos cambios demográficos. Los
factores dominantes en estos cuellos de botella han estado sobre todo, por la
parte de los gastos, en unas regulaciones excesivamente generosas y, por el lado
de los ingresos, en un menor crecimiento económico y en trastornos estructurales
en el mercado laboral, que se han vuelto especialmente obvios en los periodos de
actividad empresarial débil.
Sin embargo, estos problemas actuales se incrementarán en gran medida como
resultado de los cambios demográficos, muchos de los cuales todavía están por
llegar. Al menos en algunos países europeos, esta creciente acumulación de
problemas ha consolidado entretanto la convicción de que son imperativas
reformas masivas, tanto en las regulaciones del mercado laboral como en los
sistemas de seguridad social. Esto tiene una importancia más acuciante si se va
a hacer frente en el futuro a las cargas debidas al cambio demográfico. Hasta
ahora, sin embargo, la intensidad de ajustes en el estado de bienestar ha
variado de forma considerable.
En el apartado concreto del seguro médico de regulación estatal y en la
asistencia médica organizada estatalmente, los problemas que se plantean son
particularmente complejos.
El mercado de la asistencia médica se caracteriza por un particular grado de
asimetrías informativas que favorecen estos servicios ofrecidos, en el que las
asimetrías permiten una cierta expansión de la demanda. En otras palabras, el
sistema de seguro se expone a especiales problemas morales, como resultado de un
aumento ineficiente en los servicios.
Al fin y al cabo, es casi imposible distinguir en la práctica entre un aumento
ineficiente en los servicios, por una parte, y una subida en la oferta, en línea
con las preferencias de los demandantes y su voluntad de pagar, por otra. Pero
los sistemas de asistencia sanitaria de base estatal a menudo tienen dificultad
en proporcionar servicios eficientes y baratos.
Las implicaciones económicas y sociales de la crisis
Las implicaciones de los actuales y aún crecientes problemas planteados al
estado de bienestar son de una importancia social trascendental. En muchos
países no está asomando otra cosa sino una erosión de los fundamentos económicos
del estado de bienestar.
El desafío debido al crecimiento demográfico se ve agravado por el hecho de que
el mercado laboral está en desequilibrio (algunas veces masivo), especialmente
en muchos países europeos. Esto no se debe tanto a la actual tesitura de
debilidad económica. Lo que es más problemático es el hecho de que la tasa de
desempleo ha subido en un largo periodo de ciclo a ciclo – en Alemania, también.
Esto se percibe, por ejemplo, en las estimaciones de la tasa de desempleo
ajustadas a la inflación, que no tiene en cuenta las influencias en el empleo
meramente cíclicas.
También se debe a problemas estructurales del mercado de trabajo el que hayan
aumentado los déficit reguladores, las reacciones de escape y los abusos
potenciales de los sistemas de seguridad social. En muchos países, los estímulos
a la jubilación anticipada han aumentado durante muchos años, y todavía hoy son
fuertes por lo general. Parece que quienes están a cargo de la responsabilidad
política todavía esperan aminorar o difuminar los problemas del mercado laboral
reduciendo la fuerza laboral a cargo de los fondos de pensiones.
Sin embargo, esto es una mera estrategia corta de miras, no sólo porque destruye
la potencial producción representada por los miembros más ancianos de la fuerza
laboral, sino también porque deja de lado las repercusiones sobre el mercado de
trabajo de los problemas que tienen que afrontar los sistemas de seguridad
social.
Si los ingresos se ligan al factor de producción “trabajo”, la ya problemática
grieta de los impuestos oficiales, que incrementará más los costes laborales,
aumentando así los problemas de empleo por el lado de los costes, se ampliará
debido a la jubilación anticipada. De esta manera, la sobrecarga del fundamento
de la economía real por un sobredimensionado estado de bienestar se vuelve un
caso clásico de círculo vicioso.
Esta situación debe considerarse que está en contra del tejido competitivo
nacional y, sobre todo, internacional, que ha estado aumentando constantemente
por un largo periodo, y presumiblemente continuará creciendo. Esto es debido en
parte a la bajada de los costes de transporte y comunicación, y en parte a las
políticas de desregulación y apertura de los mercados.
Este último factor ha llevado a algunos observadores a culpar de forma
precipitada lo que se conoce como política de globalización por los problemas
planteados al estado de bienestar. De hecho, la globalización está siendo
acompañada de un aumento de la trasparencia y de la igualdad de las condiciones
de política económica y social en los estados respectivos, y por una competencia
incrementada entre ellos.
En tal ambiente, el estado de bienestar de redistribución nacional encuentra más
difícil el llevar a cabo sus objetivos, en particular porque el capital y, esto
va en aumento, la parte mejor cualificada de factor de producción trabajo puede
ahora cambiar su localización con mucha facilidad. “Votar con los pies” se ha
convertido ahora en un desafío a los sistemas de seguridad social nacionales que
debe ser tomado con seriedad.
Estos sistemas tienen que ser, y continuar siendo, competitivos también con
respecto a la organización de la solidaridad intergeneracional. Si, en conexión
con la globalización, la obligación de ser un miembro de dicha sociedad
desaparece, la presión para justificar la redistribución aumentará. La
consecuencia será la competencia (por el lugar) entre los sistemas de seguridad
social que será beneficiosa.
En cuanto al resto, es un aserto aceptado en economía el que la apertura y libre
comercio aumentan la prosperidad de las naciones. Además, la globalización es
sólo una parte menor de un proceso deliberadamente iniciado por los
legisladores. Más importantes son los avances en la comunicación e información
de tecnología y el proceso de apertura y democratización que ha seguido al
colapso del así llamado telón de acero.
En el esfuerzo por el intercambio internacional de mercancías, los activos
financieros y sobre todo las ideas y la información pueden verse ocultadas sólo
temporalmente, nunca permanentemente. La ingeniosidad humana no puede someterse
eternamente al control del estado.
Los problemas a que hacen frente los sistemas de estado de bienestar, según lo
descrito hasta el momento, son principalmente los que afectan a los países
industrializados. Incluso así, entenderlos resulta instructivo también para las
economías menos desarrolladas, puesto que muchas de ellas están buscando un
estado de bienestar a semejanza de las naciones más desarrolladas, o al menos se
mueven en esa dirección. Es de esperar que aprendan las debidas lecciones de
estos incómodos avances, o del fallo de los países industrializados a la hora de
corregirlos.
Sin embargo, la crisis del estado de bienestar no debe contemplarse de forma
aislada. En último análisis esta crisis tiene, como se ha mencionado,
implicaciones de gran envergadura para toda la sociedad. Por lo tanto debemos
guardarnos de permitir que el péndulo oscile de un extremo al otro
El estado de bienestar fuera de control no puede, y no debe, ser reemplazado por
un estado controlador. Sería desastroso que los ajustes necesarios llevaran a
que la solidaridad dentro de la sociedad se viera minada totalmente, y a que los
sistemas de seguridad social estatales dejaran de funcionar o fueran enteramente
desmantelados.
La seguridad social organizada y gestionada con propiedad, al disminuir los
riesgos elementales de la vida, favorece el camino a un sistema económico y
social, basado en la división del trabajo, que es adaptable y duradero. Lo que
se necesita, por tanto, no es desmantelar el entero estado de bienestar, sino
más bien reajustarlo de manera que vuelva a ser funcionalmente duradero de
nuevo.
Esto exigirá cambiar el estado de bienestar, que se ha expandido fuera de toda
proporción en muchos países, hacia un estatus de estado socialmente orientado y
comprometido con el principio de subsidiariedad así como con el principio de
solidaridad, y a aceptar la responsabilidad individual. Éste debe ser el
objetivo de las aplazadas reformas.
Algunas pautas generales para las reformas
Las reformas de los sistemas de seguridad social son imperativas y urgentes en
muchos países (especialmente en Europa). Aunque hoy en día se está ampliamente
de acuerdo con esta afirmación, al menos entre los expertos, normalmente el
debate se vuelve controvertido una vez que se discuten las medidas definitivas.
Además, los políticos – algo notable en Alemania- suelen dar actualmente la
impresión de que están respondiendo a los acuciantes problemas primariamente con
medidas ad hoc, sin considerar suficientemente las interacciones entre los
diversos elementos de los sistemas, y especialmente con el mercado de trabajo.
De esta forma, a corto plazo, los políticos pueden ganar tiempo, pero a largo
plazo, la confianza en su capacidad de resolver problemas disminuye cada vez
más.
La Comisión para el Cambio Societario y Social de la Conferencia Episcopal
Alemana ha llamado recientemente la atención sobre la urgente necesidad de
reformas a largo plazo en un “texto de impulso” titulado “Repensando Temas
Sociales”, y ha intentado proponer algunas directrices relevantes.
Sobre la base de una orientación, en principio, hacia los seres humanos
individuales, la subsidiariedad y la solidaridad (en el sentido de ayudar a las
personas a ayudarse a sí mismas) son consideradas modelos para las reformas que
se requieren. Sólo sobre la base de la responsabilidad individual, como un
derecho y una obligación, puede invocarse el principio de solidaridad a largo
plazo en una sociedad humana y amante de la libertad. Esto sirve igualmente para
la solidaridad intergeneracional.
En mi opinión, sin embargo, esta solidaridad intergeneracional no es sólo un
tema de relación entre aquellos que ahora son jóvenes y trabajan y aquellos que
son más mayores y están jubilados, sino también de relación entre aquellos que
han tenido y criado hijos y aquellos que no.
Se presenta además, a través de la conservación del medio ambiente natural, la
cuestión de cómo la sociedad como totalidad debe tratar su herencia colectiva, y
qué cantidad de bienes materiales, inmateriales y culturales es capaz y está
dispuesta a dejar a las generaciones que vendrán. Sólo si el análisis del árbol
generacional incluye también estos puntos puede emerger una imagen completa de
las relaciones intergeneracionales.
Pero la cuestión que inmediatamente se presenta es cuáles deben y pueden ser los
temas del así llamado contrato intergeneracional. ¿Qué áreas de la vida deben y
pueden estar sujetas a provisiones que se extiendan más allá de una única
generación? ¿Según qué principios se definen los derechos y deberes? ¿Bajo qué
condiciones pueden reconciliarse de forma duradera la equidad intergeneracional
(distributiva), los niveles de vida material y la eficiencia económica?
Un intento de proponer pautas en esta complejo campo fue hecho por la
Conferencia Episcopal Alemana y el Consejo de la Iglesia Protestante en Alemania
en 1997 en una Declaración Conjunta sobre la Reforma del Sistema de Pensiones de
Jubilación.
En aquel documento, la solidaridad internacional se incluye principalmente bajo
el concepto de sostenibilidad. “La generación actual no debe implicarse en la
actividad económica, el consumo de recursos, el minar la funcionalidad y
eficiencia de la economía, endeudarse y polucionar el medio ambiente a expensas
de sus hijos y nietos. Las generaciones futuras también tienen derecho a vivir
en un medio ambiente intacto, y explotar también sus recursos” (p. 49).
El documento se guarda de hacer recomendaciones concretas para unas reformas
detalladas; pero, junto con un llamamiento a una orientación a largo plazo, se
declara un criterio clave de una política de “igualdad social” que es el
mantenimiento de la libertad para tomar sus propias decisiones de las
generaciones futuras. Es decir: entre las características de la igualdad social
está el hecho de no enjaular el futuro, y preservar un suficiente grado de
libertad.
En términos económicos, el índice de preferencia temporal social (implícito) es
un factor altamente crítico en las decisiones políticas intertemporales
relevantes. Después de todo, el estado también está sujeto a una restricción
presupuestaria intertemporal, que a largo plazo elimina el valor negativo de sus
ganancias netas. Aunque una generación puede ser capaz de evadirse de esta
restricción con mayor o menor éxito, para la totalidad de las generaciones, como
regla, no existe salida.
Una posición ampliamente aceptada hoy es el principio diferencial, presentado
por John Rawls. Para las relaciones intergeneracionales, el principio de ahorro
equitativo se deduce de interpretar equidad como imparcialidad: cada generación
desearía que la generación precedente acumulara capital para beneficiarla. Según
Rawls, el requisito de ahorro para este propósito es equitativo si, incluso bajo
el “velo del desconocimiento” (es decir, sin tener información en cuanto a qué
generación se pertenece), se está de acuerdo con el principio de ahorrar.
Esta postura más bien filosófica puede, sin embargo, ser provechosa en el debate
político concreto si, por ejemplo, la generación más anciana tiene que dejar de
cuestionarse si debería aceptar la carga de impuestos y otras recaudaciones
oficiales que está siendo impuesta a la generación más joven de hoy y mañana a
causa de las provisiones dictadas por el estado de bienestar.
Dados los desafíos que he especificado, tendrá que encontrarse un nuevo
equilibrio entre las generaciones. En conexión con esto, se presenta la cuestión
ya mencionada de qué principios es necesario adoptar.
En primer lugar, debe volverse a valorar la distribución de papeles entre el
mercado y el estado. Hasta ahora, el estado de bienestar ha incluido siempre
también un elemento paternalista. “El pobre” debe ser educado un poco, y
“forzado” para su propio beneficio. Estas medidas hoy ya no son oportunas.
Actualmente, en contraste, el único modelo que puede existir es el del ciudadano
responsable, que tiene derecho a asistencia bajo determinadas circunstancias
pero que puede y debe sobrellevar un grado mucho mayor que antes de
responsabilidad personal.
Cuando comenzó a existir el estado socialmente orientado, el desempleo o la
enfermedad, por ejemplo, eran temas literalmente de vida o muerte. Decir que
este ya no es el caso hoy en las naciones industrializadas desarrolladas no es
menospreciar los problemas.
Hoy, incluso los hogares que más reciben beneficios del bienestar son
propietarios de bienes que sólo hace 30 años eran símbolos de riqueza (como
coches, aparatos de televisión, teléfonos y frigoríficos). Además, se han
desarrollado de manera increíble los mercados de capital y seguros, de manera
que la antigua hipótesis de la caída de los mercados distributivos parece cada
vez menos persuasiva.
Bajo este cambio de condiciones, se debe encontrar una nueva política que mezcle
el postulado de la solidaridad con el principio de equivalencia. Si una sana
eficiencia del mercado reside en ejercer también su influencia en los campos de
las pensiones de jubilación o en la sanidad, se deberá dar más importancia al
equilibrio entre servicio y quid por quo.
Por ello, los instrumentos con los que debe reformarse el estado de bienestar
deben calibrarse no sólo por los criterios de compatibilidad con incentivos y de
conformidad con las condiciones de mercado.
Algunas conclusiones para la reforma de las pensiones de jubilación
Para los sistemas de pensiones de jubilación, de lo que se ha dicho más arriba
se sigue que ya no deben ser tabú ni la cobertura de seguro ni el alcance de los
beneficios. Los pensionistas de mañana no deberán ser lo viejos empobrecidos por
el pasado. Sin pensar apenas en la riqueza que esa generación probablemente
heredará y legará algún día.
En general, dichas personas pueden por tanto esperar razonablemente el aceptar
un nivel menor de pensiones colectivamente aseguradas, porque también serán
capaces en muchos casos de compensarlo por medio de una provisión propia.
Con respecto al método de financiación y a la financiación mixta, implica que el
elemento de cobertura de capital individual está limitado al aumento
significativo en la provisión para la ancianidad. No es una cuestión de un
cambio completo de un sistema totalmente financiado. Por el contrario, el
inevitable y previsible ajuste de beneficios según los sistemas
recibe-según-paga aumentará automáticamente la importancia de la cobertura
individual de capital. Esto no sólo tiene sentido desde el punto de vista de
diversificar el riesgo sino también implica una redistribución intergeneracional
en detrimento de la generación más anciana y a favor la generación más joven.
En los sistemas de recibe-según-paga de provisión para la tercera edad se están
superando cada vez más los límites de su financiabilidad, y esto pronto llegará
a ser aún más obvio. El actual debate en Alemania está fuertemente marcado por
los problemas cíclicos y estructurales que afectan al mercado laboral, que han
llevado a una erosión de la base financiera de los seguros de pensiones.
Actualmente, estamos experimentando un “intervalo demográfico”, porque los años
de alto índice de natalidad de después de la guerra todavía están en la fuerza
de trabajo, mientras que los grupos en edad de pensión son relativamente débiles
por pertenecer a la Segunda Guerra Mundial. Pero se esperan cambios dramáticos
después del año 2010, cuando los “baby boomers” de la posguerra se jubilen.
Incluso así, las actuales dificultades financieras han servido para poner de
relieve la conciencia de los problemas planteados por los cambios demográficos.
Pero estos cambios no se confinan a Alemania. En muchos otros países, como
Suecia o Italia, se están dando ya pasos similares o ya se ha abierto el debate.
La financiabilidad de los sistemas recibe-según-paga está siendo afrontada en
todas partes en sus límites naturales, que ya no pueden ser dejados para más
tarde, enmascarados o desviados, como en una planta clasificadora.
Aunque es difícil la puesta en práctica política, parece que en muchos países
crece la voluntad de recortar el nivel de beneficios costeado por los sistemas
de pensiones del estado, y al mismo tiempo se da más espacio para la provisión
de financiación totalmente individual.
Tales reformas se llevan a cabo en la dirección correcta, incluso si se sigue
considerando en muchos casos lo adecuado de su escala. Sin embargo, la
responsabilidad de los legisladores, en crear condiciones subyacentes estables
para un sistema financiero internacional que funcione bien, está creciendo por
la importante relevancia de los mercados de capital.
Algunas conclusiones para la reforma de los sistemas sanitarios
En cuanto a la sanidad, los mercados no funcionan con eficiencia al fijar los
precios. En muchos casos la distribución de información es asimétrica,
permitiendo a los suministradores controlar por sí mismos la demanda hasta un
cierto grado. Esto se debe en parte a una inadecuada transparencia y al
anonimato del sistema sanitario. Pero cualquier participación mayor del
paciente, y así la creación de una soberanía mayor del consumidor, presupone un
nivel mayor de implicación de la persona asegurada.
Entre los proveedores de servicios, se deben considerar en muchos países las
barreras a la competencia de diversos tipos. En este contexto, adquiere un
innegable valor político cortar el nudo gordiano. Esto ocurre en parte porque no
es sólo un tema de redistribución intergeneracional en el campo de la
legislación de la aseguración sanitaria; otras redistribuciones de naturaleza
interpersonal (e. g. Con respecto al sexo, el status marital y el comportamiento
adquisitivo) juegan también su papel.
Sin embargo, el aspecto intergeneracional aumentará también su importancia en
este asunto, porque – al contrario que en el caso del seguro de pensiones- la
demografía no sólo se sentirá por el número de receptores de los beneficios sino
también por el nivel medio de gasto que haya que pagar.
La aceleración del envejecimiento también someterá indudablemente a la
asistencia sanitaria a ulteriores presiones de ajuste. Pero las perspectivas de
esto son mucho más difíciles de interpretar que en el caso de las pensiones de
vejez.
Cierto, los perfiles de gasto según la edad de las compañías de seguro médico
muestran que el gasto en salud es más alto cuanto más anciano es el asegurado.
Sin embargo es discutible la conclusión de que esto se aplique de igual forma a
una sociedad envejecida. Algunos estudios sugieren que el gasto en salud depende
más de la cercanía a la muerte que de la edad absoluta del asegurado.
La subida más pronunciada en el gasto tiene lugar cuando se hacen los esfuerzos
finales, en última instancia vanos, por prolongar la vida. No parece que sea el
caso, al aumentar la esperanza de vida, que esta fase final de la vida vaya a
ser más larga; a menudo sólo se retrasará.
Muchos analistas económicos de la sanidad han sostenido el punto de vista de que
no es la estructura de edades de una sociedad en sí misma la que determina el
gasto sanitario, sino principalmente los avances en la tecnología médica, que
sólo en raras ocasiones dan como resultado innovaciones que recorten el gasto y
con mucha más frecuencia innovaciones que inflan los costes.
Incluso así, la cuestión que surge es quién financiará, y cómo, el volumen
creciente de servicios profilácticos, médicos y de cura. Debe recordarse en este
contexto que los límites al gasto que defienden los legisladores suelen ser
inapropiados. Después de todo, existe el riesgo, de que no se materialicen los
nuevos bienes y servicios, y no logren salir a la luz las innovaciones, por las
que los individuos habrían estado dispuestos a pagar.
En el campo de la sanidad, no se ha podido detectar todavía ninguna tendencia
internacional uniforme. En cuanto a las pensiones de vejez, la red de grupos
implicados en la sanidad es mucho más compleja, y las posibles soluciones han
sido y son, en correspondencia, múltiples en mayor grado.
Van desde un sistema nacional de salud, como en el Reino Unido, a un sistema de
seguro médico en gran parte en manos del mercado, como en Estados Unidos. En
Estados Unidos, el gasto en sanidad suma cerca del 14% del producto interior
bruto, mientras que el porcentaje en el Reino Unido sólo es la mitad.
¿Cómo debe juzgarse esto? Un vistazo a la esperanza de vida en los dos países no
muestra ventaja para Estados Unidos – más bien al contrario. No es necesario
decir que tal comparación no es suficiente para un veredicto final. Por el
contrario, el ser humano, que es difícil de mesurar, no es aquí lo menos
importante.
Un dato visible del debate sobre la solidaridad intergeneracional es el hecho de
que la cuestión de la contribución financiera apropiada de los ciudadanos más
ancianos a sus cuidados sanitarios está subiendo con frecuencia cada vez más. En
una población que disminuye, no sólo aumenta el porcentaje de personas mayores,
sino también el porcentaje de muertes.
A pesar de que la hipótesis de que el coste por motivos demográficos está
adquiriendo mayor peso, los gastos en sanidad seguirán subiendo. Al mismo
tiempo, los ancianos como regla pagan sólo una parte relativamente pequeña de su
seguro estatal médico. Esta “financiación de los mayores por los jóvenes” se
está actualmente debatiendo con fuerza en Japón y en muchos otros países, como
también en Alemania.
Normalmente se hacen llamamientos a aumentar la contribución financiera de la
generación más anciana. En conexión con esto, sin embargo, se deben tener en
cuenta las repercusiones de la provisión individual para la vejez sobre los
posibles recortes en los beneficios pagados por el sistema estatal de pensiones.
La urgencia de ajustes a largo plazo
Se requieren urgentemente soluciones a los problemas rápidas, pero sobre todo
duraderas. La presión para este ajuste, que ya es alta, se espera que aumente de
forma considerable en poco tiempo.
Con respecto a la cuestión de la urgencia, se debe también recordar que
cualquier cambio requerido interfiere en los derechos legalmente garantizados –
o al menos prometidos o creídos -, y por lo tanto pueden ser llevados a la
práctica en estados fundados en el imperio de la ley sólo con sustanciales
intervalos o periodos de transición, a causa de la necesaria protección de la
confianza. Después de todo, nadie puede cerrar los ojos ante las restricciones
político-económicas.
Una vez que los pensionistas lleguen a representar el grupo de electores
claramente dominante, disminuirá la probabilidad de que se lleven a la práctica
por medios democráticos las reformas que les exijan sacrificios. El efecto a
largo plazo de retrasar los ajustes, dejando a parte cualquier error en las
reformas, es sustancial, y los costes que la sociedad tendría que soportar en
tal caso serían en correspondencia altos, a causa del “efecto de complicación de
intereses”.
Sólo reformas que convenzan realmente serán capaces de restaurar la confianza en
la política económica y social que se necesita si se quiere volver a tener
perspectivas claras y expectativas estables. En un ambiente así clarificado y
sopesado, puede emerger de formar efectiva, incluso en las “viejas” naciones
industrializadas, el nuevo dinamismo económico que se requiere para hacer frente
a los desafíos futuros, y que es esencial como fundamento económico de un estado
de bienestar moderno.
ZSI04051501